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Las normas que regulan el correcto funcionamiento de un procedimiento judicial son las que integran el derecho procesal, las cuales se irán adaptando según pertenezca al ordenamiento civil, penal, social o contencioso-administrativo.
El derecho procesal está conformado por el conjunto de normas que establecen cómo debe desarrollarse un proceso judicial. Su importancia radica en que, gracias a este compendio normativo, no es posible establecer diferencias entre ciudadanos a la hora de administrar justicia.
Fijada su relevancia en el ámbito jurídico es lógico que represente uno de los bloques formativos más importantes del Grado en Derecho online de UNIR. Al final, que un abogado domine o no los aspectos procesales asociados al caso de su cliente puede ser un factor fundamental a la hora de realizar una defensa eficiente y eficaz de los derechos de su representado, tanto en las fases previas a que se dicte sentencia como en las posteriores, en el supuesto de querer recurrir la decisión judicial.
¿Qué es el derecho procesal?
Una de las mayores garantías judiciales a las que están sujetos todos los actores de un proceso judicial es que, el mismo, se debe desenvolver siguiendo una serie de normas que dan forma al derecho procesal. La razón es evitar que el arbitrio judicial sea el que determine el devenir de una instrucción o la evolución de un juicio.
Así, gracias a la existencia del derecho procesal, todos los ciudadanos españoles se ven sometidos a un sistema judicial que les iguala, por lo que todos ellos pueden apelar el fallo de una sentencia a través del tipo de recurso que corresponda a la fase del procedimiento en el que se encuentren o solicitar una excepción procesal, por citar solo un par de ejemplos.
Ramas del derecho procesal
Al igual que el derecho se divide en ramas de especialización, en atención al ámbito de regulación sobre el que fija su atención, el derecho procesal se subdivide siguiendo los órdenes jurisdiccionales del estado de derecho español. De esta forma encontramos:
- Derecho procesal civil, es el que centra su atención en el conjunto de normas que deben regir los procesos judiciales civiles.
- Derecho procesal penal, que tiene como objetivo acordar el marco regulatorio de los procesos judiciales penales.
- Derecho procesal social, que delimita el espacio normativo que asegura el correcto devenir de un procedimiento judicial social —aquellos que están directamente vinculados al ámbito laboral y de la Seguridad Social.
- Derecho procesal contencioso-administrativo, que fija el conjunto de reglas que deberán guiar el correcto desarrollo de un proceso contencioso-administrativo.
¿Cómo se regula el derecho procesal?
Para cada una de las ramas del derecho procesal el legislador ha elaborado una regulación a la medida de las necesidades, retos y desafíos que conllevan cada uno de los procedimientos que se siguen en los diversos ordenamientos jurídicos. En concreto:
- La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil es el marco normativo del derecho procesal civil. En su exposición de motivos recuerda que la “Justicia civil efectiva significa, por consustancial al concepto de Justicia, plenitud de garantías procesales”. Por ello, su artículo 1 determina que “en los procesos civiles, los tribunales y quienes ante ellos acudan e intervengan deberán actuar con arreglo a lo dispuesto en esta Ley”.
- El Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, compendio normativo que regula el funcionamiento de un proceso penal. A fin de servir como instrumento que garantice la seguridad jurídica recalca, en su artículo 2, que “todas las Autoridades y funcionarios que intervengan en el procedimiento penal cuidarán, dentro de los límites de su respectiva competencia, de consignar y apreciar las circunstancias así adversas como favorables al presunto reo, y estarán obligados, a falta de disposición expresa, a instruir a éste de sus derechos y de los recursos que pueda ejercitar mientras no se hallare asistido de defensor”.
- La Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social es la responsable de fijar las normas aplicables a un procedimiento que se desarrolle dentro del ordenamiento social. Las mismas, tal y como reseña en su exposición de motivos, siempre se han caracterizado “por su agilidad, flexibilidad y capacidad de adaptación, y también por posibilitar una más rápida y eficaz resolución de conflictos, así como por las amplias potestades del juez o tribunal de dirección del proceso y la proximidad e inmediación de aquéllos respecto de las partes y del objeto litigioso”.
- La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa es la que guía el correcto funcionamiento de un proceso contencioso-administrativo. En esta línea dispone, en su artículo 1, que “los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho Administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación”.
En conclusión, el derecho procesal es el conjunto de normas destinadas a ordenar la manera en la que se debe desarrollar un procedimiento judicial en atención al ordenamiento jurídico al que pertenezca el mismo. Es una garantía para los ciudadanos a los que ofrece seguridad jurídica y que permite que la administración de justicia trabaje bajo el principio de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley.
