Martes, 18 abril 2017

La política social no es necesariamente política familiar

Un recorrido por la actividad legislativa europea y española sobre la familia nos pone de relieve que persiste una notable dificultad para aproximar los conceptos de “política social” y “política familiar”. En la mayor parte de las ocasiones, la familia es considerada como una suma de necesidades para las que se implementan singulares y desorganizadas intervenciones de política social: el resultado es que la política familiar se diluye en una pluralidad poco coordinada de políticas sociales individuales.

La cultura político-social aún está muy influenciada por dos orientaciones que, aun siendo muy diferentes y distantes, tienen un denominador común: la perspectiva neo-liberal y la perspectiva neo-welfarista. Divergen esencialmente en la entidad de la intervención institucional que, en un caso es “residual”, y en el otro es “total”. Ahora bien, se aproximan en que poseen un equivalente desinterés por la “familia”. Concretamente se la presenta como un concepto de vago significado. No en vano, ambos planteamientos no están en situación de proporcionar una verdadera y propia política familiar que contemple su apoyo y promoción.

Personalmente creo que el camino a tomar es el de pasar a una nueva configuración de las dinámicas societarias. En ella tiene que aparecer como central la intersección entre cuatro grandes actores: el Estado, el mercado, el privado social (o tercer sector) y la familia con sus redes informales. Internamente a esta intersección, la familia debe transformase. Tiene que pasar de ser “satélite” de las políticas indirectas e implícitas a eje en torno al cual gire todo el sistema político-social. No resulta arriesgado decir que la relación familiar aparece como el sujeto más idóneo y disponible para elaborar, ante las necesidades siempre nuevas de sus miembros, respuestas dotadas de flexibilidad y capacidad de adaptación y renovación en el tiempo. De esta forma se reconocería la plena ciudadanía de la familia, como subjetividad autónoma, capaz de situarse por encima de la suma entre los derechos y los deberes de sus singulares miembros, que goza en cuanto tal de derechos-deberes propios.

Por tanto, es preciso reconocer la ciudadanía social a la misma idea de la familia: esta última es tal allí donde se reconoce jurídicamente la existencia de un vínculo de pareja y/o de una relación padre/hijo. Sería ineficaz referirse a la vacía definición de familia registrada para formular las políticas sociales, escondiéndose detrás el temor de introducir excesivas discriminaciones. Al contrario, se ha visto que no definir jurídicamente a la familia conlleva penalizar a quien ha asumido las obligaciones de reciprocidad, que no vienen suficientemente tuteladas en el cálculo de los títulos de acceso, de las contribuciones y de las prestaciones de bienestar.

A partir de una idea clara de la relación familiar, las políticas sociales, teniendo como telón de fondo el principio de subsidiariedad, deben proporcionar a la familia los recursos para mantener su propio carácter de flexibilidad y variabilidad en el tiempo, antes que insertar a la relación familiar en un sistema rígido de normas, que lesione su autónoma capacidad para responder a desafíos progresivamente más complejos.

Por tanto, la configuración de las políticas sociales debe sintonizar con el carácter reticular del sujeto al que se dirigen y transformarse en un “sistema de redes”, que combine intervenciones formales, informales, públicas y privadas.

En mi opinión, existen tres tipos de promociones a activar para satisfacer los requisitos de las nuevas políticas sociales:

-Reforzar las solidaridades asociativas autónomas como las asociaciones, las organizaciones de voluntariado, las cooperativas sociales, grupos de self-help.

-Desarrollar mecanismos de acuerdo entre operadores formales e informales, ya que muchos de los problemas de la familia pueden resolverse mejor si operadores públicos y privados se dividen el trabajo.

-Desarrollar intervenciones de redes, que no sólo significa responsabilizar, sino también crear los ligámenes positivos de la familia con el ambiente que le es más próximo.

 La valoración de las autonomías no prescinde de un objetivo de integración unitaria de la ley. Hablar de ley unitaria no significa invocar un nuevo centralismo, ni tampoco un sistema “piramidal”, sino un sistema de redes, en el a cada actor (Comunidad Autónoma, Ayuntamiento, familias, organismos de privado social, etc.) se atribuye una competencia específica que tiene las características de la interactividad y de la relacionalidad con el resto. Sólo el hecho de que se instauren y se realicen tales relaciones constituye de por sí un bien común relacional, caracterizado por una lógica de intervención marcada por la subsidiariedad, la solidaridad y la reciprocidad.

Manuel Herrera