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¿Qué es el derecho al desarrollo y cómo se regula?

Este concepto nace en los 60, en pleno proceso de descolonización del continente africano y ante el creciente desequilibrio económico entre el mundo en desarrollo y desarrollado.

Un derecho individual, pero también colectivo.

El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable que defiende que todas las personas y todos los pueblos están facultados para participar, contribuir y disfrutar del desarrollo económico, social, cultural y político con el fin último de realizarse y disponer de los derechos humanos y libertades fundamentales de los que goza de forma inherente.

Esta es la definición con la que la Asamblea General de Naciones Unidas describió este derecho en la Declaración sobre el derecho al desarrollo, aprobado en diciembre de 1986. Este documento es considerado innovador por proclamar por primera vez este derecho humano al desarrollo como algo inalienable y propio de todas las personas y pueblos.

Las claves del derecho al desarrollo

Tal y como se desprende de la Declaración, el derecho al desarrollo es un derecho individual, pero también colectivo. Es decir, se reconoce como beneficiarios del derecho al desarrollo a los países, pueblos, naciones y grupos, quedando así íntimamente ligado al derecho de los pueblos a la libre determinación y a su derecho a ejercer plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales.

La Declaración sobre el derecho al desarrollo no es legalmente vinculante, sin embargo, sus principios básicos beben directamente del derecho internacional vinculante —como la Carta de las Naciones Unidas o los pactos y las convenciones internacionales sobre derechos humanos—, y su texto expone derechos y deberes en ámbitos como:

  • La libre determinación de los pueblos
  • El progreso económico y social
  • La mejora del nivel de vida
  • La inclusión, la igualdad y la no discriminación.

En el preámbulo de la Declaración se reconoce que “el desarrollo es un proceso global económico, social, cultural y político que tiende al mejoramiento constante del bienestar de toda la población y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la distribución justa de los beneficios que de él se derivan”.

Además, se recuerdan y confirman disposiciones clave en la defensa de los derechos humanos y los derechos económicos, civiles, culturales y políticos, exponiendo que este corpus jurídico internacional ya reconoce que el ser humano tiene derecho al progreso y al desarrollo, a la igualdad de oportunidades y a un orden político, social, cultural y económico que le permita vivir en plenitud de derechos y libertades.

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Origen e importancia del derecho al desarrollo

El origen de este concepto se remonta a la década de los 60, en pleno proceso de descolonización del continente africano y ante el fracaso de los objetivos de desarrollo marcados por la ONU en los nuevos estados descolonizados y el creciente desequilibrio económico entre el mundo en desarrollo y desarrollado.

Aunque su consagración como derecho se produjera en 1986 con la Declaración sobre el derecho al desarrollo, los fundamentos de este derecho se encuentran en la propia Carta de las Naciones Unidas que ya establece que para gozar de relaciones pacíficas y amistosas entre naciones es necesario que se den condiciones de estabilidad y bienestar, además de prohibir la discriminación y encomendar a la ONU que promueva las condiciones de progreso, desarrollo económico y social necesarias para que las personas y pueblos vean materializado ese derecho al desarrollo.

Pese a que el contexto en que se promulgó la Declaración sobre el derecho al desarrollo ha cambiado y los avances tecnológicos, sociales y económicos son claros en una gran mayoría de países, la brecha económica y social entre los países desarrollados y en desarrollo se ha acrecentado. El derecho al desarrollo abarca cuestiones sistémicas y estructurales que impiden a las personas, pueblos y naciones avanzar y reducir las situaciones de pobreza, desigualdad y conflictos. La implementación de este derecho es una de las claves para atajar estas problemáticas y para construir un futuro en el que vivir con libertad, igualdad y dignidad.

Esta arista jurídica interpreta el desarrollo desde una perspectiva global: no es un proceso meramente económico, sino que con las personas en el centro, aborda la necesidad de configurar un orden social e internacional en el que los derechos y libertades fundamentales puedan desplegarse plenamente. Desde que se aprobó la Declaración, bajo el prisma del derecho al desarrollo se han impulsado declaraciones y marcos internacionales que han servido de hoja de ruta en temas medioambientales o para impulsar objetivos de desarrollo como son la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible o el Acuerdo de París sobre el cambio climático.

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Profesionales para implementar el derecho al desarrollo

La implementación del derecho al desarrollo requiere de profesionales involucrados y con una visión clara de su importancia a distintos niveles: desde las Administraciones públicas y las agencias nacionales e internacionales especializadas en cooperación y ayuda humanitaria, hasta las ONG, entidades privadas de cooperación internacional e investigadores que contribuyan a definir las problemáticas y sus posibles soluciones.

Los titulados  en áreas como las Ciencias Jurídicas, Sociales, Humanidades, de la Salud, Economía y Empresa o Ingenierías, entre otras carreras, pueden optar por desarrollar su carrera profesional en el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo en posiciones en el sector privado o en el público. Para orientar su perfil en este sentido, una de las opciones más frecuentes es la especialización en gestión y dirección de proyectos de cooperación y ayuda humanitaria. El Máster en Cooperación Internacional al Desarrollo online de UNIR, un título que proporciona los conocimientos, habilidades y capacidades que requieren los perfiles de gestión y dirección de proyectos en este sector.

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