Fidel Bedia Castillo
La crisis migratoria en la ciudad autónoma evidencia la necesidad de conciliar el control fronterizo con la protección de la infancia. Una respuesta eficaz debe atender tanto la vulnerabilidad de quienes llegan como el impacto de la emergencia en los menores ceutíes.
La infancia suele ser la primera víctima de las crisis y la última en participar en las decisiones adoptadas para resolverlas. Los niños no declaran emergencias, no diseñan dispositivos de seguridad ni distribuyen los recursos públicos. Sin embargo, soportan algunas de sus consecuencias más profundas.
La entrada masiva de personas migrantes en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio de 2026 vuelve a demostrarlo. Entre quienes cruzaron la frontera había menores que llegaron solos, expuestos al desamparo, la explotación y la violencia. Al otro lado se encontraban los niños y jóvenes ceutíes, cuya vida cotidiana también quedó alterada por una situación que no habían provocado.
Sus circunstancias no son equivalentes. Tampoco lo son la intensidad ni la naturaleza de los riesgos que afrontan. Pero comparten una condición: son menores que sufren las consecuencias de decisiones, carencias y conflictos originados en el mundo de los adultos.
La infancia que cruza la frontera
Según los datos comunicados por el Gobierno, después de la entrada masiva fueron filiados 1.129 menores. Para las instituciones, su presencia plantea una cuestión especialmente compleja: ¿qué debe hacer un sistema de seguridad cuando quien atraviesa irregularmente una frontera es también una persona que necesita protección?
La respuesta inicial parece evidente: protegerla. Sin embargo, para hacerlo es necesario identificarla, comprobar su edad, conocer sus circunstancias, detectar posibles situaciones de violencia o trata y proporcionarle un entorno seguro. Es decir, también resulta imprescindible ejercer ciertas funciones de control.
La irregularidad de la entrada determina la aplicación de la legislación de extranjería, pero no elimina la condición de menor ni rebaja las obligaciones públicas de protección. El artículo 39 de la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor sitúan su interés superior como criterio prioritario en las decisiones que le afectan.
Un menor extranjero no acompañado puede haber sufrido violencia durante el trayecto, encontrarse separado de su familia o haber sido utilizado por redes dedicadas al tráfico de personas. Una vez en territorio español, continúa expuesto a la explotación, la trata, los abusos y la delincuencia.
Por eso no puede ser contemplado únicamente como una persona que ha cruzado irregularmente una frontera. Antes que migrante, sigue siendo menor.
Controlar también puede ser proteger
La palabra “control” suele asociarse con vigilancia, coerción o restricción. Sin embargo, algunas actuaciones de control son necesarias para garantizar los derechos de los menores.
Una correcta identificación evita que un niño sea tratado como adulto. La determinación de la edad condiciona su incorporación al sistema de protección. Conocer su identidad y sus vínculos puede facilitar una reunificación familiar segura. Una entrevista realizada por profesionales especializados permite detectar posibles situaciones de trata, explotación o violencia.
El refuerzo del dispositivo de triaje establecido en Ceuta responde a esta necesidad. En él participan profesionales encargados de entrevistar a quienes solicitan protección internacional, prestando especial atención a menores en situación de desamparo, mujeres, niñas y otras personas vulnerables.
Estas actuaciones no son incompatibles con la seguridad humana. Bien realizadas, constituyen instrumentos de protección. El problema aparece cuando el control deja de ser un medio para convertirse en la única finalidad; cuando la identificación sirve solamente para clasificar personas y la vulnerabilidad concreta desaparece detrás de las cifras.
Proteger sin capacidad de organización puede resultar ineficaz. Controlar sin garantías puede vulnerar derechos. El desafío consiste en ejercer un control legítimo orientado a la protección.
La infancia que permanece en Ceuta
La crisis también ha afectado a los niños y jóvenes que viven en la ciudad. La llegada de decenas de miles de personas en un periodo muy breve desbordó servicios, obligó a concentrar los recursos disponibles y alteró el uso ordinario de calles, instalaciones y playas.
La Feria y las Fiestas Patronales, previstas entre el 1 y el 8 de agosto, fueron suspendidas. Algunas playas y espacios públicos acogieron asentamientos improvisados. Muchas familias limitaron por precaución los desplazamientos y actividades de sus hijos. El temor, la incertidumbre y la tensión social penetraron inevitablemente en la vida familiar.
Para un adulto, no ir a la playa, dejar de pasear o perderse unas fiestas puede parecer secundario ante la gravedad de una emergencia. Para un niño o un adolescente, esos espacios forman parte de su vida social, su autonomía, su ocio y su vinculación con la comunidad.
La pandemia nos enseñó que la pérdida de normalidad infantil no debe ser minusvalorada. El cierre de los centros educativos, el confinamiento domiciliario y la interrupción de las relaciones sociales mostraron la importancia de los entornos familiares, escolares y comunitarios para el bienestar de niños y adolescentes. La situación vivida en Ceuta no es equiparable a aquel confinamiento, pero permite recordar una lección: las restricciones de la vida cotidiana también producen efectos sobre la infancia, aunque no aparezcan inmediatamente en las estadísticas de una emergencia.
Reconocer estos efectos no significa responsabilizar a los menores migrantes. Ellos tampoco decidieron abandonar su entorno, afrontar una travesía peligrosa o permanecer en condiciones precarias. Los niños ceutíes no son víctimas de otros niños. Unos y otros son receptores de las consecuencias de una crisis que las instituciones no pudieron evitar o contener a tiempo.
Distintas vulnerabilidades, una misma obligación
El menor migrante y el menor ceutí ocupan posiciones diferentes ante la crisis.
El primero puede encontrarse sin familia, sin documentación, sin alojamiento estable y expuesto a redes criminales. Necesita acogida, asistencia sanitaria, escolarización, apoyo psicológico, asesoramiento jurídico y protección frente a la violencia.
El segundo cuenta normalmente con un entorno familiar y comunitario, pero puede sufrir miedo, limitación de movimientos, pérdida de actividades sociales, deterioro de la convivencia y exposición a discursos hostiles o polarizados. Necesita recuperar su vida cotidiana, sus espacios públicos y la confianza en que las instituciones pueden garantizar su seguridad.
Si bien no sería razonable equiparar ambas situaciones, la seguridad humana exige identificar todas las vulnerabilidades, valorar su diferente gravedad y ofrecer respuestas proporcionadas. Atender dignamente a los menores migrantes y devolver la normalidad a los menores ceutíes son objetivos complementarios. Ambos dependen de una respuesta pública rápida, coordinada y dotada de recursos suficientes.
Cuando la acogida también es seguridad pública
La protección de los menores migrantes no concluye después de identificarlos. Necesita plazas suficientes, instalaciones adecuadas y profesionales especializados. Cuando el sistema de acogida se encuentra saturado, aumentan los riesgos de masificación, conflictos, desapariciones y explotación.
La insuficiencia de recursos también repercute sobre la población residente. La ocupación provisional de instalaciones deportivas, centros o espacios públicos limita su utilización ordinaria y puede alimentar la percepción de abandono institucional. Por ello, la adecuada planificación de la acogida forma parte de la seguridad pública.
El Gobierno aprobó inicialmente 25 millones de euros para la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. La financiación puede destinarse a acogida inmediata, apoyo psicosocial, escolarización, inclusión y ampliación de plazas.
Posteriormente, el Real Decreto-ley 22/2026 amplió la respuesta mediante un plan de choque que moviliza 309 millones de euros durante 2026. Entre sus medidas se encuentran el refuerzo de la seguridad, la acogida humanitaria, los servicios esenciales y la protección de la infancia vulnerable.
Manifestación en Madrid en apoyo a los ceutíes el pasado 2 de septiembre.
También se financia una unidad multidisciplinar de apoyo a la infancia migrante no acompañada en emergencias, destinada a proporcionar una intervención rápida, especializada y coordinada. Asimismo, se establecen medidas de seguridad en los centros educativos para garantizar la integridad del alumnado y el normal desarrollo de la actividad lectiva.
Esta última previsión resulta especialmente significativa: la norma no contempla únicamente a quienes han llegado. También reconoce la necesidad de proteger a los niños y jóvenes que ya viven y estudian en Ceuta.
Proteger sin enfrentar
En una crisis migratoria resulta fácil construir relatos enfrentados. Unos discursos presentan a todas las personas migrantes como una amenaza. Otros evitan reconocer cualquier repercusión negativa sobre la población receptora por temor a alimentar la estigmatización.
Ninguno de los dos enfoques ayuda a comprender la realidad.
La seguridad pública debe reconocer las preocupaciones legítimas de la población sin convertir a los migrantes en culpables colectivos. La seguridad humana debe proteger a quienes llegan sin ignorar a quienes ven alterada su convivencia. Negar cualquiera de las dos dimensiones favorece la polarización y debilita la confianza en las instituciones.
La declaración de Ceuta como Situación de Interés para la Seguridad Nacional ofrece un marco adecuado para integrar ambas perspectivas. En su gestión participan los departamentos competentes en Interior, Sanidad, Educación, Igualdad, Inclusión, Infancia, Justicia, Asuntos Exteriores y Política Territorial, además de la propia Ciudad de Ceuta.
No se trata solamente de controlar la frontera. También hay que garantizar la acogida, proteger a los menores, mantener los servicios esenciales y recuperar cuanto antes la normalidad de la ciudad.
La infancia como víctima transversal de las crisis
Las crisis no afectan a todas las personas de la misma manera. Su impacto depende de la edad, la situación familiar, los recursos disponibles y la capacidad para comprender lo que sucede. La infancia presenta una vulnerabilidad particular porque depende de las decisiones de los adultos y apenas dispone de medios para defender sus propios intereses.
Los menores migrantes no eligieron el desarraigo, la travesía ni el desamparo. Los menores ceutíes tampoco eligieron el miedo, la pérdida de sus espacios cotidianos o la suspensión de las actividades que conformaban su verano.
Proteger a unos no exige ignorar a los otros. Tampoco cabe establecer una competencia entre sus sufrimientos. Una política responsable debe atender cada vulnerabilidad de acuerdo con su naturaleza y gravedad, sin enfrentar a quienes padecen las consecuencias de una misma crisis.
La seguridad pública del siglo XXI debe ser capaz de controlar una frontera, ordenar una emergencia, atender dignamente a quienes llegan y devolver la normalidad a quienes viven en el territorio. Su éxito no debería medirse únicamente por el número de entradas impedidas, retornos realizados o plazas habilitadas. También debe valorarse por su capacidad para evitar que ninguna infancia quede fuera de la protección institucional.
(*) Fidel Bedia Castillo es coordinador académico del Máster Universitario en Seguridad Pública de UNIR. Criminólogo y Doctor en Bioética. Ha colaborado con varias universidades y distintos centros oficiales de formación policial en España y Guatemala. Posee una dilatada trayectoria profesional en el ámbito de la seguridad pública y las emergencias.
- Facultad de Derecho
