Lunes, 03 agosto 2020

Compulsión sobre las personas, ¿en qué consiste?

Como abogado e incluso como ciudadano es de gran importancia manejar algunos conceptos jurídicos que faciliten la labor profesional. Uno de ellos es la compulsión sobre las personas, un mecanismo del proceso administrativo que explicamos en este post.

¿Qué es la compulsión sobre las personas?

Es un medio de ejecución forzosa de los actos administrativos. Así pues, para entender mejor qué es este procedimiento es necesario hablar primero de los propios actos administrativos.

La relación entre los ciudadanos y la Administración se articula a través de los actos administrativos. De forma simplificada, es el nombre que toman las manifestaciones de actividad administrativa y pueden ser declaraciones expresas o tácitas en aplicación del derecho.

Puede nacer de oficio, por voluntad propia, de la Administración o a instancia de parte, que es cuando un ciudadano solicita algún tipo de respuesta o actividad a Administración. Los actos pueden ser expresos y escritos, pero también tácitos o presuntos de acción o de omisión: expresiones de acuerdo, resoluciones expresas o por silencio, providencias…

 

Los actos administrativos tienen consecuencias jurídicas —crean o extinguen derechos— para un ciudadano o una empresa que pueden ser de hacer, no hacer o soportar determinada acción. Es decir, tiene la capacidad para conceder o revocar un derecho, para exigir que se realice o deje de realizar una conducta o para revertir la decisión administrativa que haya tomado otro organismo. El acto administrativo tiene efecto inmediato y el Estado, a través de la Administración, tiene que asegurar que se cumpla.

Ejemplos de actos administrativos

Una multa es un acto administrativo de carácter sancionador que la Administración impone una sanción a un ciudadano o a una empresa por infringir una norma jurídica. Una multa de tráfico o una multa por carecer de un permiso de obra para construir un edificio son ejemplos de este acto administrativo.

El grado de la sanción se acomoda a la acción y su lesividad. En el caso de las sanciones leves, la Administración impone normalmente una obligación de hacer: abonar un determinado monto económico como sanción por incumplir la norma. Siguiendo con el ejemplo de las multas de tráfico, en el caso de las infracciones muy graves (como la conducción temeraria o excesos de velocidad elevados) junto con la sanción económica se puede imponer la retirada del permiso de conducir, lo que convierte la sanción en un acto de no hacer (obligación de no conducir porque no se tiene la licencia que habilita para ello).

También es un acto administrativo la resolución que concede, por ejemplo, una beca de estudios o el que resuelve un proceso de licitación y adjudica un derecho a una empresa.

 

Casos de compulsión forzosa

Como se ha indicado, la Administración tiene que asegurar que los ciudadanos y las empresas dan cumplimiento a sus obligaciones administrativas derivadas de los actos expresos o tácitos que adoptan los distintos organismos públicos, desde ayuntamientos hasta ministerios.

El procedimiento de compulsión forzosa de un acto administrativo es la herramienta de la que se valen los órganos administrativos para garantizar el cumplimiento de una obligación personalísima de no hacer o soportar. La ley otorga este mecanismo a la Administración como instrumento para garantizar el cumplimiento de los actos en defensa del interés general.

¿Qué es una obligación personalísima?

Son aquellas de carácter intransferible e intransmisible, que no pueden ser desarrolladas por otras personas. Pueden ser de hacer, de no hacer o soportar. Por ejemplo, una deuda es una obligación personalísima: el deudor está obligado al pago del dinero adeudado al acreedor, la deuda es una obligación personalísima de hacer. El sujeto está obligado a hacer un acto para cumplir su obligación.

En esta línea, una obligación de no hacer consistirá en la abstención por parte de un ciudadano o empresa de realizar una acción. Un ayuntamiento puede dictar un acto con una obligación personalísima de no hacer que consista, por ejemplo, en no construir en determinada área de un municipio en protección de un bosque (obliga a no cortar los árboles, a no edificar). También sirve como ejemplo las normas que se dictan en una comunidad de propietarios: los vecinos pueden establecer obligaciones de no hacer a los propietarios como “no instalar aparatos de aire acondicionado” en las fachadas exteriores.

 

Ejemplos de compulsión directa sobre las personas

De acuerdo a la normativa vigente, la compulsión directa sobre las personas se aplica únicamente sobre obligaciones personalísimas de no hacer o soportar “en los casos en que la ley expresamente lo autorice” y requiere habilitación legal y el respeto en su ejercicio a la dignidad de las personas y a los derechos constitucionales.

La compulsión implica el uso de la fuerza física sobre el ciudadano obligado —aunque también cabe su aplicación a personas jurídicas— y se manifiesta en medidas como la prohibición de entrada a un lugar, la privación momentánea de libertad o el desplazamiento de una persona de un lugar a otro, acciones que ejecutan agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado atendiendo a la necesidad de velar por la seguridad ciudadana.

El desalojo de personas que ocupan indebidamente una zona de dominio público se realizaría sujeta a este procedimiento de compulsión forzosa, previamente validado por la autoridad competente y siempre que la ley lo permita.

 

Otro de los casos en los que legalmente se autoriza un procedimiento de compulsión sobre las personas es la vacunación obligatoria, como indica la Ley de Bases de la Sanidad Nacional. En este supuesto, las autoridades pueden adoptar medidas de reconocimiento, hospitalización o control cuando crean que hay peligro para la salud de los ciudadanos debido a una situación sanitaria concreta y activar un procedimiento por compulsión que fuerce a realizar determinadas acciones sobre una persona.

Además, la norma que regula la compulsión expresa que si se trata de una obligación personalísima de hacer y no se realiza la prestación, el obligado debe resarcir los daños y perjuicios y la administración liquidará y cobrará el monto pertinente.