La medición de la peligrosidad ha preocupado a psiquiatras, psicólogos y criminólogos desde hace bastante tiempo. También los penalistas y operadores jurídicos han mantenido un elevado interés en los instrumentos para su medición, de cara a individualizar las medidas de seguridad a imponer o, incluso, algunas penas.

No es fácil determinar un concepto como el de “peligrosidad” que ha sido estudiado desde diversas ramas de las ciencias del comportamiento, desde la dogmática jurídico penal y, por supuesto, desde la Criminología. En realidad, al tratarse de un concepto abstracto y complejo deberíamos hablar de diferentes acepciones del término “peligrosidad”, entre las que podemos distinguir la “peligrosidad social”, la “peligrosidad criminal” y la “peligrosidad penitenciaria”.

España tiene más de 130.000 abogados en ejercicio. En pequeños y grandes despachos, gestionan los intereses de los ciudadanos en la defensa de sus derechos ante los tribunales. La atención que sean capaces de ofrecer se convierte en el elemento clave para ser o no elegidos por el cliente. Las multinacionales han irrumpido en escena con una potencia indiscutible. Sin embargo, no han conseguido arrebatar los primeros puestos en facturación a tres firmas que son marca: Garrigues, Cuatrecasas, y Uría Menéndez. En sus manos están los intereses más importantes del país. Son los bufetes que, además, mejor representan la solvencia de la formación en derecho y la necesidad de mantenerla en presente continuo.
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