Miércoles, 13 mayo 2020

La responsabilidad del abogado: responsabilidad civil, penal y disciplinaria

Las decisiones y actuaciones de los abogados deben respetar la legislación vigente. Así, en el caso de que causen algún tipo de daño a su cliente, bien sea por negligencia, por falta de profesionalidad o de forma consciente, deberán responder por ello. Es lo que se conoce como la responsabilidad profesional del abogado. A continuación te damos las claves para diferenciar los diferentes tipos de responsabilidad de un abogado: civil, penal y disciplinaria, y las consecuencias que pueden producirse.

La responsabilidad profesional del abogado nace de la relación contractual con la parte a la que defiende, sea una persona o una empresa, y del deber de cumplir con esa misión de defensa con diligencia y guardando el deber de secreto profesional. Tanto el Estatuto General de la Abogacía como el Código Deontológico establecen la obligación para el abogado de desempeñar su tarea en línea con unos criterios y obligaciones. 

Durante la representación de su cliente, el abogado debe respetar tanto las leyes vigentes como los códigos deontológicos y éticos y, en caso de incumplimiento y de que cause un perjuicio a su cliente, sea por acción u omisión, será necesario depurar las pertinentes responsabilidades en que se incurra: civil, penal y disciplinaria. 

Responsabilidad civil del abogado

Los abogados están sujetos a responsabilidad civil en el ejercicio de su profesión cuando por dolo o negligencia dañen los intereses que por obligación deben cuidar. 

El contrato de servicio es el vínculo que une al cliente y al abogado. Si por negligencia causa algún perjuicio en el patrimonio o en los intereses de su representado, el abogado puede incurrir en responsabilidad civil. Cuando el cliente considere que así ha sucedido, puede acudir a los Tribunales para pedir su resarcimiento.

Los abogados deben contratar un seguro de responsabilidad civil para el ejercicio de su profesión. Como marca el Código Deontológico, este seguro debe cubrir de forma adecuada los riesgos económicos a los que están expuestos.

Responsabilidad penal del abogado

En casos más extremos, las acciones del abogado —realizadas por acción directa o por omisión— pueden ser constitutivas de un delito y el Estatuto General de la Abogacía establece que los profesionales serán responsables penales por los delitos o faltas que cometan en el ejercicio de su profesión. 

Los delitos más habituales que puede cometer un abogado cuando desempeña su trabajo son el de falsedad documental, la revelación de secretos, la estafa procesal, apropiación indebida, blanqueo de capitales, cohecho, encubrimiento o tráfico de influencias, entre otros.

Por ejemplo, un abogado que infle la minuta y cobre más de lo debido a su cliente  —y para ello falsee o ‘maquille’ las facturas de honorarios— estará cometiendo delitos de estafa y falsedad documental. También puede ocurrir que el abogado haga suyas cantidades económicas.

Responsabilidad disciplinaria del abogado

El Estatuto General de la Abogacía establece que las infracciones cometidas se clasifican en leves, graves o muy graves, y corresponde a la Abogacía española o al correspondiente colegio profesional la aplicación del régimen disciplinario.

  • – infracciones muy graves: abarcan desde el no respeto a las situaciones de incompatibilidad, los requisitos de publicidad, atentados contra la dignidad u honor de compañeros de profesión, hasta la embriaguez o consumo de drogas que afecten al ejercicio de la profesión, intrusismo profesional o comisión de delitos dolosos como consecuencia de sus actos u omisiones como abogado, entre otros. 
  • – infracciones graves: destaca el incumplimiento de las normas estatutarias o de los acuerdos adoptados por los órganos colegiales o la competencia desleal.
  • – infracciones leves: están la negligencia o incumplimientos leves de acciones como las descritas anteriormente y que no puedan ser consideradas como graves o muy graves. 

Sanciones disciplinarias

Pueden imponerse las siguientes sanciones disciplinarias:

  • – amonestaciones privadas
  • – apercibimientos por escrito
  • – suspensión del ejercicio de la abogacía de hasta dos años
  • – expulsión del Colegio en el que se estuviera inscrito

Las sanciones o correcciones que impongan los Tribunales por alguna de las tres vías explicadas (civil, penal o disciplinaria) a los abogados constaran en el expediente profesional del colegiado. Esta anotación en el expediente personal se cancelará transcurrido su correspondiente plazo, de oficio o a petición del sancionado.

Por ejemplo, se considera infracción muy grave ser condenado por un delito penal y la sanción correspondiente, además de la pena que establezca la sentencia firme, puede ser la suspensión del ejercicio y la expulsión del Colegio. 

Si un abogado perjudica a su cliente en el marco de su relación contractual puede incurrir, al tiempo, tanto en motivo de responsabilidad civil, penal y disciplinaria. Son vías de resarcimiento distintas y dependerá de los actos realizados y del perjuicio causado. 

Sin embargo, la responsabilidad a la que está sujeta el abogado por el carácter de su labor no implica que sea responsable de forma automática de cualquier perjuicio patrimonial que sufra su cliente a raíz de un pleito. Serán los Tribunales los que determinen si el abogado ha causado algún perjuicio o ha cometido algún delito por el que deba ser sancionado.