María Contreras Román
La autora analiza lo que hemos aprendido desde entonces, cuestionando el recurso automático al rigor penal y proponiendo un marco sostenible de prevención diseñado para abordar de raíz los factores de riesgo y fortalecer las instituciones.

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 redefinieron el sistema de seguridad global. Aquel evento demostró la vulnerabilidad de las potencias globales ante amenazas asimétricas no estatales y forzó una reestructuración inédita de los servicios de inteligencia, el control fronterizo y la doctrina militar.
Sin embargo, 25 años después de los atentados, el escenario es profundamente diferente. El terrorismo ha dejado de manifestarse de forma exclusiva mediante estructuras rígidas y piramidales para convertirse en un fenómeno fluido, atomizado en redes digitales y crecientemente hibridado con la delincuencia organizada. Comprender esta mutación es esencial para proyectar las capacidades de análisis, prevención e intervención que requerirá la seguridad internacional en los próximos años.
2001: el paradigma táctico-militar y sus límites históricos
El 11-S inauguró la llamada “Guerra contra el Terror”, un modelo caracterizado por la intervención militar a gran escala y la respuesta reactiva frente a organizaciones jerárquicas como Al Qaeda. En esta fase, la política criminal abordaba el terrorismo y la delincuencia común desde marcos institucionales diferenciados, la persecución financiera dependía de la banca tradicional y la legislación priorizó la seguridad nacional como eje rector.
Sin embargo, los análisis sobre la evolución de estas organizaciones pusieron de manifiesto los límites de dicho enfoque, evidenciando que las campañas puramente represivas o bélicas rara vez logran por sí solas la disolución definitiva de los grupos armados. Con el tiempo se ha ido comprendiendo que el colapso de estas estructuras responde más bien a factores sociales e internos, como la pérdida de respaldo popular, el aislamiento de sus bases, la apertura de vías políticas o las fracturas ideológicas desencadenadas por la presión policial y judicial [3].
Casi 3.000 banderas de EE. UU. recuerdan en la Universidad Pepperdine de California a las víctimas de los ataques terroristas del 11 de septiembre en este 25 aniversario.
2010: descentralización en franquicias y la irrupción de la cibervigilancia
Hacia 2010, la arquitectura del terrorismo global sufrió una transformación estructural. La intensa presión militar sobre los santuarios tradicionales hizo insostenible la supervivencia de mandos centralizados. Esta realidad, sumada a los conflictos regionales y al auge globalizado de internet, impulsó la mutación hacia redes de ‘franquicias’ autónomas —sentando las bases de la expansión global de Daesh—.
Ante este escenario, las agencias estatales redefinieron su estrategia: el despliegue de grandes contingentes terrestres dio paso a la inteligencia compartida, las operaciones de precisión mediante drones y la cooperación transfronteriza. Asimismo, la migración de la propaganda hacia revistas digitales y foros online convirtió el espacio cibernético en un nuevo frente táctico, impulsando la creación de unidades especializadas en ciberinteligencia para detectar la radicalización en la red.
2026: el nexo crimen-terror y la respuesta tecnológica en entornos digitales
En el 25 aniversario del 11-S, la seguridad internacional afronta amenazas altamente híbridas y difusas. Por un lado, la frontera entre el terrorismo y la delincuencia transnacional se ha vuelto porosa a través del nexo crimen-terror, donde células locales explotan economías ilícitas como el narcotráfico y el fraude con criptoactivos para autofinanciarse, mientras convierten los centros penitenciarios en entornos de reclutamiento [1].
Esta convergencia ha llevado a diversos gobiernos a tipificar al crimen organizado como terrorismo, dotando a las Fuerzas Armadas y a la justicia de capacidades operativas excepcionales frente a la extrema violencia criminal; sin embargo, esta medida plantea dudas sobre su sostenibilidad a largo plazo, al enfrentar la demanda de eficacia inmediata con el mantenimiento de las garantías jurídicas y la estabilidad de las instituciones democráticas.
Por otro lado, la respuesta operativa actual se ha consolidado como un ecosistema tecnológico y analítico. Ante la descentralización de la amenaza y la autorradicalización individual en entornos digitales [2], la lucha antiterrorista prioriza la colaboración público-privada con grandes plataformas digitales, el análisis masivo de información en fuentes abiertas (OSINT), la ciberforensia y el uso de inteligencia artificial predictiva para detectar patrones de captación antes de la comisión del delito.
El ‘One World Trade Center’ se alza en el cielo azul en el bajo Manhattan, en Nueva York.
Hacia un modelo de prevención multidimensional e integridad democrática
De cara a las próximas décadas, el principal aprendizaje que aporta la evidencia científica sobre la lucha antiterrorista es que la respuesta estratégica debe evolucionar hacia un marco sostenible de prevención multidimensional, articulado en cuatro niveles:
- Prevención primaria: Implica actuar sobre las causas estructurales mediante el fortalecimiento de la cohesión social y la resiliencia comunitaria. Esta dimensión busca consolidar un entorno social sostenible que impida que los discursos extremistas encuentren terreno fértil, reduciendo la vulnerabilidad de la población y previniendo el surgimiento de dinámicas de radicalización en sus fases iniciales [4].
- Prevención secundaria: Se orienta a neutralizar la radicalización temprana en entornos de riesgo, abordando tanto la propaganda digital en redes peer-to-peer y plataformas de videojuegos, como la captación en centros penitenciarios y barrios marginales. Mediante ciberinteligencia, análisis OSINT e intervención comunitaria focalizada, este nivel detecta patrones vulnerables para frenar el reclutamiento antes de la comisión de delitos
- Prevención terciaria: Busca inducir el colapso de los grupos extremistas aprovechando sus vulnerabilidades internas, disensiones y la progresiva pérdida de legitimidad social [3]. Para lograr una desarticulación definitiva, debe combinarse la intervención policial y judicial con estrategias eficaces y sostenibles de desvinculación operativa, desradicalización ideológica e inclusión social de los exintegrantes [4].
- Prevención cuaternaria: Previene los efectos nocivos de la propia respuesta estatal y el daño colateral punitivo, como la estigmatización comunitaria, el perfilado algorítmico discriminatorio y la pérdida de privacidad. Exige que las medidas antiterroristas mantengan estricta precisión jurídica y que el despliegue tecnológico se someta a proporcionalidad, transparencia y auditoría democrática [4].
Conclusión
Veinticinco años después del 11-S, la evidencia demuestra que la eficacia y sostenibilidad de las respuestas estatales dependen de articular estratégicamente los cuatro niveles de prevención. Atender las causas estructurales y los entornos de riesgo (niveles primario y secundario) reduce la vulnerabilidad social antes del delito. Simultáneamente, fomentar la desvinculación de grupos y contener los excesos del propio Estado (niveles terciario y cuaternario) evita que la seguridad degenere en una excepción penal permanente. Esta arquitectura preventiva multidimensional es el único camino para neutralizar las amenazas híbridas protegiendo intacto el Estado de Derecho.
(*) María Contreras Román, directora académica del Máster en Estudios Avanzados en Terrorismo de UNIR.
Referencias bibliográficas:
- Europol. (2023). EU Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT). Publications Office of the European Union.
- Institute for Economics & Peace. (2023). Global Terrorism Index: Measuring the Impact of Terrorism. Sydney: IEP.
- Jaime Jiménez, Ó. (2023). El final de las estructuras terroristas. Studia Historica. Historia Contemporánea, 41, 57-80.
- Oficina de Lucha contra el Terrorismo de las Naciones Unidas (UNOCT). (2023). Reference Guide: Developing National and Regional Action Plans to Prevent and Counter Violent Extremism. United Nations.
- Facultad de Derecho






