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¿En qué consiste el término 'drittwirkung'?

¿Estás estudiando Derecho con la idea de ser abogado? Analizamos en qué consiste el término jurídico 'drittwirkung' y cuáles son los casos más habituales de aplicación.

La práctica jurídica requiere unos sólidos conocimientos del ordenamiento jurídico y el manejo de distintos términos y doctrinas que serán de gran utilidad en función de la especialidad que elijas. Uno de ellos es drittwirkung, que proviene del alemán y se traduce al español como “efecto de terceros”.

En Derecho, hace referencia a un concepto jurídico del país germano que ha conformado la doctrina Drittwirkung der grundrechte. Esta “doctrina del efecto de terceros” aborda la idea de que una constitución implica obligaciones legales de derecho privado sobre particulares en las relaciones que se establecen entre ellos. Por tanto, en caso de vulneración de esos derechos fundamentales recogidos en la constitución, un particular puede fundamentar una demanda contra otro particular o contra la Administración por la violación de esos derechos.

Para comprender mejor en qué consiste esta doctrina debemos abordar primero algunos conceptos. Los sistemas jurídicos trazan una frontera tradicional en su estructura entre el derecho “público” y el “privado”. El primero regula las actuaciones de los poderes públicos y su relación con la ciudadanía, y el segundo se encarga de las relaciones entre los ciudadanos.

Libros y mazo de juez.

Velar por los derechos fundamentales

Los derechos fundamentales, que son aquellos inherentes al ser humano y se caracterizan por ser inalienables, inviolables e irrenunciables, quedan recogidos en la constitución que rige cada ordenamiento. Son, por tanto, el argumento de defensa del ciudadano contra la acción del Estado.

Sin embargo, es posible que un ciudadano vea vulnerados sus derechos fundamentales, regulados por el derecho público, por otro particular y que esto sea a causa de una omisión del Estado. Son estos casos en los que entra en acción la doctrina drittwirkung o de “efecto de terceros”, como vía para aplicar y lograr la eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares y de estos con el Estado.

Esta doctrina se desarrolló en los años 50 del siglo XX y ha ido ganando aceptación en otros sistemas jurídicos a lo largo de los años, especialmente en la Corte Europea de Derechos Humanos. Uno de los efectos de su tesis fundamental es que el gobierno de un país puede ser responsable de la vulneración de los derechos fundamentales de sus ciudadanos por parte de otros particulares al omitir tomar medidas que impidan ese daño.

Gente alrededor de una persona que sostiene un cartel diciendo 'NO'.

La doctrina drittwirkung

La sentencia alemana que dio lugar a esta doctrina reconocía que si bien los derechos fundamentales no se pueden hacer valer directamente entre los individuos privados, el juez debe interpretar las normas de acuerdo a esos derechos. La doctrina drittwirkung será la muleta en la que se apoyen para determinar en cada caso quién es el titular del derecho que se reclama y frente a quién puede hacer la reclamación por el derecho vulnerado. También aborda otra cuestión: cuándo los derechos fundamentales son aplicables de forma directa a las relaciones entre particulares, es decir, cuándo no requiere la intervención de un órgano del Estado para que tengan efecto.

Como ejemplo para comprender mejor el alcance de esta doctrina podemos imaginar una situación: la constitución de un Estado establece el derecho a la integridad física. Este derecho, articulado dentro del derecho público (administración-ciudadano), implica que ningún órgano de poder público puede lesionar a un ciudadano y que, en caso de producirse algún hecho lesivo, el ciudadano puede iniciar un proceso contra el órgano responsable para resarcir ese derecho.

Ahora bien, imaginemos que el Estado, en su deber de garantizar la protección de los derechos fundamentales en todas las esferas de la vida del ciudadano, no promulga una ley específica que aborde la esfera privada de la persona. En este escenario, la doctrina alemana entiende que si un hombre lesiona a otro está lesionando un derecho fundamental y la única vía jurídica para reclamar la vulneración de su derecho sería la aplicación de esos preceptos como argumento para dirigirse tanto contra la persona que lo lesionó como contra el Estado por omitir las acciones necesarias para evitar que se produjera esa situación.

Collage de decenas de libros abiertos.

Normas específicas para regular la esfera privada

La regulación de los derechos fundamentales en la constitución de un Estado sirve de palanca para que los poderes públicos protejan a la ciudadanía contra posibles vulneraciones, estableciendo, por ejemplo, normas específicas para regular la esfera privada como los Códigos Penales. Así, el Estado dispone de un sistema de protección que puede activar en caso de que se vulnere alguno de sus preceptos vinculados a los derechos fundamentales.

Con algunos derechos fundamentales, el desarrollo normativo permite su protección por estas vías concretas, sin embargo, habrá casos en los que será necesario abordar su aplicación directa para lograr la protección efectiva, ya que el ordenamiento no da respuesta clara, como indican juristas que han estudiado esta materia.

Más allá del plano jurídico nacional, la transformación social que han supuesto los tratados internacionales de derechos humanos ha hecho que los Estados realicen procesos de incorporación de estos estándares y aborden la posición que debe ostentar el Estado para protegerlos y su eficacia en las relaciones entre privados. Esta doctrina resulta de utilidad para interpretar y aplicar estos derechos y garantizar la protección eficaz de los ciudadanos.

Puño alzado, lucha por los derechos humanos.

Un caso emblemático de la aplicación de esta doctrina por parte de la Corte Europea de Derechos Humanos es el de A. vs. Reino Unido, en 1998. El tribunal declaró que era aplicable la Convención Europea de Derechos Humanos en las relaciones familiares interindividuales y condenó al Gobierno británico por la falta de protección preventiva en el caso de maltrato de un menor por parte de su padrastro.

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