Viernes, 12 enero 2018

Análisis crítico de las macrocausas penales

Nuestra Ley procesal penal no está preparada para las macrocausas. Estas macrocausas, reiteradamente censuradas por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por resultar “ingobernables” y de aberrante instrucción, suelen finalizar en absoluciones cuando no totales,  sí al menos masivas, absoluciones que, de haber sido un proceso más manejable, los jueces que dirigen la investigación podrían haber estudiado y analizado, con más detenimiento las peticiones de archivo que, indudablemente se solicitan en virtud del derecho de defensa.

Sin embargo, en estas macrocausas la respuesta a dicha revisión de las circunstancias del investigado, siempre a la luz de los indicios o pruebas aportadas por la policía, suele ser siempre la negativa a revisar la situación procesal con el argumento de que, al no haberse terminado la instrucción en ese punto y nuevos hechos y circunstancias pueden aparecer, se pospone o desplaza la decisión del archivo al momento del plenario, vamos, al día (o semanas) del juicio, condenando al banquillo al investigado durante largos periodos de tiempo, exponiéndolo a la luz pública, haya o no indicios, y perjudicando su reputación. Todo ello se podría evitar al aplicar los medios de que se dispone en nuestra ley procesal la cual tiene previsto que, dadas determinadas circunstancias, el juez instructor puede archivar la causa contra un investigado y si, en el futuro se descubren nuevos hechos, volver a llamar al investigado. En estas macrocausas rara vez he visto que se haga.

Si la instrucción de cualquiera de las macrocausas (nuestro despacho se encuentra personado en algunas de ellas) se hubiera sometido a pautas de racionalidad, la Fiscalía hubiera instado en los diferentes juzgados de instrucción, atendiendo a su competencia territorial, la incoación distintos procedimientos vinculados a cada uno de los lugares en los que acaecieron los hechos: Madrid, Arganda, Pozuelo, Majadahonda, Valencia… sin perjuicio de aprovechar en cada uno de ellos las investigaciones conexas que de las que pudieran beneficiarse, mediante deducción de testimonios desde otros juzgados. Sin embargo no se hace así.

Fruto de nuestra experiencia profesional con las macrocausas, me gustaría efectuar algunas reflexiones:

1.- Este sistema de las macrocausas, tan original y reciente en la historia de nuestra praxis procesal penal, acumula una serie de circunstancias que claman al cielo y, en mi opinión conducen a una aplicación bastante deficiente de la protección de los derechos fundamentales de los investigados. Es común, en las macrocausas, que se imputen la comisión de varios delitos a los investigados, muchas veces más por cercanía a la fuente de la comisión del delito que con base en algún indicio sólido o principio de prueba. Basta una confusión en una letra para que una empresa o individuo termine investigado, basta su presencia en algún lugar para que tal mención haga sospechar a la policía y, por ende, se proceda a su investigación en el juzgado. Se achacará a la falta de medios, a la necesidad de una visión de conjunto pero, lo cierto es que, procediendo de esa forma, a mi entender, se conculcan los derechos de los investigados, desde la presunción de inocencia hasta un juicio con las debidas garantías.

2.- Las macrocausas generan frustración en gran parte de la sociedad que esperaba la ratificación de las condenas ya dictadas por los medios de comunicación al iniciarse instrucción con gran estrépito mediático pero, además,  causan a los acusados absueltos graves daños morales y materiales -el coste de su defensa y, en más de un caso, pérdida de empleo o posición profesional adquirida a lo largo de una carrera profesional-.

3.- Pero es que, también en los profesionales del derecho generan frustración y deseos de abandonar (cosa que, si no se hace es por el respeto al principio constitucional de que todo el mundo tiene derecho a la mejor defensa), pues el tiempo y las horas de dedicación que se emplean en estas macrocausas es interminable (hasta el punto que, muchos procuradores nos han indicado que no aceptan defendidos en macrocausas por el coste que supone). Para poder dedicar el tiempo necesario para defender con garantías a un investigado o acusado, la cantidad ingente de documentación que necesita ser analizada, estudiada, valorada, las asistencias al juzgado para las declaraciones de todos los investigados por si es relevante a tu defensa, reuniones con tu defendido, con otros compañeros, escritos que deben presentarse en plazo o decidir si se presenta o no; todo ello supone un esfuerzo que, si no se tiene ayuda perjudica al ejercicio de la profesión del abogado que, necesariamente para dedicar ese tiempo a la macrocasusa deberá rechazar nuevos clientes, nuevos trabajos y, todo ello soportado por los, en muchas ocasiones, breves honorarios que los acusados pueden permitirse. Todo esto antes de que la Audiencia decida que el juicio en sí va a tener una duración de varias semanas, en Madrid por lo que ese tiempo no se puede dedicar a otros trabajos, alejado de tu lugar de trabajo –si no vives en Madrid-. Ingobernable como decía al principio.

4.- Todos hemos oído, y repetido, a menudo, que justicia demorada es justicia denegada, adagio que en el caso de las macrocausas se convierte en una losa difícil de levantar. La larga duración del proceso, en las condiciones en que se plantean las macrocausas, es inevitable, sin embargo es contra este tipo de macrocausas contra lo que se debería luchar, ya fuera dividiéndola como he mencionado anteriormente, ya sea eliminando de la causa a aquellos investigados que o bien por no existir suficientes indicios razonables o por ser demasiado leves las pruebas, se archive a la espera de futuro desarrollo de la investigación. Los profesionales vemos este tipo de resoluciones y actuaciones constantemente en el campo penal, sobre todo en los asuntos que tienen que ver con vehículos, lesiones leves, o responsabilidad civil.

En conclusión, si bien todos estamos a favor de una lucha sin cuartel contra la corrupción y los delitos económicos que tan en boga están apareciendo, no es menos cierto que se deben buscar medidas que protejan los derechos de los investigados dando a los jueces más tiempo para dedicar a los procedimientos y reduciendo las macrocausas a aquellas instancias en las que no es posible dividirla. Quizás, para ello, será necesario una actualización de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permita el archivo provisional con  algo más de facilidad, lo que, a mi entender, liberaría la capacidad investigadora del juez instructor respetando al tiempo los derechos a la presunción de inocencia, que debemos a volver a poner como paradigma a proteger por todos los agentes involucrados en estas causas (en este punto, da la sensación que a veces no es que se olvide, pero se desplaza su valoración a un momento tan tardío que, para entonces, ha perdido su poder  fiscalizador de los órganos del Estado).

Eduardo Olarte Soto.