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La economía actual ha obligado a los países a establecer nuevos impuestos digitales para las grandes plataformas tecnológicas. Vemos qué caracteriza a la tasa Google y su repercusión.
Con el objetivo de adaptarse a la coyuntura de la economía digital, España ha adoptado la mal denominada tasa Google, un impuesto indirecto que ha traído consecuencias jurídicas para las empresas afectadas y los gobiernos que la han implementado.
Su aplicación no está exenta de polémica a nivel global, por lo que presenta un desafío para los países implicados. En este contexto, los titulados del Máster en Fiscalidad Internacional online de UNIR tienen mucho que aportar.
¿Qué es la tasa Google?
La tasa Google es el nombre con el que se conoce popularmente al impuesto sobre servicios digitales que se ha implantado en países como España —cuyo nombre oficial es Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (IDSD)— destinado a gravar los ingresos obtenidos por grandes empresas tecnológicas a la hora de prestar servicios digitales a usuarios ubicados dentro del territorio español, aunque no tengan presencia física en él.
En general, este impuesto indirecto supone un gravamen del 3 % aplicado a los ingresos derivados de la publicidad online, los servicios de intermediación como marketplaces o redes sociales y la transmisión de datos.
En general, se dirige principalmente a grandes tecnológicas que superan una facturación de 750 millones de euros a nivel mundial y de ingresos de 3 millones de euros en España por los servicios digitales gravados. Su objetivo principal es adaptar el sistema fiscal a la economía digital y asegurar que estas empresas contribuyen fiscalmente en los países donde generan valor, independientemente de su presencia física.
¿Para qué sirve la tasa Google?
La tasa Google surge como respuesta a la desigualdad fiscal a nivel de tributación para evitar que las grandes empresas tecnológicas, que generan abundantes ingresos en muchos países, paguen pocos impuestos en relación a esos ingresos al mantener sus sedes fiscales en lugares con baja fiscalidad, como Irlanda o Luxemburgo.
Esto genera una competencia desleal para las empresas tradicionales, que pagan impuestos en los países en los que operan. Hasta la fecha, los sistemas fiscales tradicionales se basaban en la presencia física de las compañías para determinar dónde deben tributar.
De ese modo, también los gobiernos pierden importantes ingresos; la tasa Google busca recaudar parte de esos ingresos perdidos, aplicando un impuesto donde realmente se genera el valor, es decir, donde están los usuarios y clientes.
Otro de los objetivos de la imposición de este impuesto digital es hacer presión para buscar una solución global a la economía digital, reforzar el sistema fiscal a nivel internacional y llegar a un acuerdo multilateral para que estas empresas paguen de forma justa en todos los países.
En general, se trata de modernizar los sistemas fiscales para la era digital, garantizar una contribución fiscal más equitativa de las grandes tecnológicas y crear un terreno de juego más nivelado con las empresas tradicionales.
Aunque ha generado debate y oposición, especialmente desde Estados Unidos, muchos gobiernos lo vieron inicialmente como una medida necesaria hasta alcanzar una solución a la fiscalidad digital global, si bien, ahora muchos de estos gobiernos han procedido o están procediendo a su eliminación.
¿Qué supone la tasa Google para las empresas?
Para las empresas afectadas, la tasa Google supone un nuevo impuesto indirecto. Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas (pymes) que no alcancen esos niveles de facturación, también pueden ser susceptibles de verse afectadas por ella, aunque de forma indirecta.
Así, algunas de las consecuencias operativas que puede tener esta tasa para las empresas locales son:
- Posible aumento de los costes de la publicidad online en los servicios de las grandes plataformas.
- Impacto en los servicios de intermediación al aumentar las comisiones de las grandes tecnológicas para hacer frente al impuesto.
- Efectos a largo plazo en el precio de los servicios digitales que utilizan para su funcionamiento diario, como software, almacenamiento o herramientas de marketing, como las métricas de Google Ads.
Además, las empresas tienen que estar al tanto de las nuevas normas fiscales que podrían cambiar dependiendo de las decisiones gubernamentales o acuerdos internacionales y eso las obliga a coordinar su cumplimiento fiscal global, lo que puede generar un coste adicional en términos de consultoría y gestión tributaria.
Características del impuesto sobre servicios digitales a nivel jurídico
En el caso de España, la tasa Google está sujeta a la Ley 4/2020, del 15 de octubre. Sus principales características son:
- Es un impuesto indirecto que grava la prestación de determinados servicios digitales por parte de contribuyentes del mismo ubicados en el territorio de aplicación del impuesto.
- Grava la prestación de determinados servicios digitales cuando el usuario del servicio se encuentra ubicado en territorio español. Se establecen criterios para determinar la ubicación del usuario (dirección IP, lugar de pago, etc.).
- Se aplica a las grandes empresas tecnológicas que facturan a nivel mundial más de 750 millones de euros y cuyos ingresos derivados de los servicios digitales gravados en España superan los 3 millones de euros.
- Está constituida por el importe de los ingresos obtenidos por la prestación de los servicios digitales gravados a usuarios ubicados en el territorio de aplicación del impuesto. No se grava el beneficio, sino el volumen de ingresos.
- El tipo impositivo es del 3 % sobre la base imponible.
- La gestión, liquidación, recaudación e inspección del impuesto corresponde a la Agencia Tributaria (AEAT) en España.
- Los sujetos pasivos están obligados a presentar declaraciones trimestrales del impuesto y a cumplir con determinadas obligaciones formales.
- Aunque su objetivo principal es recaudatorio, también tiene una finalidad de adaptación del sistema fiscal a la economía digital y de búsqueda de una mayor equidad fiscal.
El impuesto Google es una medida adoptada a nivel nacional ante la falta de un acuerdo internacional o a nivel de la Unión Europea, de ahí que haya suscitado ciertas polémicas con otros países.
De hecho, uno de los riesgos que se mencionan es el de la doble imposición en el caso de que múltiples países impongan el impuesto sobre los mismos ingresos. Para mitigar este riesgo, se están realizando esfuerzos a nivel global (principalmente a través de la OCDE y el Consejo de la Unión Europea) para crear acuerdos que coordinen la tributación digital.
Queda claro, pues, que la tasa Google es sujeto de debate y polémica en muchos países, por lo que podría haber cambios legislativos en el futuro.
Bibliografía
- Belda, J. L. (2021). Tasa Google: canon AEDE e IDSD ¿éxito o fracaso? Revista de Estudios Financieros, (485), 10-27. (Aunque este artículo analiza el IDSD, ofrece contexto sobre la llamada “Tasa Google”).
- Comisión Europea. (2018). Un sistema impositivo justo y eficaz en la Unión Europea para el Mercado único digital. COM(2018) 147 final.
- Congreso de los Diputados. (2020). Proyecto de Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.
