Alfredo A. Rodríguez Gómez
La guerra de Ucrania ha reforzado su aparato de seguridad, pero también ha aumentado su dependencia de quienes controlan la información, el acceso y la coerción. El poder construido para protegerlo podría estar estrechando su margen real de decisión.
Rusia presenta hoy una paradoja política muy significativa. Durante más de dos décadas, Vladimir Putin construyó un sistema pensado para asegurar su permanencia en el poder: debilitó focos alternativos de influencia, disciplinó a los oligarcas, restringió a la oposición, subordinó buena parte de los medios y reforzó a los servicios de seguridad. Sin embargo, la guerra de Ucrania somete esa arquitectura a una presión que plantea una pregunta clave: ¿puede el aparato creado para proteger al presidente acabar limitando su capacidad efectiva de decisión?
La pregunta exige mucho tiento, porque no hay pruebas suficientes de que Putin haya perdido el control del régimen ni de que el Servicio Federal de Seguridad (FSB) o el Servicio Federal de Protección (FSO) preparen su sustitución, aunque surjan voces que así lo mantengan. Sí existen, en cambio, indicios de una creciente securitización del poder ruso que merecen atención.
El ascenso de los servicios de seguridad
Desde el inicio de la invasión, los organismos de seguridad han adquirido un peso notable. El FSB, heredero de parte de las funciones del antiguo KGB y organización en la que se formó Putin, ha extendido sus competencias sobre la vigilancia, las comunicaciones, los contactos con el exterior y el espacio digital. A la vez, el FSO, encargado de la seguridad física del presidente y de las principales autoridades, ha reforzado el aislamiento y la protección del núcleo presidencial.
A primera vista, este proceso parece probar lo contrario de una pérdida de poder ya que, a la luz de los hechos, el presidente dispone de medios cada vez más eficaces para vigilar a la sociedad, controlar a las élites y neutralizar amenazas potenciales.
La paradoja de la seguridad autoritaria
Sin embargo, los sistemas autoritarios encierran una contradicción tremendamente compleja: cuanta más inseguridad percibe el gobernante, más necesita fortalecer a quienes lo protegen; pero, cuanto más poder les da, mayor capacidad adquieren para condicionar el entorno en el que él mismo decide.
Podríamos llamar a este fenómeno la paradoja de la seguridad autoritaria. Putin necesita al FSB para conocer lo que sucede en Rusia, detectar amenazas, controlar a la oposición y vigilar a las élites. Y depende del FSO para protegerse y regular el acceso a su entorno inmediato. Pues bien, esta doble dependencia otorga a ambas organizaciones un recurso decisivo en cualquier sistema político: la capacidad de determinar quién llega hasta el gobernante y qué información recibe.
Es aquí donde nace un problema quizá más grave que una conspiración hipotética.
La degradación de la información
Uno de los principales riesgos de los regímenes personalistas es el deterioro progresivo de la información. Mientras en una democracia, gobiernos, parlamentos, medios, oposición, sociedad civil y Administraciones ofrecen perspectivas contrapuestas que obligan a quien decide a contrastar distintas interpretaciones de la realidad, aunque resulte incómodo, en un sistema autoritario, estos mecanismos de corrección se debilitan e, incluso, desaparecen en gran medida o totalmente.
Si transmitir una mala noticia puede perjudicar una carrera y confirmar las expectativas del superior puede impulsarla, surge un gran incentivo para adaptar la información a lo que el dirigente quiere oír.
La invasión de Ucrania es un ejemplo muy elocuente. Está ampliamente documentado que las previsiones iniciales rusas sobre la resistencia ucraniana, la capacidad de sus propias fuerzas armadas y la respuesta occidental resultaron absolutamente erróneas. Diversos informes han señalado graves deficiencias en la información aportada por los servicios rusos antes de la invasión.
De ello surge una hipótesis: que algunos sectores del aparato de seguridad engañaron deliberadamente a Putin. No hay pruebas suficientes para sostenerla. Existe una explicación más sencilla y quizá más preocupante: que el propio sistema terminara generando la información que el Kremlin deseaba recibir.
Se forma así un círculo peligroso; el gobernante concentra poder, disminuyen las voces discrepantes, los subordinados ocultan las malas noticias, la información pierde calidad y aumentan los errores. Los malos resultados alimentan entonces la desconfianza del líder, que responde con más vigilancia y represión. Paradójicamente, un mayor control puede traducirse en un menor conocimiento de la realidad.
Los costes acumulados de la guerra
La guerra añade otra fuente de tensión. Tras años de conflicto, Rusia ha mostrado una resistencia económica, militar y social mayor de la que muchos análisis occidentales anticiparon. Subestimarla sería un error. Pero resistir no equivale a no pagar costes.
El esfuerzo bélico ha reforzado la dependencia del gasto militar, presionado a sectores de la economía civil y obligado al Kremlin a equilibrar la financiación de la guerra, la estabilidad económica y la protección del nivel de vida. Al mismo tiempo, las pérdidas humanas afectan cada vez más a una sociedad que durante años se intentó mantener alejada de las consecuencias directas del conflicto.
También se oyen críticas desde ámbitos difícilmente identificables con la oposición liberal. Algunos nacionalistas, blogueros militares y figuras ligadas al esfuerzo bélico han cuestionado decisiones del Kremlin, la marcha de las operaciones y el funcionamiento institucional.
Pero conviene evitar, de nuevo, conclusiones apresuradas. Las críticas no implican que el régimen esté a punto de caer. Los sistemas autoritarios pueden soportar un descontento considerable mientras mantengan cohesionadas a sus élites, controlen los organismos coercitivos e impidan que el malestar disperso se convierta en una alternativa política organizada. Esa es la incógnita central sobre el futuro de Putin.
La cohesión de las élites, clave del régimen
La principal amenaza para su continuidad probablemente no sea una movilización popular semejante a las revoluciones clásicas ni una oposición política hoy muy debilitada. En los regímenes personalistas, las crisis decisivas suelen comenzar cuando una parte de las élites deja de ver al dirigente como indispensable y empieza a considerarlo un obstáculo para la supervivencia del sistema. Rusia no parece haber llegado aún a ese punto y, aun así, conviene seguir de cerca la evolución.
A Putin conservar el poder puede resultarle cada vez más costoso.
Las señales que debemos observar
Más que preguntarnos quién derrocará a Putin o aventurar fechas para el fin de su régimen, resulta más útil observar ciertas señales: fracturas entre las élites, disputas entre organismos de seguridad, pérdida de cohesión del aparato coercitivo, críticas crecientes desde el nacionalismo ruso, dificultades económicas persistentes y, sobre todo, cambios en la percepción de Putin como garante de la estabilidad.
El verdadero fundamento de un régimen personalista no es solo el miedo, sino también la convicción de quienes lo sostienen de que su continuidad sigue siendo preferible a cualquier alternativa.
Una dependencia cada vez más costosa
Durante más de dos décadas, Putin levantó un sistema extraordinariamente eficaz para protegerse de sus adversarios. La paradoja es que, cuanto más necesita ese sistema para sobrevivir políticamente, más depende de quienes controlan la seguridad, el acceso y la información que rodean al presidente.
Esto no significa que Putin haya perdido el poder, sino algo más sutil, y es que conservarlo puede resultarle cada vez más costoso.
En los regímenes autoritarios, el momento más peligroso no necesariamente se produce cuando el dictador o el autócrata pierde el poder, sino cuando quienes lo sostienen empiezan a preguntarse si aún lo necesitan.
(*) Alfredo A. Rodríguez Gómez es profesor en UNIR del doble Grado en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas y del Máster Universitario en Estudios de Seguridad Internacional.
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