Jorge Arana Varona
El Foro UNIR reunió a especialistas en derecho procesal y contratación pública para debatir sobre los desafíos y oportunidades que plantea el arbitraje. La sesión despertó el interés de más de 1.000 asistentes.
“En España está completamente vetado el paso al arbitraje en los contratos administrativos”, afirmó Guillermo Blanco Cenjor, abogado del Estado, durante su intervención en el Foro UNIR. Esta declaración encendió el debate sobre la viabilidad del arbitraje en la contratación pública, una herramienta que, aunque eficaz en el ámbito privado, enfrenta obstáculos legales y estructurales en el sector público.
A través de un enfoque comparado, se abordaron las diferencias entre sistemas jurídicos, los retos de la imparcialidad y la transparencia, y el papel de la inteligencia artificial en los procedimientos arbitrales.
Junto al jurista del Departamento de Arbitrajes Internacionales de la Abogacía General del Estado, Tomás J. Aliste Santos, profesor titular de Derecho Procesal; Tamara Martínez Soto, directora ejecutiva del Máster en Arbitraje Internacional de UNIR; ofrecieron a más de 1.000 asistentes una perspectiva europea y latinoamericana.
“La imparcialidad y la transparencia son los principales retos del arbitraje en contratación pública”, subrayó Aliste, quien también propuso la creación de un diseño institucional inteligente que garantice equilibrio entre las partes.
Cinco claves del Foro UNIR
- Seguridad jurídica y gasto público: Uno de los grandes desafíos del arbitraje en contratación pública es garantizar que los laudos respeten el interés general. Blanco planteó la necesidad de asegurar que el procedimiento arbitral no comprometa el control del gasto público ni la legalidad administrativa. “¿Cómo garantizamos que el laudo arbitral respete el interés público?”, preguntó, abriendo el debate sobre la supervisión institucional y el papel de los órganos de control económico.
- El modelo peruano: El país andino ha adoptado una legislación que permite el arbitraje en contratación pública, pero con requisitos estrictos para los árbitros. Se exige experiencia profesional, formación específica y registro oficial. “Esto genera dudas sobre la independencia del árbitro, ya que el Estado controla quién puede ejercer”, advirtió Aliste.
- Imparcialidad en riesgo: La imparcialidad es uno de los pilares del arbitraje, pero puede verse comprometida cuando el Estado interviene en la designación de árbitros. “El Estado no puede ser juez y parte”, señaló Aliste. Tamara Martínez añadió que “garantizar la independencia” es esencial para que el arbitraje sea una vía legítima y eficaz en el ámbito público.
- Cláusulas escalonadas: Martínez propuso el uso de cláusulas escalonadas, que combinan mediación y arbitraje en fases sucesivas. Este modelo busca resolver conflictos de forma progresiva, evitando litigios innecesarios. “La mediación puede ser útil, pero debe evitar convertirse en un trámite vacío”, explicó.
- IA y arbitraje: Aunque aún incipiente, la inteligencia artificial podría facilitar la activación automática de arbitrajes en contratos inteligentes. Blanco señaló que su uso debe limitarse a tareas técnicas, sin sustituir el juicio humano. “Todavía falta el factor humano en la resolución de controversias”, concluyó, afirmó.
¿Puede el Estado someterse al arbitraje?
La intervención de Guillermo Blanco abrió el debate con una afirmación contundente: “No se trata de si el Estado puede o no someterse al arbitraje, sino de cómo hacerlo”. En España, la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público establece que los contratos administrativos están bajo jurisdicción contencioso-administrativa, lo que excluye el arbitraje como vía de resolución.
Sin embargo, el abogado del Estado destacó excepciones en sectores regulados como energía y agua, donde el Real Decreto Ley 3/2020 permite el arbitraje, siempre que se especifique el tribunal competente en los pliegos. También mencionó la posibilidad de arbitraje en contratos ejecutados en el extranjero, especialmente cuando el contratista es una empresa extranjera.
“La legislación española no tiene lagunas jurídicas, pero sí restricciones que limitan el uso del arbitraje en el ámbito público”, concluyó.
Latinoamérica y el arbitraje público
Tomás Aliste ofreció una panorámica sobre el arbitraje en Latinoamérica, con especial atención al caso peruano. Allí, la Ley de Contrataciones Públicas de 2025 permite el arbitraje en contratos estatales, pero impone requisitos estrictos para los árbitros, como formación específica y registro oficial.
“El problema no es la formación, sino que el Estado impone quién puede ser árbitro, lo que compromete la imparcialidad”, advirtió. Esta situación genera inquietud entre juristas, que ven en el arbitraje una herramienta de autonomía privada que no debe estar monopolizada por el Estado.
En países como Colombia y Ecuador, también se están introduciendo reformas que abren la puerta al arbitraje público, aunque con modelos aún en desarrollo. La nueva Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública de Ecuador, publicada en octubre de 2025, incluye cláusulas arbitrales, lo que marca un avance significativo.
Formación continua y especialización
La inteligencia artificial, tan de moda y crucial en el futuro de nuestro mundo, también tuvo su momento en el Foro UNIR. Los ponentes coincidieron en que su papel aún es limitado, “puede ayudar en la gestión de datos, pero no sustituir el juicio humano”, afirmó Aliste. Por su parte, Blanco añadió que los smart contracts podrían incluir cláusulas de activación automática de arbitraje, pero siempre bajo supervisión humana.
Estos avances no hacen otra cosa que enfatizar sobre sobre la importancia de la formación especializada. Martínez destacó que el arbitraje requiere conocimientos específicos según el tipo de contrato: comercial, público o de inversiones. “La especialización marca la diferencia en el perfil profesional”, afirmó.
Guillermo Blanco coincidió: “El arbitraje exige habilidades distintas a las del proceso judicial. La forma de interrogar, argumentar y negociar es completamente diferente”.
Actualmente, el debate sobre el arbitraje público se intensifica en Europa y Latinoamérica. En España, la contratación pública representa más del 15% del PIB, lo que subraya la necesidad de mecanismos eficaces de resolución de conflictos. En este contexto, UNIR ofrece programas como el Máster en Arbitraje Internacional, que prepara a profesionales para afrontar estos retos con solvencia y visión global.
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