Jorge Arana Varona
El Foro UNIR reunió a especialistas en derecho penal para analizar por qué las investigaciones por corrupción se prolongan durante años y qué herramientas permiten perseguir las redes criminales sin vulnerar las garantías judiciales.
Una transferencia entre sociedades, un contrato público aparentemente legal o un intercambio de mensajes pueden esconder una operación de corrupción. El problema para la justicia comienza cuando debe demostrar qué ocurrió realmente, quién participó y cómo se organizó la trama. A diferencia de otros delitos, la corrupción suele desarrollarse sin testigos directos, entre personas interesadas en mantener el secreto y mediante operaciones financieras difíciles de reconstruir.
El Foro UNIR analizó los obstáculos que afrontan jueces, fiscales e investigadores para obtener pruebas válidas, identificar responsabilidades y conseguir que los procedimientos concluyan sin comprometer las garantías procesales.
La sesión contó con Ricardo Basílico, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de la Capital Federal de Argentina; Sara Carou, coordinadora académica del Máster Universitario en Análisis y Prevención de la Corrupción de UNIR; y Silvia Verdugo, doctora en Derecho y docente de la universidad.
“El combate real exige una revolución metodológica, institucional y tecnológica”, afirmó Ricardo Basílico. Para el magistrado, las redes de corrupción han desarrollado estructuras internacionales capaces de ocultar sus operaciones mientras muchos sistemas judiciales continúan investigando los hechos de manera fragmentada, lenta y con recursos insuficientes.
Cinco claves del Foro UNIR
- La corrupción es difícil de detectar: Los implicados suelen compartir el interés de ocultar los hechos. “Tanto el corruptor como el corrompido se benefician de ese secreto”, explicó Ricardo Basílico.
- La prueba digital es determinante: Correos electrónicos, conversaciones, registros informáticos y movimientos financieros pueden ser esenciales, pero necesitan una cadena de custodia que garantice su integridad.
- Proteger al denunciante: Sara Carou destacó el papel de quienes alertan sobre irregularidades. “Una cosa es que se apruebe la legislación […] y otra cuestión muy distinta es que realmente esas medidas de protección se puedan llevar a cabo”.
- Evitar procesos interminables: Las investigaciones prolongadas aumentan el riesgo de desaparición o alteración de pruebas y pueden provocar reducciones de pena cuando existen dilaciones indebidas.
- Recuperar el dinero ilícito: Basílico explicó su participación en un procedimiento argentino que permitió recuperar bienes por valor de 9,5 millones de dólares y destinarlos a hospitales públicos.
- Cooperar entre países: Las organizaciones criminales actúan internacionalmente. Los expertos defendieron procedimientos más ágiles y equipos conjuntos de investigación para evitar que las fronteras dificulten la actuación judicial.
¿Por qué cuesta probar la corrupción?
Ricardo Basílico comenzó su intervención diferenciando la investigación de los delitos tradicionales de los delitos de corrupción pública.
En un robo pueden existir cámaras de seguridad, testigos presenciales, huellas o una escena del crimen perfectamente identificable. En cambio, una operación corrupta puede desarrollarse durante meses mediante acuerdos privados, sociedades intermediarias, contratos públicos o transferencias que aparentemente forman parte de una actividad económica ordinaria.
“Investigar la corrupción implica reconstruir escenarios muchas veces opacos, escenarios invisibles, muchas veces años después de que los hechos hayan ocurrido”, explicó el magistrado.
La primera dificultad es que frecuentemente no existe una víctima individual que denuncie los hechos. El perjuicio puede afectar al conjunto de la ciudadanía, a las instituciones públicas o al funcionamiento del mercado.
La segunda es el denominado pacto de silencio. Quien entrega un soborno y quien lo recibe pueden obtener beneficios de la operación, por lo que ninguno tiene interés en revelar lo sucedido.
Además, Basílico advirtió que las investigaciones deben superar una visión limitada de estos delitos como actuaciones individuales. Un caso de contratación pública fraudulenta puede involucrar simultáneamente a responsables políticos, directivos empresariales, intermediarios y entidades financieras.
Del maletín a las criptomonedas
La transformación tecnológica ha añadido otra dificultad: seguir el rastro del dinero.
“La ruta del dinero ha dejado de ser un maletín lleno de efectivo”, señaló Basílico. Los investigadores pueden encontrarse actualmente con transferencias electrónicas cruzadas, estructuras societarias complejas, operaciones internacionales y criptoactivos utilizados para dificultar la identificación del origen o destino de los fondos.
Este escenario obliga a incorporar competencias propias de la investigación financiera y la cibercriminalidad.
El magistrado destacó tres problemas especialmente relevantes para la utilización de pruebas digitales en un procedimiento penal: conservar la información original, acreditar que no ha sido manipulada y conseguir que su obtención e incorporación al juicio respeten los derechos fundamentales.
No basta, por tanto, con localizar una conversación incriminatoria o encontrar un movimiento bancario sospechoso. También es necesario demostrar cómo se obtuvo esa información, quién tuvo acceso a ella y qué procedimientos garantizan su autenticidad.
Silvia Verdugo reforzó esta idea al recordar que las brechas de seguridad y los ataques informáticos afectan tanto a empresas privadas como a organismos públicos.
La especialista defendió que la protección de la cadena de custodia digital requiere conocimientos jurídicos, pero también herramientas de ciberseguridad capaces de preservar los documentos y sistemas utilizados durante la investigación.
Cuando el tiempo destruye la prueba
La duración de los procedimientos fue otro de los principales asuntos del debate.
Sara Carou explicó que uno de los mayores riesgos de los macrocasos de corrupción es que las investigaciones y los procesos penales se prolonguen excesivamente.
“El tiempo puede comprometer la prueba”, advirtió al señalar que durante esos periodos pueden desaparecer documentos, alterarse registros o surgir dificultades para demostrar que la cadena de custodia se mantuvo intacta.
A ello se añade otro efecto jurídico importante: las dilaciones indebidas pueden tener consecuencias sobre la pena finalmente impuesta cuando concurren los requisitos previstos en cada ordenamiento jurídico.
La especialista defendió que los sistemas judiciales necesitan procedimientos suficientemente ágiles para investigar fenómenos criminales complejos, pero sin sacrificar las garantías procesales.
“Es sumamente importante compaginar garantías procesales y respeto a esas garantías con un procedimiento lo suficientemente ágil”, resumió Carou.
El reto consiste en evitar que la burocracia termine perjudicando tanto a quienes investigan como a las propias personas investigadas, que también tienen derecho a un procedimiento desarrollado dentro de unos plazos razonables.
Investigar sin vulnerar derechos
La necesidad de obtener pruebas eficaces plantea una cuestión fundamental: ¿cómo investigar operaciones complejas sin vulnerar la presunción de inocencia ni el derecho de defensa?
Basílico abordó esta pregunta a partir de los procedimientos por enriquecimiento ilícito y otras figuras relacionadas con la corrupción.
El magistrado explicó que las autoridades deben fundamentar sus actuaciones en una investigación previa y respetar las garantías constitucionales del investigado, que debe disponer de oportunidades efectivas para conocer y contradecir las pruebas presentadas.
Esta exigencia también se aplica a los registros digitales, documentos financieros o imágenes obtenidas mediante tecnologías especializadas.
El acusado debe poder cuestionar su autenticidad, solicitar las pericias correspondientes y ejercer su defensa en condiciones adecuadas.
La eficacia de una investigación, por tanto, no justifica prescindir de las garantías. Una prueba conseguida mediante procedimientos que vulneren derechos fundamentales puede terminar siendo excluida, debilitando precisamente el caso que pretendía sostener.
Las fronteras no detienen al crimen
La cooperación internacional fue otra de las grandes conclusiones del Foro UNIR.
Sara Carou explicó que numerosas organizaciones criminales actúan simultáneamente en distintos países y aprovechan las diferencias normativas, institucionales y administrativas para dificultar su persecución.
“Las organizaciones criminales se han convertido en multinacionales del crimen”, afirmó.
El problema aparece cuando una investigación necesita acceder a información bancaria, documental o digital que se encuentra en otra jurisdicción.
Aunque existen tratados y mecanismos de cooperación, los procedimientos pueden sufrir retrasos derivados de autorizaciones judiciales, solicitudes formales o diferencias entre ordenamientos jurídicos.
Carou señaló que la Unión Europea ha desarrollado instrumentos que facilitan determinados mecanismos de cooperación y reconocimiento de resoluciones, pero recordó que las investigaciones internacionales no pueden limitarse a un único espacio regional.
Como referencia, propuso observar los avances conseguidos mediante la cooperación judicial y policial contra el terrorismo, un ámbito donde los países han desarrollado sistemas específicos para intercambiar información y coordinar actuaciones.
Basílico coincidió en que combatir redes internacionales mediante investigaciones aisladas dificulta reconstruir el conjunto de las operaciones criminales.
La formación también combate la corrupción
El Foro UNIR concluyó destacando que mejorar la investigación de estos delitos exige profesionales de diferentes disciplinas.
Sara Carou defendió la necesidad de formar a jueces, fiscales y abogados, pero también a periodistas, economistas, policías y trabajadores de organizaciones que gestionan recursos públicos.
El periodismo de investigación, explicó, desempeña un papel especialmente importante porque permite visibilizar posibles irregularidades y contribuir al conocimiento público sobre prácticas corruptas.
Los economistas, por su parte, pueden colaborar en el seguimiento de movimientos financieros y la identificación de operaciones contables sospechosas. Los profesionales jurídicos necesitan conocer los procedimientos de obtención y valoración de pruebas, mientras que los responsables institucionales deben incorporar herramientas de prevención y transparencia.
Esta formación multidisciplinar constituye uno de los objetivos del Máster Universitario en Análisis y Prevención de la Corrupción de UNIR, coordinado académicamente por Sara Carou y en cuyo claustro participa Silvia Verdugo. El programa aborda el fenómeno tanto desde el sector público como desde el privado, incluyendo sus dimensiones jurídicas, políticas y sociales.
El encuentro dejó una conclusión compartida: la corrupción no puede investigarse eficazmente mediante los mismos procedimientos utilizados para hechos delictivos simples y aislados.
Cuando las organizaciones criminales utilizan estructuras empresariales, operaciones internacionales y nuevas tecnologías para ocultar sus actividades, la respuesta exige investigación financiera, pruebas digitales, cooperación internacional y protección de los derechos fundamentales.
Porque descubrir un posible caso de corrupción es solo el comienzo. El verdadero desafío para la justicia consiste en reconstruir los hechos, demostrar las responsabilidades y conseguir que las pruebas resistan hasta el final del procedimiento.
- Ciencias Políticas – Foros
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