Andrea Robles González / Ana Luz Cuervo García
Esta delincuencia no se explica por la nacionalidad, sino por la acumulación de factores de vulnerabilidad y exclusión. Los datos y la evidencia criminológica permiten desmontar estigmas y distinguir entre percepción social y realidad.
Hablar de menores migrantes y delincuencia juvenil exige, en primer lugar, diferenciar conceptos que con frecuencia aparecen mezclados en el debate público. Un menor migrante es una persona menor de 18 años que se encuentra en un país distinto de aquel en el que nació o del que procede. Dentro de este grupo se encuentran los menores extranjeros no acompañados (MENA), denominación utilizada con anteioridad en España para referirse a los menores extranjeros que llegan al territorio sin un adulto responsable de ellos o que, una vez en España, se encuentran en esa situación.
Esta definición tiene carácter jurídico y está vinculada a la protección del menor, no a la comisión de delitos (Real Decreto 1155/2024, art. 165). Pero debido al carácter peyorativo que ha alcanzado el término MENA, desde las instituciones se ha comenzado a utilizar otro tipo de expresiones como niños, niñas y adolescentes no acompañados (NNANA), niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados (NNAMNA), Menores no acompañados (MNA) o jóvenes migrantes no acompañados / jóvenes que viajan solos.
Esta precisión es especialmente relevante desde la criminología: ser menor migrante o encontrarse en situación de no acompañamiento no constituye una conducta delictiva. La condición migratoria, la situación de vulnerabilidad y la conducta delictiva pertenecen a dimensiones diferentes. Un menor puede encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad —por ejemplo, por ausencia de referentes familiares, precariedad económica, experiencias de victimización o dificultades de integración— sin que ello implique necesariamente una conducta antisocial o delictiva.
De hecho, la investigación sobre menores extranjeros no acompañados señala que la relación entre vulnerabilidad y problemas de conducta debe analizarse atendiendo a múltiples factores. Una revisión sistemática realizada en Europa identifica la victimización, las condiciones de vida estresantes, la falta de apoyo y determinados problemas de salud mental, como elementos que pueden incrementar el riesgo de conductas antisociales, pero no establece una relación automática entre migración y delincuencia (Inofuentes, Redondo y Martínez, 2022).
En esta línea, la literatura española ha advertido sobre la necesidad de analizar la relación entre jóvenes de origen migrante y delincuencia desde una perspectiva multifactorial, atendiendo también a procesos de victimización, exclusión y criminalización (Fernández-Pacheco Alises, 2018).
Percepción de inseguridad y construcción del fenómeno
La percepción social del fenómeno tampoco depende exclusivamente de su incidencia objetiva. Los medios de comunicación y, actualmente, las redes sociales, contribuyen a seleccionar qué hechos adquieren visibilidad y cómo son interpretados. Un estudio sobre la prensa española encontró que la representación de los menores migrantes no acompañados entre 2017 y 2019 estuvo frecuentemente asociada a discursos criminalizadores y estigmatizantes (Gómez-Quintero, Aguerri y Gimeno-Monterde (2021).
Esto resulta relevante para comprender el miedo al delito: la percepción de inseguridad puede aumentar aunque la experiencia directa de victimización no lo haga. Así, una investigación reciente realizada en población española encontró una relación positiva entre la exposición a noticias sobre delincuencia y el miedo al delito (Sánchez, Pérez y López, 2025).
Por ello, determinados sucesos de gran impacto mediático, como los ocurridos recientemente en Ceuta, deben analizarse diferenciando su incidencia real y la percepción social que genera. Confundir estas dimensiones puede contribuir a sobrerrepresentar determinados casos y dificultar una comprensión basada en evidencia.
¿Qué dice la evidencia criminológica?
Las estadísticas oficiales en España (Instituto Nacional de Estadística, a partir del Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de Menores) muestran que la mayoría de los menores condenados cuentan con nacionalidad española: en 2024 eran un 80,0%, un porcentaje que en 2023 era del 79,2%. Sin embargo, al calcular la tasa por cada 1.000 habitantes de 14 a 17 años —el indicador correcto para comparar poblaciones de tamaño muy distinto—, la tasa de los menores de nacionalidad extranjera (10,9) era algo menor del doble que la de los de nacionalidad española (5,8) en 2024, tras haber sido algo más del doble en 2023 (11,9 frente a 5,5).
Conviene señalar que esa sobrerrepresentación relativa se concentra territorialmente: las mayores tasas de infracciones penales por cada 1.000 habitantes de 14 a 17 años se dieron en Melilla y Ceuta (62,6 y 61,4, respectivamente) y en Canarias (19,0), es decir, precisamente en los territorios con mayor presión migratoria y mayor concentración de menores no acompañados.
Diferencias entre el número de infracciones, de menores implicados y tasas relativas
A la hora de analizar los datos oficiales, se debe diferenciar entre el número de infractores, de menores implicados y la tasa relativa en menores migrantes no acompañados ya que se trata de elementos bien diferenciados:
- Número de infracciones: en 2024 se inscribieron 24.561 infracciones penales cometidas por menores, un 3,8% más que el año anterior.
- Número de menores implicados (personas, no hechos): no coincide con el anterior ya que se puede producir una reincidencia dentro del propio colectivo. Del total de menores condenados, el 60,8% cometió una única infracción penal y el 39,2% más de una, con un número medio de 1,8 infracciones por menor condenado. Esto significa que un mismo menor puede generar varias infracciones registradas, lo que infla el recuento de “hechos” respecto al de “personas” y puede distorsionar la percepción de la magnitud del fenómeno si no se distingue.
- Tasas relativas (por cada 1.000 habitantes del grupo de edad y nacionalidad correspondiente): como se ha visto, son el indicador que permite comparar de forma no sesgada colectivos de tamaño muy diferente, y son las que arrojan la diferencia (no la cifra absoluta) entre nacionales y extranjeros.
Factores de riesgo asociados a la delincuencia juvenil
La literatura criminológica coincide en el carácter multicausal del fenómeno, haciendo hincapié en factores estructurales más que individuales. El programa PREMECE (Ceuta, 2018-2019), impulsado por la Universidad de Málaga en convenio con la ciudad de Ceuta, es especialmente pertinente. Se trata de un programa piloto de intervención e investigación con menores marroquíes no acompañados en situación de calle, que combinó datos cuantitativos y cualitativos recogidos durante 15 meses por el equipo de intervención psicosocial.
Adolescentes migrantes menores de edad marroquíes no acompañados caminan por las calles de Ceuta.
Sus resultados indican que la intervención en calle mejora la protección de los menores especialmente vulnerables, alivia las tensiones en el espacio urbano, reduce el riesgo de victimización y contribuye a la disminución de la delincuencia registrada (García España, Carvalho da Silva, Casado Patricio y Prado, 2019).
A nivel más general, la revisión de factores de riesgo en menores infractores identifica de forma recurrente cuatro ámbitos: el barrio (elevada concentración de desempleo, elevada densidad poblacional o movilidad residencial, déficit de control social informal, desvinculación de actividades convencionales educativas, deportivas o de ocio), la familia (bajos ingresos, desempleo, monoparentalidad unida a crianza inapropiada, crianza inadecuada, abandono o rechazo, conflicto entre padres e hijos), la escuela y el grupo de iguales.
Estos son exactamente los factores que, concurren de forma agravada en un menor migrante no acompañado que ha perdido el vínculo familiar, carece de red social de apoyo y se encuentra fuera del sistema educativo mientras dura su itinerario migratorio y de protección.
Es decir, la delincuencia asociada a menores migrantes no acompañados, no reside en su nacionalidad, sino en la acumulación de factores de riesgo para la delincuencia juvenil que desencadenarían en mismo resultado delincuencial en cualquier otro menor, sea cual sea su país de procedencia. Dada la situación de vulnerabilidad que experimentan los menores migrantes no acompañados, se incrementa la aparición de esos factores de riesgo.
(*) Andrea Robles González es la coordinadora académica del Máster Universitario en Victimología y Criminología Aplicada de UNIR. Graduada en Criminología con experiencia como profesora y docente.
(*) Ana Luz Cuervo García es directora académica del Máster Universitario en
Delincuencia Juvenil e Intervención con Menores de UNIR. Doctora en Criminología y Delincuencia Juvenil, psicóloga, terapeuta de conducta y experta en perfilación criminal. Actualmente es también profesora del Grado en Criminología en UNIR y profesora colaboradora en CRIMINA.
Referencias bibliográficas:
- Fernández-Pacheco Alises, G. (2018). ¿Son los jóvenes de origen migrante más propensos a la delincuencia que los jóvenes portugueses? Una aproximación dinámica con datos del ISRD-3 en Portugal. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 20(26), 1–28. http://criminet.ugr.es/recpc/20/recpc20-26.pdf
- García España, E., Carvalho da Silva, J., Casado Patricio, E., & Prado, B. (2019). Proyecto PREMECE: Prevención de la delincuencia de menores extranjeros no acompañados en las calles de Ceuta (2018-2019). Observatorio del Sistema Penal ante la Inmigración (OCSPI), Universidad de Málaga & Ciudad Autónoma de Ceuta. https://www.ocspi.uma.es/proyecto-premece/
- Gómez-Quintero, J.-D., Aguerri, J.-C., & Gimeno-Monterde, C. (2021). Representaciones mediáticas de los menores que migran solos: Los «MENA» en la prensa española. Comunicar: Revista Científica de Comunicación y Educación, 29(66), 95–105. https://doi.org/10.3916/C66-2021-08
- Inofuentes, A., Redondo, S., & Martínez, M. (2022). Unaccompanied migrant minors and antisocial behavior in Europe: A systematic review of risk and protective factors. European Journal of Criminology, 19 (4), 512–531. https://doi.org/10.1177/14773708221087456
- Instituto Nacional de Estadística. (2025). Estadística de Responsabilidad Penal de los Menores (Años 2023-2024) [Notas de prensa / Base de datos del Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de Menores]. https://www.ine.es/
- Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Boletín Oficial del Estado, 280, de 20 de noviembre de 2024, pp. 153200–153350. https://www.boe.es/eli/es/rd/2024/11/19/1155
- Sánchez, J., Pérez, M., & López, R. (2025). Medios de comunicación, exposición a noticias sobre delincuencia y su impacto en el miedo al delito en población española.Revista de Criminología y Ciencias Penales, 33 (1), 45–62.
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