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Esta rama del derecho público estudia el conjunto de fuentes, principios y reglas que determinan la organización del Estado de un país. También, las instituciones y organización territorial del mismo.
En el caso de España, la norma principal del derecho constitucional es la Constitución vigente, promulgada en 1978. Pero esta especialidad abarca tanto los valores, principios y derechos de la Carta Magna y las garantías que se establecen frente al poder, como el estudio del conjunto de normas que componen lo que se denomina el bloque de la constitucionalidad, entre ellas los Estatutos de Autonomía de las comunidades autónomas.
Ámbito de aplicación del derecho constitucional
La Constitución y el bloque de normas constitucionales constituyen el marco sobre el que se desarrolla toda la estructura jurídica del país. La Constitución tiene como fin garantizar y proteger el Estado de derecho: es la norma principal del ordenamiento y es un texto jurídico-político que prevalece sobre cualquier otra ley o normativa que se promulgue.
La Constitución contiene las normas fundamentales que regulan el Estado y las bases sobre las que se asienta la estructura del orden social del país, define la forma en que se deben producir las demás normas que integran el ordenamiento, establece las fuentes del Derecho y su ordenación.
Como rama del derecho público, el bloque constitucional se encarga de regular las relaciones entre el Estado y los ciudadanos cuando estos se relacionan con la Administración de cualquier forma, y la relación entre los propios órganos del Estado.
Como norma que vertebra el ordenamiento jurídico, la Constitución fija sus principios generales que rigen al Estado (libertad, justicia, igualdad y pluralismo político) y una serie de principios constitucionales que los poderes públicos deben respetar en todo momento:
- Principio de legalidad: todas las actuaciones de la Administración están sujetas a la ley.
- Jerarquía normativa: las normas de rango inferior no pueden contradecir a las de rango superior.
- Publicidad de las normas: para garantizar la seguridad jurídica, los ciudadanos han de poder conocer las normas que están obligados a cumplir.
- Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales
- Seguridad jurídica: se refiere a la estabilidad del ordenamiento y a que el conjunto de normas debe producir certeza y confianza en el ciudadano, que podrá saber en todo momento las normas vigentes.
- Responsabilidad en el sentido de la obligación de reparar un perjuicio resultante de una acción o inacción.
El derecho constitucional sirve también como mecanismo para vigilar que se cumplen los preceptos contenidos en la Constitución y define los límites del poder del Estado (poder Ejecutivo), de los legisladores (poder Legislativo) y de los poderes públicos del país.
Además de recoger los principios definidores del Estado, el texto de la Constitución incluye un bloque de garantías individuales de la ciudadanía, que aborda tanto los derechos fundamentales sustantivos como los procesales, definiendo así su relevancia y obligación de respeto en la normativa que se desarrolle para regular cualquier ámbito legal.
¿Quién protege el cumplimiento de la Constitución?
El Tribunal Constitucional (TC) es el “intérprete supremo de la Constitución” y entre sus funciones están:
- Controlar la constitucionalidad de las leyes.
- Velar por el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos que se recogen en el texto de la Carta Magna.
- Decidir en los casos de conflicto de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas.
Así, la propia Constitución establece que el TC es una pieza fundamental del Estado social y democrático de derecho en que se configura España, siendo independiente de los demás órganos constitucionales y sometido solo a lo que dicta la Carta Magna y la Ley Orgánica que regula su función. Este poder e independencia es la vía para garantizar el cumplimiento de su misión, íntimamente ligada a la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
¿Cómo se aplica el derecho constitucional?
Los principios y fundamentos que establece la Constitución deben reflejarse en todas las normas y reglamentos que los legisladores —el propio Parlamento nacional o las Asambleas de las comunidades autónomas— elaboran.
Para controlar ese debido cumplimiento, el TC cumple la función de control de la constitucionalidad de las normas, impidiendo la promulgación de aquellas que no estén alineadas con lo que dice la Constitución, bien porque no respeta los derechos establecidos o bien porque el órgano que la dicta carece de competencia para regular esa materia que pretende.
Además, el TC tiene capacidad para conocer de los recursos de amparo que puede interponer cualquier persona física, nacional o extranjera, o jurídica, frente a las violaciones de los libertades y derechos que se recogen en los artículos 14 a 30 de la Constitución. En este bloque se enmarcan preceptos vitales para el ordenamiento español como:
- La igualdad ante la ley de todos los españoles.
- La no discriminación.
- La libertad ideológica, religiosa y de culto.
- La libertad y seguridad personal.
- La libertad de expresión.
- El derecho de reunión, asociación y participación, entre otros.
