UNIR Revista
La protección de testigos es una medida que busca garantizar la seguridad y el bienestar de los testigos y peritos que participen en un proceso judicial penal. Las acciones serán adoptadas por una autoridad judicial según el nivel de riesgo existente para el afectado.
La protección de testigos asegura que aquellas personas conocedoras de hechos fundamentales para el adecuado desarrollo de un proceso judicial penal puedan ofrecer su testimonio sin poner en riesgo su seguridad ni la de sus allegados.
A través del Máster en Criminología y Victimología online de UNIR los futuros egresados tendrán una formación plena en cada una de las fases de la investigación criminal, incluida la protección de testigos. Esta visión la desarrollarán desde dos ópticas, la teórica del delito y la victimología, con el fin de que no solo aprendan a esclarecer los hechos, sino también a desarrollar planes y programas enfocados a la prevención de la criminalidad.
¿Qué es la protección de testigos?
La protección de testigos es una herramienta que permite que un proceso penal se desenvuelva con plenas garantías para cada uno de los actores que participan en el mismo. En España, los derechos, la seguridad y preservación del bienestar de las personas que toman parte en un proceso judicial quedan recogidos en dos leyes:
- La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito que, en su artículo 3.1, determina que “toda víctima tiene derecho a la protección, información, apoyo, asistencia, atención y reparación, así como a la participación activa en el proceso penal y a recibir un trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio”. Una protección en la que el victimólogo lleva a cabo un papel fundamental para entender la realidad de los afectados por la comisión de un delito, así como de las personas más cercanas a ellos.
- La Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales, la cual tiene como fin, según se especifica en la exposición de motivos, garantizar “la salvaguarda de quienes, como testigos o peritos, deben cumplir con el deber constitucional de colaboración con la justicia”.
Esta doble protección, de las víctimas por un lado y los testigos y peritos por otro es fundamental para asegurar el correcto desarrollo de un proceso judicial penal.
El motivo es que la única forma de que los damnificados por la comisión de un delito obtengan justicia es que las personas que presenciaron el hecho delictivo, o los expertos que deban probar la comisión del mismo, puedan testificar sin miedo a sufrir un menoscabo en sus derechos.
La ley de protección de testigos en España
La ley de protección de testigos y peritos de España no solo centra su atención en garantizar la salvaguarda de estos actores durante el proceso judicial, también a la finalización del mismo.
En este sentido, el artículo 3.2 sí que reconoce que, de mantenerse el riesgo, a las personas afectadas por esta circunstancia se les continuarán prestando las medidas de seguridad durante el tiempo necesario hasta que el peligro para ella o sus allegados haya cesado.
En consecuencia, la protección de testigos hace “posible el necesario equilibrio entre el derecho a un proceso con todas las garantías y la tutela de derechos fundamentales inherentes a los testigos y peritos y a sus familiares”, objetivo primordial que el texto legislativo fija en su exposición de motivos.
¿Por qué es importante acogerse a la protección de testigos?
La protección de testigos asegura los derechos y el bienestar de las personas que, ya sea por haber presenciado parte o la totalidad del delito o ser expertos en una materia, ofrecen su testimonio durante el desarrollo de un proceso penal.
De hecho, como recuerda la propia ley, de no ofrecerse esta tutela “podrían encontrarse motivos que comportasen retraimientos e inhibiciones por parte de posibles testigos y peritos no deseables en un Estado de Derecho, con el añadido de verse perjudicada la recta aplicación del ordenamiento jurídico-penal y facilitada, en su caso, la impunidad de los presuntos culpables”.
El derecho de las víctimas
La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, tiene entre sus principales objetivos “ofrecer desde los poderes públicos una respuesta lo más amplia posible, no sólo jurídica sino también social, a las víctimas, no únicamente reparadora del daño en el marco de un proceso penal, sino también minimizadora de otros efectos traumáticos en lo moral que su condición puede generar, todo ello con independencia de su situación procesal”.
En su título III se recogen diferentes medidas relacionadas con la protección y reconocimiento de las víctimas con el fin de evitar posibles represalias, intimidación, agresiones, daños psíquicos… durante los interrogatorios y declaraciones como testigos. Entre ellas figuran:
- Dependencias separadas durante la fase de investigación para evitar el contacto entre las víctimas y sus familiares del sospechoso/acusado.
- Investigación penal: declaración de las víctimas el menor número de veces posible, sin dilatarlo en el tiempo y pudiendo estar acompañadas, además de por un representante legal, por la persona que ellas elijan. Sólo se realizarán reconocimientos médicos en caso de ser imprescindibles.
- Protección de la intimidad: por parte de todos los implicados en la investigación penal (jueces, fiscales, funcionarios…) para proteger la intimidad tanto de la víctima como de sus familiares.
- Fase de enjuiciamiento: conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se podrán adoptar medidas como evitar el contacto visual entre víctima y acusado; declarar sin estar presente en la sala de vistas; evitar preguntas sobre su vida privada o celebrar la vista oral sin presencia de público.
En el caso de menores, personas con discapacidad necesitadas de especial protección o víctimas de la violencia sexual, además de las medidas genéricas, es posible aplicar aquellas que sean necesarias para evitar o minimizar que una investigación o un juicio causen un mayor perjuicio a la víctima. Entre ellas:
- “Las declaraciones recibidas durante la fase de investigación serán grabadas por medios audiovisuales y podrán ser reproducidas en el juicio en los casos y condiciones determinadas por la Ley de Enjuiciamiento Criminal.”
- “La declaración podrá recibirse por medio de personas expertas”.
