María Contreras Román / Nahikari Sánchez Herrero
La reciente designación de grandes organizaciones criminales latinoamericanas como grupos terroristas refleja un cambio de paradigma que obliga a replantear cómo se analizan y afrontan las nuevas amenazas a la seguridad internacional.
La reciente muerte en Venezuela del líder del Tren de Aragua mediante una operación táctica conjunta del Comando Sur de los EE. UU. y el Estado venezolano, así como la reciente designación formal del Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) de Brasil como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT) por el Departamento de Estado norteamericano, constituyen buenos ejemplos de la metamorfosis en la forma de entender el terrorismo contemporáneo al incorporar a las organizaciones criminales de matriz carcelaria.
Ante este cambio, el estudio contemporáneo de la seguridad trasnacional ya no puede limitarse a los modelos tradicionales que dividían de forma estricta el crimen organizado (motivado por el lucro económico) del terrorismo (motivado por fines político-ideológicos). En la actualidad, y con independencia de la etiqueta que les pongamos, algunos de los desafíos más complejos a la soberanía estatal se originan dentro de los propios sistemas penitenciarios, articulándose a partir de vulnerabilidades estructurales y fracturas socioeconómicas de carácter regional.
Para contextualizar este escenario, es preciso definir la naturaleza, la estructura y la dinámica de las tres organizaciones criminales de matriz carcelaria a las que nos estamos refiriendo.
El Tren de Aragua, originado en la prisión venezolana de Tocorón, se ha caracterizado por un modelo depredador y flexible que ha expandido sus operaciones transnacionales parasitando los flujos de la diáspora migratoria en la región andina y el cono sur.
Por su parte, las facciones brasileñas responden a lógicas de control de mercados a gran escala: el Primer Comando de la Capital (PCC), nacido en São Paulo, opera bajo una estructura altamente institucionalizada, corporativa y descentralizada que monopoliza las principales rutas fluviales y portuarias hacia Europa; mientras que el Comando Vermelho (CV), con base histórica en Río de Janeiro, combina el tráfico de estupefacientes con un control militarizado y territorial de carácter urbano. Ambas organizaciones brasileñas han consolidado redes logísticas globales de la mano de mafias europeas como la ‘Ndrangheta.
Cuando el aparato estatal cede la gestión interna de los centros penitenciarios para mantener una estabilidad precaria, se produce el fenómeno de la gobernanza criminal sustitutiva. Las jefaturas reclusas (como el modelo del “Pranato” en Venezuela o las direcciones colegiadas en Brasil) asumen la administración de la vida cotidiana intramuros, institucionalizando sistemas normativos y economías informales de recaudación de tributos.
La particularidad de este modelo radica en que la prisión opera como un nodo de comando inexpugnable, libre de la presencia policial directa, desde el cual se coordinan operaciones de gran alcance exterior mediante tecnologías de comunicación.
La expansión externa se fundamenta en la instrumentalización de la precariedad social en áreas desatendidas por el Estado. Esto se traduce en modelos predatorios locales —como la explotación de los flujos migratorios por parte del Tren de Aragua mediante la trata de personas y la extorsión— o en especializaciones logísticas macroeconómicas, como el monopolio ejercido por las facciones brasileñas en el suministro mayorista de estupefacientes hacia los mercados europeo y africano.
La secuencia de la metamorfosis
Desde la perspectiva criminológica, este escenario plantea una secuencia evolutiva muy interesante de analizar: el tránsito institucional de un recluso condenado por delincuencia común hacia el crimen organizado, y la posterior mutación de estas redes corporativas hacia dinámicas asimilables al terrorismo transnacional. Podemos analizar esta evolución en dos fases adaptativas principales, donde la institución penitenciaria opera como el vector de aceleración del proceso:
Fase 1: de la reclusión a la integración en el crimen organizado
El proceso se inicia en entornos carcelarios caracterizados por el hacinamiento crónico, la violencia institucional y la pérdida del control efectivo por parte del Estado. Bajo estas condiciones de desamparo, la reclusión no cumple una función resocializadora, sino que activa mecanismos de adaptación forzosa para la supervivencia. El recluso se ve compelido a integrarse en las estructuras informales que gobiernan el penal para acceder a recursos básicos y seguridad.
A través de la socialización diferencial, el individuo internaliza los códigos, la disciplina y las competencias operativas de redes delictivas. De este modo, el paso por el sistema penitenciario formaliza la transición de un delincuente que inicialmente podría entenderse aislado hacia un nodo integrado en una estructura organizacional.
Fase 2: del crimen organizado al terrorismo
En estos casos, el giro hacia dinámicas propias del terrorismo no responde a factores ideológicos convencionales, sino a una necesidad funcional de preservación de mercados y control territorial. Al consolidar su estructura, estas organizaciones de base carcelaria requieren regular áreas geográficas externas (barrios, pasos fronterizos y rutas logísticas).
Para salvaguardar estos corredores económicos frente a facciones rivales o al aparato estatal, el grupo transita del delito organizado común a la aplicación de violencia simétrica y ostensible (atentados tácticos, control de armamento militar, paros forzosos y afectación sistemática de servicios públicos). Al disputar de manera abierta el monopolio de la fuerza y subvertir el orden público, la organización deja de ser un problema exclusivo de seguridad ciudadana para convertirse en una amenaza a la seguridad nacional que legitima la aplicación de legislaciones de excepción y marcos antiterroristas por parte de la comunidad internacional.
Evaluando las respuestas al fenómeno
Tradicionalmente, las políticas públicas frente a las organizaciones criminales carcelarias han priorizado un enfoque reactivo y punitivo centrado en la hiper-encarcelación, asumiendo que la problemática se puede contener incrementando el rigor de las penas, realizando requisas esporádicas o dispersando a los internos. Sin embargo, existen evidencias de que este enfoque agrava la problemática estructural:
- Fortalecimiento del reclutamiento: La masificación de los recintos penitenciarios, sin criterios estrictos de clasificación criminológica ni programas efectivos de reinserción, dota a estas organizaciones de un flujo constante de mano de obra joven en condiciones de alta vulnerabilidad.
- Efecto de dispersión geográfica: La transferencia no planificada de líderes y cuadros intermedios a prisiones de distintas regiones puede actuar involuntariamente como un mecanismo de difusión de la organización, exportando el modelo carcelario y sus metodologías operativas a territorios previamente estables.
Una torre de guardia en la esquina del muro de una prisión en Brasil.
La reciente ofensiva legal y militar liderada por los Estados Unidos contra las facciones de matriz carcelaria formaliza el desplazamiento del fenómeno hacia la doctrina de la seguridad internacional. Su designación como Grupo Terrorista Extranjero (FTO) aporta el marco punitivo transnacional para perseguir judicialmente a cualquiera que provea soporte logístico o táctico a la red, la calificación como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT) opera como un bisturí financiero que permite cercar de manera más ágil los activos de líderes y testaferros, priorizando la neutralización de la liquidez de la organización antes de que continúe ramificándose en los mercados formales.
Quienes defienden este giro estratégico sostienen que la gobernanza criminal armada constituye un desafío directo a la integridad del Estado. Sin embargo, diversos sectores académicos señalan el riesgo de incurrir en un populismo penal transnacional. Se argumenta que abordar fenómenos de origen estrictamente carcelario y socioeconómico bajo una lógica militar puede intensificar la violencia urbana y vulnerar los derechos humanos en las comunidades locales, omitiendo las causas subyacentes (desarticulación social, pobreza institucional y falta de oportunidades) que permiten la reproducción continua de estas redes.
Sin una reforma penitenciaria integral que recupere el control estatal y sin una intervención social en los territorios vulnerables, las organizaciones criminales poseen una alta capacidad de regeneración orgánica. Por tanto, se entiende que la eficacia estratégica debe necesariamente medirse por la interrupción de las cadenas de reclutamiento y la desactivación de la legitimidad informal que el grupo ejerce sobre la población, aunque los efectos de esas estrategias no puedan verse en el corto plazo.
Se necesitan profesionales especializados
El escenario internacional actual demanda profesionales de la seguridad capaces de superar enfoques heurísticos obsoletos. Abordar las amenazas híbridas actuales que representa la criminalidad organizada y el terrorismo exige descifrar con precisión los procesos de radicalización y las motivaciones de los actores, en particular, para comprender mejor las organizaciones criminales que emergen de entornos penitenciarios desarticulados, donde la captación no responde a doctrinas convencionales, sino a lógicas adaptativas de supervivencia.
Asimismo, la gestión estratégica de estas amenazas exige un dominio riguroso del tratamiento jurídico y la legalidad internacional —especialmente ante la complejidad de las designaciones transnacionales como las FTO o SDGT—, coordinado de forma estrecha con los servicios de inteligencia y seguridad interior.
En última instancia, el análisis de estos entornos delictivos mutados busca salvaguardar los valores fundamentales de la democracia liberal y la gobernanza institucional, anteponiendo las estrategias basadas en la evidencia frente a la expansión de la gobernanza criminal sustitutiva, pero también frente a la expansión de respuestas meramente reactivas que ignoran las causas del problema.
En este contexto, el Máster de Estudios Avanzados en Terrorismo: Análisis y Estrategias proporciona el marco académico integral y las herramientas metodológicas necesarias para abordar esta complejidad, capacitando a los futuros líderes del sector para contribuir al desarrollo de estrategias de seguridad fundamentadas en la evidencia y el rigor institucional.
(*) María Contreras Román es directora académica del Máster en Estudios Avanzados en Terrorismo: Análisis y Estrategias. Doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales con 20 años de experiencia en investigación y docencia en criminología. Especialista en análisis empírico de la delincuencia y en evaluación de las respuestas del sistema policial, judicial y penitenciario.
(*) Nahikari Sánchez Herrero es directora del Área de Ciencias de la Seguridad de la Facultad de Derecho de UNIR. Doctora en Criminología, sobresaliente cum laude por la UMH, UM y UGR, y licenciada en Criminología por la UA. Experta en valoración del riesgo de violencia con perspectiva de género, e inteligencia artificial.
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