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¿Cuánto gana un perito social en España?

Las retribuciones de un perito social dependen de la complejidad de cada caso, de modo que la emisión de un informe y su defensa en juicio oscila entre los 1.000 y 3.000 euros.

Los informes de peritaje social son dictámenes realizados por profesionales ajenos a la judicatura para determinar las condiciones sociales de una persona en determinados procedimientos, como custodia de hijos en caso de divorcio, grados de dependencia para conceder una ayuda o indemnizaciones tras un accidente de tráfico. Los peritos sociales son los profesionales encargados de realizar estos estudios. Cuánto gana un perito social viene determinado por su especialidad y la cantidad de casos asumidos.

Los peritos sociales son profesionales del ámbito de las ciencias sociales, el derecho o la psicología especializados en realizar informes periciales de forma objetiva para que estos sean tenidos en cuenta por un juez en aquellos casos que requieran de este tipo de informes sociales. En concreto, el perito social valora aquellas cuestiones que permiten conocer el contexto de un individuo sobre aspectos relacionados con su familia, vivienda, ingresos económicos, formación educativa, cultural, etc.

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Los servicios de un perito social pueden ser reclamados por el propio juzgado o las partes. En el primer caso los honorarios se incluyen dentro de las costas judiciales mientras que en el segundo los abonará el cliente. Por ejemplo, en un juicio por la custodia de un menor el juez puede solicitar un informe pericial a un perito social para que evalúe la situación del menor. En caso de que los progenitores no estén de acuerdo con las conclusiones de ese informe, pueden contratar de forma privada a otro perito (habilitado y colegiado) para que emita otro informe.

El sueldo de un perito social depende de la especialidad y la cantidad de casos asumidos. Los honorarios no pueden fijarse, ya que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) lo considera contrario a la competencia. La Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, establece en su artículo 1 que “se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional”. Es decir, son ilegales los baremos de honorarios para los peritos que sí se hacían antes desde los colegios profesionales.

Esto implica que cada perito tiene plena libertad para establecer cuánto va a cobrar por su trabajo. Las retribuciones suelen depender de su experiencia y prestigio por lo que la cifra puede variar entre los 1.000 y 3.000 euros por emitir un informe y defenderlo en juicio.

Además, las retribuciones que recibe un perito social dependen de cuestiones como:

  • Dificultad del caso e individuos implicados.
  • Reuniones y entrevistas necesarias, lo que puede implicar desplazamientos, comidas y/o pernoctaciones.
  • Cantidad y complejidad de los documentos a analizar y horas invertidas.
  • Visitas a los juzgados.
  • Plazos fijados en función de la urgencia.

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Condiciones para ejercer como perito social

La figura del perito está amparada por la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7/1/2000. Aunque en ella no se especifiquen los pormenores en el caso concreto de los peritos sociales, en su artículo 341 se recoge que para la designación de los mismos, en caso de no haber acuerdo entre las partes, es decir, de ser reclamados por los juzgados, “en el mes de enero de cada año se interesará de los distintos colegios profesionales o, en su defecto, de entidades análogas, así como de las academias e instituciones culturales y científicas (….) el envío de una lista de colegiados o asociados dispuestos a actuar como peritos. La primera designación de cada lista se efectuará por sorteo realizado en presencia del Letrado de la Administración de Justicia, y a partir de ella se efectuarán las siguientes designaciones por orden correlativo”. De este modo, en cada comunidad o provincia hay una guía oficial de peritos colaboradores a los que se puede recurrir tanto de forma particular como desde el juzgado o fiscalía.

Los peritos sociales habitualmente tienen como formación de base el Grado en Trabajo Social o en Educación Social, aunque también hay perfiles que provienen de la carrera de Derecho o Psicología. En todos los casos, es necesario un curso específico sobre peritaje social, que puede ser genérico o especializado en una área concreta.

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