El derecho al olvido permite solicitar que determinados enlaces a información personal dejen de aparecer en los resultados de búsqueda asociados al nombre del afectado. Para ejercerlo, hay que solicitar la desindexación a buscadores como Google o Yahoo.
En la era de la sobreexposición informativa, el derecho al olvido se ha convertido en una herramienta jurídica esencial para que los ciudadanos recuperen el control sobre su pasado digital. El concepto se refiere a la capacidad legal de impedir la difusión de información personal a través de buscadores web cuando esta es obsoleta, carece de interés público o lesiona la privacidad del usuario. Así, este mecanismo garantiza que la huella digital de una persona no dure para siempre, permitiendo que la identidad online se pueda eliminar.
Frente a la constante evolución normativa, la especialización en este ámbito resulta imprescindible. Por ello, realizar un Máster en Protección de Datos como el que ofrece UNIR permite a los juristas y consultores abordar con garantías los retos que plantea la privacidad en contextos digitales. Esta formación proporciona las competencias necesarias para gestionar el equilibrio entre el derecho a la información y el respeto a la intimidad, una demanda cada vez más frecuente en el mercado laboral actual.
¿Qué es el derecho al olvido?
En Google, el derecho al olvido se define como aquel que permite que se soliciten retiradas de resultados de búsqueda en consultas que incluyan el nombre de una persona, “si los derechos de privacidad de esa persona superan el interés de mostrar esos resultados”. La definición aportada por el gigante tecnológico subraya que el derecho al olvido no consiste en un borrado total de la web, sino en un proceso de desindexación. Es decir, la información permanece en el sitio original, pero deja de ser visible de forma automatizada cuando se realiza una consulta por el nombre del afectado.
Por ejemplo, cuando un motor de búsqueda enlaza noticias con datos antiguos sobre incidentes que ya han sido resueltos o que carecen de trascendencia, como una sanción administrativa menor o un proceso judicial determinado, es posible que se ofrezca una imagen sesgada que no corresponde a la realidad presente de la persona, afectando de forma injustificada a su reputación o a su integridad. Precisamente, en eso es en lo que consiste el derecho al olvido, en la capacidad de solicitar que esos enlaces se oculten para que los hechos del pasado no perjudiquen la trayectoria vital y profesional de un ciudadano.
¿Cómo ejercer el derecho al olvido?
En cuanto a cómo se ejerce el también denominado derecho de supresión, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) establece un proceso estructurado así:
- Petición previa al responsable: el primer paso es dirigirse directamente al buscador (mediante formularios de Google derecho olvido o herramientas similares de otros motores como Bing o Yahoo) o a la fuente original de los datos. Se debe concretar cuáles son los enlaces que se desean desindexar y los motivos que justifican la solicitud.
- Valoración de criterios: en este paso, los buscadores evalúan si la información tiene interés público por su naturaleza o por la relevancia pública del afectado. También se analiza si los datos son veraces, si están actualizados y si el paso del tiempo ha restado valor informativo a la noticia o a la publicación.
- Tutela de derechos ante la AEPD: si el responsable del tratamiento de los datos no responde en el plazo de un mes o deniega la petición de forma injustificada, se puede interponer una reclamación de tutela ante la AEPD. Es necesario adjuntar copia de la respuesta recibida o acreditar que se realizó la solicitud en un primer momento.
- Alcance del bloqueo: cuando se considera la solicitud, los buscadores impiden que los enlaces aparezcan en los resultados de búsqueda realizados bajo el nombre de la persona. No obstante, la información no desaparece ni se elimina de internet, ya que sigue siendo accesible si se busca por otros términos distintos al nombre del individuo.
Su importancia y utilidad justifican por qué es necesario el derecho al olvido en internet. Además, sin este mecanismo, cualquier dato negativo, por antiguo o irrelevante que fuera, permanecería en internet para siempre, condicionando la reputación de una persona. Es una protección personal, que permite que la identidad digital de un individuo refleje su realidad presente y no los errores o problemas del pasado.
El marco jurídico del derecho al olvido
El derecho al olvido digital tiene su origen en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de mayo de 2014, la cual reconoció por primera vez que los gestores de motores de búsqueda son responsables del tratamiento de datos. A raíz de este fallo, se estableció que los ciudadanos pueden exigir que se retiren los enlaces a información que les perjudique si esta ya no es necesaria para los fines originales.
La base legal que sustenta estas garantías se articula principalmente a través de dos normativas:
- Reglamento General de Protección de Datos (RGPD): a nivel europeo, el derecho al olvido se recoge explícitamente en su artículo 17. Esta normativa establece las condiciones bajo las cuales los interesados tienen derecho a obtener la supresión de sus datos personales, como cuando estos ya no son necesarios o el interesado anula su consentimiento.
- Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales (LOPDGDD): esta ley, adaptada al marco europeo, profundiza en el derecho al olvido en redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes. Concretamente, en el artículo 93 se garantiza el derecho de toda persona a que los buscadores dejen de indexar información personal inadecuada o irrelevante tras una búsqueda por su nombre. Por su parte, el artículo 94 permite solicitar la supresión de datos publicados anteriormente en redes sociales o servicios equivalentes cuando resulten excesivos u obsoletos.
Esta regulación busca permitir que la tecnología siga avanzando sin atropellar la dignidad humana, exigiendo a las empresas y organismos públicos una gestión ética y transparente de la información.
Dominar estas leyes es el primer paso para cualquier profesional que aspire a roles exigentes, como el de Delegado de Protección de Datos, una figura clave en la supervisión de este tipo de cumplimientos normativos y en la protección de los derechos de la ciudadanía en contextos digitales como el derecho al olvido.
Bibliografía
- Agencia Española de Protección de Datos. (s. f.). Derecho al olvido. Recuperado de https://www.aepd.es/areas-de-actuacion/internet-y-redes-sociales/derecho-al-olvido
- Boletín Oficial del Estado. (2018, 5 de diciembre). Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Boletín Oficial del Estado, (294). Recuperado de https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673
- Google. (s.f.). Cómo ejerce Google el derecho al olvido. Ayuda de Asuntos Legales. Recuperado de https://support.google.com/legal/answer/10769224?hl=es
- Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2016, 27 de abril). Artículo 17: Derecho de supresión («el derecho al olvido»). Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento General de Protección de Datos). Recuperado de https://www.privacy-regulation.eu/es/17.htm
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea. (2014, 13 de mayo). Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 13 de mayo de 2014. Google Spain SL y Google Inc. contra Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y Mario Costeja González (Asunto C-131/12). InfoCuria. Recuperado de https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/redirect?source=document&docid=152065&doclang=ES
