Diana Catalina Gutierrez
La entrevista a víctimas vulnerables, el análisis del testimonio o la evaluación del daño psíquico muestran el creciente papel de la psicología forense en unos procesos judiciales que exigen cada vez mayor rigor científico y metodológico.

La psicología y el derecho confluyen en un escenario especialmente complejo. La aplicación del conocimiento sobre la conducta humana a la investigación criminal y al ámbito forense puede resultar determinante para obtener testimonios con garantías, evaluar las consecuencias psicológicas de un delito o aportar conocimiento especializado a un procedimiento judicial.
Sin embargo, esta intersección entre ciencia de la conducta y derecho plantea importantes desafíos. Las conclusiones de un profesional pueden tener consecuencias directas sobre víctimas, investigados y decisiones judiciales, por lo que la intervención exige métodos validados, conocimiento de sus limitaciones y estrictos principios éticos.
Los nuevos retos de la psicología aplicada a la justicia
La psicología jurídica y forense ha experimentado una importante evolución metodológica en los últimos años, impulsada por los avances científicos y tecnológicos. La investigación penal exige cada vez con mayor claridad procedimientos fundamentados en el análisis empírico y la evidencia conductual.
Uno de los principales desafíos aparece en la entrevista a personas vulnerables, especialmente niños, personas con discapacidad o víctimas que han experimentado situaciones potencialmente traumáticas.
En estos casos, la forma de formular las preguntas adquiere una importancia fundamental. Una entrevista mal planteada puede introducir información, condicionar las respuestas o afectar a la calidad del recuerdo. Por ello, los protocolos forenses buscan obtener el máximo de información posible minimizando la sugestión y evitando procesos innecesarios de revictimización.
La dimensión del problema explica la importancia de estas técnicas. Según los datos aportados por el autor, las UFAM de la Policía Nacional y los EMUME de la Guardia Civil tramitan anualmente más de 8.000 denuncias por delitos contra la libertad sexual en los que la víctima es menor de edad. Evitar la revictimización mediante técnicas de entrevista forense validadas constituye, por tanto, una prioridad para el sistema judicial.
Evaluar con rigor el daño psíquico
Otro ámbito especialmente relevante es la evaluación del daño psíquico. Determinar las posibles secuelas psicológicas asociadas a un delito exige mucho más que constatar la existencia de malestar emocional.
El perito debe analizar la información disponible, utilizar instrumentos adecuados, establecer hipótesis y valorar hasta qué punto las alteraciones observadas pueden vincularse con los hechos investigados. Todo ello debe traducirse posteriormente en un informe comprensible y defendible dentro de un procedimiento judicial.
La actividad pericial refleja la importancia que ha adquirido este trabajo. Los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) realizan, según los datos recogidos por el autor, más de 15.000 periciales psicológicas y psiquiátricas al año en España dentro del ámbito penal.
La prueba pericial necesita controlar sus propios límites
A estos desafíos se suma el control de los sesgos y de la validez de las evaluaciones.
Una prueba pericial psicológica debe poder sostenerse metodológicamente ante las partes y ante el tribunal. Esto obliga al profesional a conocer no solo cómo utilizar un instrumento de evaluación, sino también cuáles son sus limitaciones y qué conclusiones permite realmente extraer.
Esta cautela resulta especialmente importante en el análisis del testimonio. Antes de valorar un relato es necesario considerar las capacidades cognitivas de la persona, sus condiciones para testificar y las circunstancias en las que se ha obtenido la declaración.
La protección de los menores ha adquirido además un peso creciente dentro del proceso penal español. Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), se reforzó el recurso a la prueba preconstituida para evitar que determinados menores tengan que reiterar su declaración durante el juicio oral.
Según los datos aportados en el artículo original, la entrevista mediante prueba preconstituida a menores de 14 años se aplica ya en más del 85 % de las causas por abusos o agresiones sexuales infantiles, con el objetivo de reducir su exposición reiterada al proceso y el riesgo de victimización secundaria.
Qué está investigando actualmente la psicología jurídica
Estos desafíos estuvieron presentes en las jornadas sobre Aplicación de la Psicología a la Investigación del Delito, organizadas los días 25 y 26 de septiembre por la Sección de Psicología Jurídica del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
El encuentro, inaugurado por la decana Timanfaya Hernández, reunió a especialistas procedentes del ámbito académico, policial y forense para abordar algunos de los principales avances en la aplicación de la psicología a la investigación criminal.
Las jornadas se articularon en torno a dos grandes ámbitos: la psicología criminal y de investigación y la psicología forense aplicada a la prueba pericial.
Perfilación criminal y análisis de la conducta
Dentro del primer bloque, el comandante de la Guardia Civil Andrés Sotoca Plaza abordó la perfilación criminal a través de un modelo de inferencia conductual basado en evidencia científica y en la información disponible sobre cada caso.
La perfilación no debe entenderse como una herramienta capaz de identificar automáticamente al autor de un delito, sino como un procedimiento que puede contribuir a formular hipótesis sobre determinadas características conductuales a partir del análisis sistemático de la información.
El coronel de la Guardia Civil José Luis González abordó, por su parte, la autopsia psicológica y su aplicación en investigaciones complejas. Esta metodología busca reconstruir retrospectivamente aspectos psicológicos y conductuales de una persona fallecida a partir de diferentes fuentes de información.
La policía y psicóloga criminalista Alicia Juárez centró su intervención en la entrevista de investigación policial mediante la técnica SUE, analizando sus pautas, posibilidades y límites dentro de una investigación.
Cómo obtener y analizar un testimonio
El segundo gran bloque de las jornadas estuvo dedicado a la psicología forense y la prueba pericial.
Laura González Guerrero, psicóloga forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Madrid, profundizó en las técnicas de entrevista destinadas a obtener testimonios de menores y personas con discapacidad.
Una de las ideas centrales de su intervención fue que la información debe viajar desde la memoria de la persona entrevistada hacia quien realiza la entrevista, y no al contrario. El objetivo es reducir la contaminación del recuerdo y obtener un relato lo más espontáneo posible.
Antonio Manzanero Puebla, profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid, abordó el análisis del testimonio y subrayó la necesidad de evaluar previamente las capacidades cognitivas y de testificación antes de analizar el contenido de una declaración.
Estas precauciones resultan fundamentales porque la memoria humana no funciona como una grabación exacta de los acontecimientos. Recordar implica procesos de reconstrucción que pueden verse afectados por numerosos factores y que deben considerarse en cualquier valoración forense.
La evaluación psicológica del daño causado por un delito
José Manuel Muñoz Vicente, coordinador de la Sección de Psicología Jurídica y psicólogo forense, dedicó su intervención a la evaluación del daño psíquico.
El objetivo de este tipo de pericial no consiste simplemente en determinar si una persona presenta síntomas psicológicos, sino en analizar de forma sistemática la posible huella del delito y su repercusión dentro del procedimiento judicial.
Muñoz Vicente incidió en la precisión que exige este trabajo pericial, comparándolo con una labor casi «quirúrgica» a la hora de objetivar el daño psicológico y fundamentar técnicamente sus conclusiones.
Este trabajo evidencia también una diferencia fundamental entre la intervención clínica y la forense. Ambas parten del conocimiento psicológico, pero persiguen objetivos distintos y utilizan la información dentro de contextos diferentes.
La psicología clínica se orienta principalmente hacia la evaluación y el tratamiento de la persona. La psicología forense, en cambio, responde a una cuestión planteada dentro de un procedimiento jurídico y debe proporcionar conclusiones técnicas fundamentadas que puedan ser examinadas y discutidas en sede judicial.
Por qué la especialización resulta fundamental
Dictaminar sobre cuestiones relacionadas con la imputabilidad, analizar las condiciones de un testimonio, evaluar consecuencias psicológicas o intervenir en procedimientos de familia y menores implica una elevada responsabilidad profesional.
No basta, por tanto, con disponer de conocimientos generales de psicología. El ejercicio forense requiere comprender el procedimiento judicial, conocer los instrumentos específicos de evaluación, elaborar informes periciales y ser capaz de defender técnicamente las conclusiones alcanzadas.
También exige saber distinguir aquello que la evidencia permite afirmar de aquello que no puede concluirse. En un contexto judicial, una interpretación excesiva o una metodología inadecuada pueden tener consecuencias mucho más importantes que un simple error académico.
Por ello, la especialización combina necesariamente conocimientos psicológicos, jurídicos y metodológicos, además de competencias relacionadas con la comunicación profesional y la actuación ante los tribunales.
Dónde puede trabajar un psicólogo forense
La formación en este ámbito permite desarrollar la actividad profesional en diferentes contextos, aunque el acceso a determinados puestos exige cumplir los requisitos legales y administrativos correspondientes.
Entre ellos se encuentra el ejercicio como perito psicólogo forense en el ámbito privado, mediante la elaboración de informes y contrainformes periciales.
También existen posibilidades profesionales vinculadas a la Administración de Justicia, equipos psicosociales, juzgados de familia y menores, institutos de medicina legal, instituciones penitenciarias, centros de acogida o reforma y servicios especializados de atención a víctimas.
Otros ámbitos incluyen las unidades relacionadas con la valoración de la violencia de género, la mediación familiar o penal y la investigación académica.
Se trata, por tanto, de un campo situado en la intersección entre diferentes disciplinas y en el que la calidad de la intervención depende en gran medida de la preparación técnica del profesional.
Formarse para aplicar la psicología en los tribunales
La creciente especialización de la disciplina explica la existencia de programas específicamente orientados al ámbito forense.
El Máster Universitario en Psicología Forense de UNIR, dirigido a graduados o licenciados en Psicología y a profesionales de la Medicina especializados en Psiquiatría, aborda la evaluación psicológica dentro de diferentes contextos judiciales.
La formación incorpora el trabajo con casos, elaboración y análisis de informes y contrainformes, utilización de instrumentos de evaluación y aproximación a distintos ámbitos jurisdiccionales. También permite trabajar sobre situaciones relacionadas con la credibilidad del testimonio, la imputabilidad o el daño psíquico.
El objetivo de una especialización de estas características no debería ser únicamente aprender técnicas, sino comprender cuándo pueden utilizarse, qué límites tienen y cómo deben justificarse dentro de un procedimiento judicial.
Porque la aportación de la psicología a la justicia depende precisamente de eso: aplicar el conocimiento científico con rigor suficiente para que una conclusión profesional pueda ser explicada, contrastada y sometida al escrutinio propio de los tribunales.
En este vídeo sobre el Máster Universitario en Psicología Forense de UNIR pueden consultarse contenidos adicionales sobre la metodología y aplicación de diferentes técnicas periciales en el ámbito judicial.
(*) Diana Catalina Gutiérrez Medina. Docente UNIR. Psicóloga Jurídica y Forense de la Universidad de Granada. Directora ejecutiva del Máster Universitario en Psicología Forense de la UNIR. Especializada en innovación pedagógica, experta en el ámbito civil y social, especialmente en acoso laboral.
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