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La ley de Servicios Digitales o DSA está enfocada en regular la actuación de las plataformas digitales, como redes sociales y comercios online, así como los motores de búsqueda en internet.
DSA corresponde a las siglas de Digital Services Act, es decir, como se denomina en inglés a la nueva ley de Servicios Digitales. En un mundo cada vez más interconectado es necesario establecer un marco legal que no solo dé seguridad jurídica a las plataformas digitales y servicios en línea, sino que también garantice el respeto de los derechos de las personas que utilizan estos medios.
Por ello, el 16 de noviembre de 2022, entró en vigor la Ley de Servicios Digitales (Digital Services Act (DSA)) de la Unión Europea. Esta normativa es fundamental porque, además de ser pionera, abre nuevas oportunidades para ofrecer servicios digitales y garantizar la protección de los usuarios de la Unión Europea.
Ley de Servicios Digitales: una normativa para las grandes tecnológicas
La ley de Servicios Digitales busca actualizar el marco jurídico que regula el comercio electrónico en lo referente a contenidos ilegales, la desinformación y la publicidad. También pretende crear un espacio digital más seguro en el que se protejan los derechos fundamentales de los usuarios.
La ley está enfocada en regular la actuación de las plataformas digitales, como redes sociales y comercios online, así como los motores de búsqueda en internet. Con ella se establecen nuevas obligaciones para que las plataformas en línea reduzcan los daños que puedan provocar en el ecosistema digital y fortalece la protección de los derechos digitales de los usuarios. También sitúa a las plataformas digitales en un nuevo marco único de transparencia y responsabilidad.
¿Qué medidas contiene la DSA?
Entre las medidas que contiene esta ley de servicios digitales de la UE destacan mecanismos para combatir la venta de bienes, servicios o la publicación de contenidos ilegales online. En este sentido, los ciudadanos podrán alertar fácilmente de esos contenidos en internet. Asimismo se incluyen nuevas obligaciones en materia de trazabilidad de los usuarios profesionales en los mercados en línea.
La DSA también obliga a que las grandes plataformas se sometan a auditorías independientes de sus sistemas de gestión de riesgos; además, incluye más garantías para la protección de los menores y limitar el uso de datos personales sensibles con fines publicitarios o para los sistemas de recomendación personalizados.
Con esta legislación, la Comisión Europea busca poner coto a la desinformación y la propagación de contenidos ilícitos que se publican en redes a través de los sistemas de recomendación y el abuso de los sistemas publicitarios. Según el informe de la consulta pública sobre la Ley de Servicios Digitales, el 70 % de los encuestados reconoció que pensaba que la desinformación se propaga manipulando procesos algorítmicos en las plataformas online.
¿A quién afecta la nueva ley de servicios digitales de la UE?
Las obligaciones que establece la ley van en función del tamaño, el papel y el impacto que puede generar una plataforma digital en el ecosistema en línea. Teniendo en cuenta lo que dice la Ley de Servicios Digitales, estas entidades serían objeto de la norma:
- Las plataformas en línea y los motores de búsqueda de gran tamaño. Están recogidas en el listado realizado por la Comisión Europea, donde se mencionan plataformas online muy grandes y motores de búsqueda como AliExpress, AppStore, LinkedIn, TikTok o Wikipedia.
- El resto de plataformas que reúnen a vendedores y consumidores, como tiendas online, plataformas de economía colaborativa o plataformas de compraventa de criptomonedas. Recordemos que, en algunos países de la UE como España aún no se ha desarrollado el marco legal para las criptomonedas.
- Servicios de alojamiento, aplicando la regulación a servicios ofertados por empresas como Google, Microsoft o Apple.
- Servicios intermediarios, con obligaciones para entidades que ofrecen infraestructura de red, como proveedores de acceso a internet y registradores de nombres de dominio, incluidos también servicios de alojamiento.
En resumen, la ley de Servicios Digitales constituye un notable paso hacia la creación de entornos seguros en internet. Sin este tipo de legislaciones, la ciudadanía podría ser víctima de diferentes delitos digitales, como la estafa, el fraude o el robo de la identidad digital.
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