Fidel Bedia Castillo
Cada vez que la tierra tiembla, la sociedad también. Los terribles terremotos de Venezuela han puesto de relieve la importancia de planificar antes de la catástrofe. Porque la prevención no es una carga burocrática; es una política pública de seguridad clave.
Partimos de una premisa esencial: el análisis de una catástrofe no debe quedar atrapado en la polarización política, pero tampoco puede ignorar que la calidad institucional, el mantenimiento de las infraestructuras y la preparación de los servicios públicos influyen directamente en la mortalidad, en la asistencia a las víctimas y en la recuperación posterior.
Las catástrofes naturales no solo miden la fuerza de la naturaleza, también revelan la fortaleza, o la debilidad, de los sistemas públicos encargados de proteger a la población.
Una actualidad que obliga a mirar más allá del desastre
El reciente doble terremoto registrado en Venezuela ha vuelto a situar en primer plano una cuestión incómoda, pero esencial: los desastres naturales no pueden analizarse únicamente desde la magnitud física del fenómeno. Un terremoto puede ser inevitable; sus consecuencias, en cambio, dependen en gran medida de factores humanos, institucionales y organizativos.
Cuando se producen daños masivos, víctimas, personas atrapadas, hospitales tensionados, comunicaciones interrumpidas o infraestructuras colapsadas, no estamos solo ante una emergencia natural. Estamos también ante una prueba de resistencia del Estado, de sus servicios públicos y de su capacidad real para actuar bajo presión.
Las catástrofes no deberían ser munición política inmediata, pero tampoco pueden tratarse como fatalidades inevitables ante las que nada cabía hacer. Entre la polarización y la resignación existe un espacio mucho más útil: el análisis profesional, sereno y exigente de la prevención, la planificación, la coordinación y la respuesta.
Ese mismo razonamiento sirve para Venezuela, pero también para la DANA de Valencia, para la erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma y para tantos desastres naturales ocurridos en América Latina. En todos ellos aparece una pregunta común: ¿qué parte del daño era inevitable y qué parte pudo haberse reducido mediante una mejor preparación previa?
El riesgo no es solo amenaza
En protección civil, el riesgo no puede entenderse únicamente como la existencia de una amenaza. El riesgo surge de la combinación entre amenaza, exposición y vulnerabilidad. Un terremoto, una inundación o una erupción volcánica son amenazas. Pero los edificios frágiles, la ocupación desordenada del territorio, la falta de mantenimiento, la pobreza, la debilidad de los servicios de emergencia o las comunicaciones deficientes son factores que multiplican el daño.
Por eso, dos territorios sometidos a un fenómeno natural similar pueden sufrir consecuencias muy distintas. La diferencia no siempre está en la intensidad del fenómeno, sino en la vulnerabilidad acumulada durante años. Una ciudad con normas de construcción aplicadas, planes de emergencia implantados, rutas de evacuación conocidas, hospitales preparados y servicios operativos coordinados afronta la catástrofe en mejores condiciones que otra donde esos elementos son débiles o inexistentes.
Esta idea resulta especialmente importante en aquellos países donde muchas de sus ciudades han crecido con fuertes desigualdades urbanas, asentamientos informales, infraestructuras deficitarias y servicios públicos sometidos a una enorme presión. El desastre natural, en esos casos, no crea todas las vulnerabilidades: muchas veces las encuentra ya instaladas.
Lo mismo puede observarse en el caso de las inundaciones, donde no se generan las mismas consecuencias en un territorio bien ordenado que en otro donde se ha construido sobre zonas inundables, se ha impermeabilizado el suelo sin suficiente planificación o no se han actualizado los mecanismos de alerta y autoprotección. La amenaza meteorológica puede ser extraordinaria, pero su impacto depende también de decisiones acumuladas en tiempos de normalidad.
La normalidad previa decide la respuesta extraordinaria
La emergencia no empieza cuando ocurre el desastre. Empieza mucho antes, cuando una sociedad decide si invierte o no en prevención, coordinación y resiliencia.
Esta es, probablemente, la idea central. En situaciones extraordinarias solo funciona bien aquello que ha sido preparado previamente. No se improvisan en mitad de una catástrofe los mapas de riesgo, los protocolos de evacuación, los centros de coordinación, la formación de los intervinientes, la interoperabilidad de las comunicaciones o la confianza entre administraciones.
“La emergencia no empieza cuando ocurre el desastre, sino mucho antes, cuando una sociedad decide si invierte o no en prevención, coordinación y resiliencia. Esta es, probablemente, la idea central: en situaciones extraordinarias solo funciona bien aquello que ha sido preparado previamente”.
La protección civil eficaz descansa sobre una verdad sencilla: la respuesta extraordinaria se decide en la normalidad previa. Si en tiempos ordinarios no hay planificación, medios, formación, simulacros, mantenimiento ni coordinación, en tiempos de crisis la reacción será inevitablemente más lenta, más confusa y menos eficaz.
La improvisación puede tener un componente heroico en los primeros minutos. Muchas vidas se salvan gracias a policías, bomberos, sanitarios, voluntarios y ciudadanos que actúan con valentía cuando todo parece desbordado. Pero la heroicidad no puede sustituir al sistema. Una política pública seria no puede descansar en que alguien improvise bien bajo los escombros, bajo el agua o frente a una colada de lava.
La falta de planificación previa convierte cada decisión en una urgencia. Y cuando todo es urgente, nada está verdaderamente ordenado. Se duplican esfuerzos, faltan recursos donde más se necesitan, se bloquean accesos, se saturan los canales de información y se pierde un tiempo que, en una catástrofe, suele medirse en vidas.
Protección Civil como sistema, no como trámite
La protección civil no debe entenderse como una carpeta administrativa ni como un documento destinado a decorar una estantería. Es un sistema vivo de prevención, preparación, respuesta y recuperación. Su finalidad no es producir papeles, sino proteger personas y bienes mediante una organización anticipada de recursos, responsabilidades y procedimientos.
Este sistema incluye mapas de riesgo, planes territoriales y especiales, sistemas de alerta, protocolos de evacuación, simulacros, centros de coordinación operativa, logística, comunicaciones, asistencia sanitaria, seguridad ciudadana, atención social, recuperación de servicios esenciales y cooperación entre administraciones.
También exige una visión multinivel. En una gran emergencia pueden intervenir administraciones estatales, autonómicas, regionales o locales; fuerzas y cuerpos de seguridad; bomberos; servicios sanitarios; unidades militares de emergencia, cuando proceda; protección civil; servicios sociales; operadores de infraestructuras críticas; empresas privadas; voluntariado y ciudadanía.
La clave no está solo en que todos esos actores existan, sino en que sepan actuar juntos. La coordinación no consiste en reunir a muchas instituciones alrededor de una mesa cuando la emergencia ya ha estallado. La coordinación exige roles claros, canales de comunicación conocidos, mando definido, intercambio de información, ejercicios previos y confianza operativa.
La erupción volcánica de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, ofrece una lección relevante. Aunque los daños materiales fueron enormes y el impacto social fue profundo, la existencia de planificación específica, seguimiento científico, evacuaciones preventivas y coordinación institucional permitió reducir de forma muy significativa el daño personal. No todos los daños pueden evitarse, pero una respuesta organizada puede impedir que una emergencia natural derive en una tragedia humana aún mayor.
La confianza institucional como recurso operativo
En una crisis, la confianza también salva vidas. La población necesita información fiable, instrucciones claras y autoridades capaces de comunicar con rapidez, precisión y credibilidad. Si esa información no llega, o si llega tarde, de forma contradictoria o poco creíble, aparecen el miedo, los rumores, la desinformación y las decisiones peligrosas.
La comunicación pública no es propaganda. Es una herramienta de protección. Decir a la ciudadanía qué ocurre, qué debe hacer, qué zonas debe evitar, dónde puede acudir, cómo localizar familiares o qué servicios están disponibles forma parte de la gestión operativa de la emergencia.
Cuando la confianza institucional es baja, la emergencia se vuelve más difícil de gestionar. Las personas pueden desobedecer instrucciones no por irresponsabilidad, sino porque no creen en quien las emite. En ese contexto, pueden circular bulos, producirse desplazamientos inseguros, saturarse servicios, bloquearse vías de evacuación o generarse situaciones de tensión social.
Aquí aparece una dimensión criminológica y victimológica que no debe olvidarse. La catástrofe genera víctimas directas, pero también víctimas indirectas: familiares, desplazados, personas que pierden su vivienda, su empleo, su comunidad o su proyecto de vida. Y cuando la respuesta institucional es deficiente, la victimización se agrava por la incertidumbre, el abandono, la desinformación o la falta de asistencia.
Naciones Unidas ha advertido de que el balance de víctimas en Venezuela continuará aumentando a medida que avancen las operaciones de búsqueda.
Por eso, la confianza pública no es un elemento decorativo. Es un recurso operativo tan importante como una ambulancia, una carretera abierta o una sala de coordinación. Sin confianza, incluso las mejores instrucciones pueden fracasar.
La prevención es menos visible, pero salva más vidas
La prevención no es una carga burocrática; es una política pública de seguridad. Invertir en protección civil, mapas de riesgo, infraestructuras resilientes, simulacros, formación, sistemas de alerta y coordinación interadministrativa puede parecer menos visible que la respuesta heroica durante una catástrofe. Pero salva más vidas.
La seguridad pública contemporánea no puede limitarse a reaccionar cuando el daño ya se ha producido. Debe anticiparse, reducir vulnerabilidades, preparar recursos, ordenar competencias y fortalecer la capacidad de recuperación. Esa es la verdadera lógica de la resiliencia.
Las catástrofes naturales seguirán ocurriendo. Habrá terremotos, inundaciones, incendios forestales, erupciones volcánicas y fenómenos meteorológicos extremos. Lo que una sociedad puede decidir es si llega a ellos con un sistema preparado o con una estructura debilitada que confía en la improvisación.
El análisis de estos episodios exige prudencia, pero también claridad. No todo daño es evitable. No toda consecuencia puede imputarse a una decisión política concreta. Pero sí puede afirmarse que la calidad institucional, el mantenimiento de infraestructuras, la planificación territorial, la dotación de los servicios públicos y la coordinación entre administraciones influyen directamente en el número de víctimas mortales, en la asistencia a las víctimas y en la recuperación posterior.
La emergencia no empieza cuando ocurre el desastre; empieza mucho antes, cuando una sociedad decide si invierte o no en prevención, coordinación y resiliencia.
Y conviene no olvidarlo: la falta de coordinación y la improvisación no son simples defectos organizativos. En una catástrofe pueden convertirse en factores de victimización.
(*) Fidel Bedia Castillo es coordinador académico del Máster Universitario en Seguridad Pública de UNIR.
Fuentes y bibliografía básica:
- Agencia Estatal de Meteorología. (2024). Informe sobre el episodio meteorológico de precipitaciones extraordinarias del 29 de octubre de 2024. AEMET.
- Boletín Oficial del Estado. (2015). Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.
- Boletín Oficial del Estado. (2019). Orden PCI/488/2019, de 26 de abril, por la que se publica la Estrategia Nacional de Protección Civil, aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional.
- Boletín Oficial del Estado. (2020). Resolución de 16 de diciembre de 2020, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2020, por el que se aprueba el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil.
- Gobierno de España. (2022). Informe sobre las actuaciones y medidas emprendidas tras la erupción volcánica de La Palma.
- Naciones Unidas. (2015). Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030.
- Facultad de Derecho
