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El pasado 31 de agosto de 2018 se traspuso la 4ª Directiva Europea mediante la aprobación del Real Decreto-ley 11/2018 que modifica sustancialmente la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

La Comisión Europea ha publicado un informe útil, para que las autoridades de los Estados miembros puedan abordar mejor en la práctica, los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo ligados a diferentes sectores y productos financieros y no financieros. En él, también se analizan los nuevos riegos emergentes como las monedas virtuales y las plataformas de financiación colectiva.

¿Qué modificaciones introduce la 4ª Directiva para reforzar la normativa vigente?

• Refuerza la obligación de proceder a una evaluación de riesgos impuesta a los profesionales de la banca, abogacía, contabilidad, etc.
• Establece para las empresas requisitos claros de transparencia sobre la titularidad real; esta información se conservará en un registro central (por ejemplo, en el registro mercantil) y estará a disposición de las autoridades nacionales y las entidades obligadas
• Fomenta de la cooperación y el intercambio de información entre las Unidades de Inteligencia Financiera de los diversos Estados miembros para detectar y seguir las transferencias de dinero sospechosas, a fin de prevenir y descubrir delitos graves o actos terroristas
• Establece una política coherente con aquellos países en los que las normas de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo sean deficientes
• Refuerza las facultades sancionadoras de las autoridades competentes

Además, el incremento de la amenaza terrorista ha sido una de las causas que ha dado lugar al proyecto de La quinta Directiva que introduce cambios no solo en la Directiva 2015/849 sino también en la Directiva 2009/101/CE regulando diferentes aspectos del Derecho de Sociedades de la UE. Pretende mejorar la transparencia de los movimientos financieros y de los titulares reales destapando patrones transaccionales anómalos y las conexiones o redes ligadas a posibles amenazas terroristas.

Por otra parte, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI-FAFT) ha elaborado 40 recomendaciones, cuyo cumplimiento voluntario por parte de sus miembros, establecen el estándar internacional que rige la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Todos estos cambios legislativos se recogen en el Programa Avanzado en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, que además profundizará en el impacto del nuevo Reglamento General de protección de datos personales que entró en vigor con el GRDP (2017/679) en el tratamiento, conservación y comunicación de datos derivados de la normativa de PBC/FT.