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'Lawfare': batalla jurídica y corrupción

Tras 20 años de la creación de la Convención de la ONU contra la Corrupción, la lucha continúa con nuevas prácticas y frentes. La intervención ilegítima entre poderes constitucionales es un ejemplo que hace peligrar la estabilidad de un Estado.

El judicial es uno de los tres poderes del Estado, junto al legislativo y el ejecutivo.

El pasado 9 de diciembre, como todos los años, se conmemoró mundialmente el Día Internacional contra la Corrupción. La Asamblea General de las Naciones Unidas instituyó esta jornada con la finalidad de reivindicar el compromiso de la lucha contra la corrupción, espacio que permite también año a año crear conciencia y sensibilizar a personas e instituciones acerca del efecto devastador que este fenómeno tiene para el desarrollo económico de los Estados, para los derechos humanos de las personas y para el bienestar general de la humanidad.

El mecanismo empleado de transmisión del mensaje consiste, en su mayoría, en la realización de eventos y campañas para difundir el plan de acción que los gobiernos, organismos y empresas de todo el mundo vienen implementando en esta materia, como así también dar a conocer los cometidos alcanzados y por alcanzar de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003.

En la sección declarativa de la Resolución 58/4 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas del 31 de octubre de 2003, que contiene el anexo de la Convención, el apartado 7.º señala que con el “fin de aumentar la sensibilización respecto de la corrupción, así como del papel que puede desempeñar la Convención para combatirla y prevenirla”, se proclama el día 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción”.

En el Máster en Análisis y Prevención de la Corrupción analizamos los mecanismos de prevención de las infracciones y delitos de corrupción en el sector público y privado, así como las instancias de persecución penal y otras herramientas que los Estados y empresas vienen implementando en la lucha global contra la corrupción. El reto de nuestra titulación consiste en apostar por un mundo sin corrupción desde la formación de los futuros agentes, funcionarios y profesionales especializados en mecanismos de gestión y neutralización de la corrupción.

Una veintena de años combatiendo la corrupción

En 31 octubre de 2023 se han cumplido 20 años de vigencia de la Convención de la ONU contra la Corrupción (2003). Desde entonces los Estados e instituciones de diversa naturaleza han venido construyendo un camino de lucha contra el fenómeno criminal de la corrupción, enraizado en las estructuras gubernativas, plantillas corporativas y prácticas ancestrales de cientos de funcionarios y servidores del sector público y del sector privado.

No obstante, la lucha continua de manera cada vez más armonizada a nivel mundial y altamente profesionalizada en sus diferentes métodos. Actualmente, muchas nuevas formas de corrupción han abierto nuevos frentes de lucha. Así, por ilustrar con algún par de ejemplos, se presentan las llamadas intervenciones ilegítimas entre poderes constitucionales (lawfare), que degradan los valores de un Estado de derecho o el comercio indebido de influencias entre funcionarios del sector público y del sector privado, que socavan los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos y hacen peligrar la estabilidad política y económica de un Estado.

Ante estas nuevas manifestaciones de la corrupción, el espíritu de la Convención aboga por la actualización de los mecanismos de prevención, así como también por el fomento de la transparencia y el fortalecimiento del liderazgo ético de las instituciones y la integridad de los funcionarios públicos.

Lawfare, práctica anticonstitucional y superposición de poderes

El lawfare o guerra jurídica, según la traslación lingüística más común, es la práctica anticonstitucional de superposición de poderes por medio de la instrumentalización de los órganos jurisdiccionales para dirimir asuntos estrictamente políticos. En otras palabras, la guerra jurídica consiste en judicializar puntualmente un determinado escenario político, invadiendo los espacios de autonomía del poder político con la finalidad de neutralizar o exterminar alguna fuerza política concreta de forma ilegítima.

El uso de esta herramienta suele presentarse entre realidades políticas opuestas, donde los diferentes frentes no encuentran un punto de consenso ni negociación y actúan apelando a las instancias judiciales para amedrentar o desplazar a algún rival u oponente. El uso abusivo del derecho con fines políticos, ineludiblemente produce una especie de “desmantelamiento de la democracia constitucional” o erosión de sus fundamentos (Hernández G., 2023); estrategia que pretende legitimarse ante la sociedad mediante el uso de recursos de manipulación o distracción de interés colectivo, como las campañas contra la corrupción, contra la criminalidad de determinado sector, entre otros.

Según Fundéu RAE, el lawfare en el ámbito político “designa el uso de procedimientos judiciales con fines de persecución política, desacreditación o destrucción de la imagen pública e inhabilitación de un adversario político”.

 

La instrumentalización de la justicia con fines políticos es usualmente empleada de manera encubierta bajo diferentes eslóganes, que refieren a un enemigo público construido contra el cual se debe luchar.

Las conocidas fórmulas de lucha contra la corrupción, en defensa de los derechos humanos o persecución judicial de criminales varios, son sólo algunas de las tantas campañas desleales que muchas veces son utilizadas para subrepticiamente debilitar al adversario político o a un determinado grupo.

Ejemplos de esta lucha aparente, abusando de los recursos jurídicos del Estado de derecho en Europa, Latinoamérica y el resto del mundo sobran. Esta especie de uso ilegítimo del derecho (en su mayoría, del derecho penal) para combatir al enemigo político produce un claro efecto paradójico de ataque al Estado de derecho en nombre del derecho, el cual debe ser evitado por medio de las propias estructuras legales e institucionales, que recojan mecanismos claros para detectar y reencauzar el uso abusivo de la ley como arma de lucha política.

Por esta razón, la necesidad de contar con calidad normativa y calidad en las políticas de prevención de la corrupción dentro de un Estado, se presentan como tareas urgentes de gestionar. Como manifestación de la buena administración se debe idear una óptima y eficaz infraestructura de buen gobierno para que opere como herramienta de “prevención de la corrupción y garantía de la public compliance” (Ponce Solé, 2023, p. 379). Con ello, no solo se provee de “respaldo a los buenos gestores públicos”, sino que a la vez se los protege “del uso del derecho penal como lawfare en algunos casos” (Ponce Solé, 2023, p. 379); así como se evita que los legales procesos judiciales penales dirigidos contra los genuinos criminales se desprestigien a razón de aquellos (Hernández G., 2023).

El lawfare es por todo lo manifestado una manifestación de las tantas maneras de hacer corrupción al comportar un desvío de poder o un abuso del mismo, lo que puede dar lugar a delitos penales severamente penados como la prevaricación judicial, entre otros.

Lo que queda por hacer y lo que estamos haciendo desde el MAPC

Para nuestro Máster Universitario en Análisis y Prevención de la Corrupción la enseñanza de las políticas sobre gobierno ético en el sector privado y en el sector público es de suma importancia para conocer cuáles son puntualmente los mecanismos normativos e institucionales de prevención de la corrupción existentes a nivel internacional y nacional. En este sentido, la mayor parte de los Estados de derecho de la familia iberoamericana vienen demandando, cada vez más, la formación de agentes especializados en políticas de buen gobierno, transparencia, rendición de cuentas, integridad y de lucha contra la corrupción.

Fuentes:

  • Hernández G., J. I., “Lawfare y constitucionalismo abusivo”, Revista de Derecho Público, Editorial Marcial Pons, España, Sección: Investigación emergente, 25 de noviembre de 2023.
  • Ponce Solé, J., “Buen gobierno y derecho a una buena administración desde una perspectiva de calidad normativa. A propósito del libro de la profesora María De Benedetto, Corruption from a regulatory perspective”, Eunomía, Revista en Cultura de la Legalidad, nº 24, pp. 377-401, 2023.

(*) Lorena Varela es directora académica del Máster en Análisis y Prevención de la Corrupción de UNIR.

Otros artículos de la serie:

Esta es la duodécima entrega de Abecedario de la Corrupción, una serie de artículos en los que la directora ejecutiva del Máster en Análisis y Prevención de la Corrupción de UNIR, Lorena Varela, publica cada mes en torno a temas de actualidad política mundial y corrupción. Cada titular comienza por una letra del abecedario: enero por la a, febrero por la b, marzo por la c… Así hasta completar las 27 letras del alfabeto.

Otros artículos de la serie:

 


Un máster para aprender a prevenir la corrupción en el ámbito público y privado

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  • Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales

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