UNIR Revista
Los menores, como vÃctimas de violencia y abusos, cuentan en España con una legislación propia que tiene por finalidad otorgarles máxima protección. Pero también tienen responsabilidad penal.
La protección jurídica de la infancia y la adolescencia constituye uno de los pilares fundamentales del derecho en España y la ley del menor, en constante evolución, muestra el firme compromiso con la defensa de los derechos de los más pequeños.
Existen estudios específicos que permiten descubrir el poder transformador de la justicia juvenil, como el Máster en Delincuencia Juvenil online de UNIR, que aporta las herramientas esenciales para comprender este tipo de criminalidad y aplicar las estrategias más efectivas de intervención educativa.
¿Qué se entiende por ley del menor en España?
Considerando que son múltiples las leyes y normas dedicadas a la protección de la infancia, más que hablar de ley del menor, sería conveniente referirse a la legislación sobre menores en España. Bajo este paraguas se encuentran todas las normas jurídicas diseñadas para garantizar la protección integral de los niños y adolescentes. Se trata de medidas que abarcan tanto la protección frente a situaciones de riesgo o desamparo, como el tratamiento jurídico de los menores infractores.
Uno de los conceptos clave de la normativa que regula los derechos y deberes de niños y adolescentes es el denominado interés superior del menor, un principio recogido en la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (1989). Entender qué es el interés superior del menor supone reconocer que toda decisión o actuación que afecte a una persona menor de edad debe tener como objetivo primordial su bienestar, su desarrollo integral y su protección frente a cualquier tipo de violencia o exclusión.
La legislación sobre menores es muy amplia, incluyendo desde la propia Constitución Española a toda una serie de leyes que incumben de forma parcial a los intereses de los más pequeños. Estas son algunas de las leyes básicas que conforman este marco legal y que están dedicadas íntegramente a menores:
- Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor
- Ley Orgánica de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia
- Cambio de nombre en el Registro Civil de personas transexuales
- Ley de Adopción internacional
- Reglamento de Adopción internacional
- Protocolo Marco sobre actuaciones en relación con Menores Extranjeros No Acompañados
- Seguridad de los juguetes
- Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia
- Convenio para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual
- Reglamento de la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores
- Registro Central de Delincuentes Sexuales
- Derivación entre centros de acogida para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas
- Condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores
Toda esta legislación reconoce al menor como sujeto de derechos y establece mecanismos específicos de protección en situaciones de vulnerabilidad.
El profesional responsable de velar por el interés del menor, asegurándose de que se cumpla con su derecho a ser escuchado durante cualquier proceso judicial es el abogado del niño que, ante situaciones de desamparo familiar, se ocupa de solicitar las medidas de guarda y acogida que sean pertinentes.
¿Cuáles son las principales aportaciones de la Ley de Protección a la Infancia?
Conocida popularmente como la Ley Rhodes, por haber sido este artista que sufrió abusos en su infancia uno de sus principales baluartes, la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) convirtió a España en el país número uno del mundo en protección a los más pequeños. Se trata de una ley que amplía y refuerza las medidas preventivas de detección e intervención ante cualquier forma de violencia hacia menores.
Estas son algunas de sus principales aportaciones:
- Cuenta con un enfoque preventivo e integral. La ley no sirve solo para actuar cuando ya se ha producido el acto de violencia, sino que pone el foco en la prevención, la sensibilización y la detección precoz en cualquier ámbito en el que los menores puedan desenvolverse: familiar, educativo, sanitario, deportivo, digital o policial.
- Procura que existan entornos seguros y, para ello, promueve la formación obligatoria. Los centros educativos, deportivos y de ocio deben implementar las figuras del coordinador de bienestar y del delegado de protección, que serán responsables de prevenir, detectar y actuar ante situaciones de riesgo.
- Fomenta el principio del buen trato. Refuerza este principio para garantizar el derecho de los niños y adolescentes a ser escuchados y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta. De esa forma, se permite que puedan denunciar situaciones de violencia sin necesidad de estar acompañados por un tutor.
- Impide las prácticas que atentan contra la dignidad de los niños. Atendiendo a las recomendaciones del Defensor del Pueblo, esta ley prohíbe las medidas de contención mecánica a punto fijo, así como la realización de desnudos integrales, exploraciones genitales u otras pruebas médicas especialmente invasivas en el procedimiento de determinación de la edad.
- Se crean registros unificados. La nueva ley establece la creación de registros estatales para la recopilación de datos sobre violencia contra la infancia entre diferentes administraciones.
- Los plazos de prescripción se amplían. Los delitos más graves cometidos contra menores, comenzarán a contar desde que la víctima cumple 35 años, para facilitar su denuncia y persecución.
- Obligatoriedad de prueba preconstituida. Con la finalidad de evitar la revictimización de los menores víctimas de violencia en los procesos judiciales, se establece la obligatoriedad de llevar a cabo la prueba preconstituida cuando el testigo sea menor de 14 años o una persona con discapacidad necesitada de especial protección.
¿Cómo se regula la responsabilidad penal de los menores?
En España, la responsabilidad penal de los menores se encuentra regulada por la Ley Orgánica 5/200 (LORPM), aplicable a jóvenes entre 14 y 17 años que cometan hechos tipificados como delitos.
Se trata de un marco legal que posee un enfoque educativo y no punitivo, diferenciando claramente la justicia de menores de la justicia penal ordinaria. El objetivo es ofrecer una respuesta acorde a la edad y madurez del menor, orientada a su reeducación y reintegración social, sin olvidar la responsabilidad penal del menor.
Estas son las principales características del sistema de justicia juvenil:
- La edad mínima de responsabilidad penal se fija en España en los 14 años. Por debajo de esa edad, los menores no pueden ser juzgados penalmente.
- Las medidas aplicables no son penas de prisión, sino acciones socioeducativas entre las que pueden estar:
- Internamiento en régimen cerrado, abierto o semiabierto.
- Orden de alejamiento o prohibición de acudir a lugares específicos.
- Prestaciones en beneficio de la comunidad.
- Tareas socioeducativas o asistencia a programas formativos.
- Convivencia con otra persona, familia o grupo educativo.
- Los jueces de menores son los competentes para investigar y juzgar estos casos.
- En los procesos en los que hay menores implicados, a menudo, participan jueces y fiscales de menores, equipos psicosociales, educadores y trabajadores sociales. La implicación de todos estos profesionales persigue, no únicamente sancionar, sino ayudar al menor a comprender las consecuencias de sus actos.
En España, la legislación que afecta a los menores refleja un claro compromiso con la protección, y el desarrollo de la infancia y la adolescencia.
Bibliografía
- Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. (2021). Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Boletín Oficial del Estado. Tomado de: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-9239
- Naciones Unidas. (1989). Convención sobre los Derechos del Niño. Tomado de: https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child
- Consejo General del Poder Judicial. (2023). Memoria sobre Justicia Juvenil en España. Tomado de: https://www.poderjudicial.es
- Fundación ANAR. (2023). Estudio sobre violencia hacia la infancia en España. Tomado de: https://www.anar.org/informes-estudios/
