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Evitar el abuso de autoridad mediante la independencia de los poderes públicos (ejecutivo, legislativo y judicial) es la finalidad de la separación de poderes, el sistema seguido en la mayoría de las democracias.
Cuando en el siglo XVIII Montesquieu planteó la doctrina de la división de poderes en su Teoría de las leyes, esta era poco más que una mera utopía, mientras que hoy se ha convertido en la base de cualquier democracia. La separación de poderes es un principio que aboga por la independencia de los órganos que han de coexistir en el funcionamiento del Estado, para que ninguno de ellos tenga plenos poderes.
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¿Qué es la división de poderes y por qué es importante?
La separación de poderes, también conocida como división de poderes, es uno de los principios fundamentales para los sistemas de gobierno democráticos modernos.
Se trata de un concepto desarrollado por el jurista, historiador y filósofo Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y barón de Montesquieu (1689-1755) quien establecía que el poder del Estado debe distribuirse entre diferentes instituciones para evitar la concentración excesiva de autoridad en un solo estamento y prevenir el abuso de poder.
Algunos de los puntos clave que explican la importancia de este sistema son:
- Equilibra el poder, evitando que una única entidad o persona pueda tener el control absoluto sobre el Estado.
- Tiene un poder protector, al salvaguardar las libertades individuales y los derechos de los ciudadanos.
- Permite una especialización de funciones que redunda en una mejor eficiencia gubernamental.
- Previene la tiranía, ya que dificulta el establecimiento de regímenes autoritarios.
Por lo general, los países con una separación de poderes robusta tienden a contar con niveles más altos de estabilidad política y respeto por los derechos humanos.
El poder ejecutivo, legislativo y judicial
Una vez que sabemos qué es la división de poderes, conviene conocer cuáles son los tres poderes públicos. En la mayoría de las democracias la división de poderes se materializa separando poder ejecutivo, legislativo y judicial, y así ocurre en España. Estas son las principales características de cada uno de ellos:
Poder ejecutivo
- Su función es dirigir la política, tanto interior como exterior, así como la administración civil y militar y la defensa del Estado.
- El Gobierno, integrado por el presidente, los vicepresidentes y los ministros conforman el poder ejecutivo.
- El Gobierno responde ante el Congreso de los Diputados y está sujeto a controles parlamentarios.
Poder legislativo
- Se ocupa de controlar la acción del Gobierno.
- En España, el poder legislativo recae en las Cortes Generales, compuestas por dos cámaras: el Congreso de los Diputados, con 350 miembros, y el Senado, conformado por 265 integrantes.
- Todos los proyectos y proposiciones de ley se revisan en el Congreso y luego pasan al Senado, que puede vetar o enmendar los textos antes de que vuelvan al Congreso para su aprobación definitiva.
Poder judicial
- Tiene como función administrar justicia en nombre del Rey y se compone de los Juzgados y Tribunales, con el Tribunal Supremo como máxima instancia.
- Su dirección recae en el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, y tiene como responsabilidad clave juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado.
- El ordenamiento jurídico español se compone de leyes y otro tipo de normas de distinto rango que se encuentran ordenadas según el principio de jerarquía normativa, siendo la Constitución Española la de más alto rango.
Esta estructura de separación de poderes está diseñada para garantizar el equilibrio y el control mutuo entre las diferentes ramas de cada estamento, ayudando a fortalecer el sistema democrático español.
Así, la interacción entre ellos es crucial y se basa en un sistema de controles y contrapesos:
- El poder legislativo controla al ejecutivo mediante mociones de censura o interpelaciones.
- El judicial puede declarar inconstitucionales leyes que han sido aprobadas por el legislativo.
- El ejecutivo tiene la potestad de vetar leyes o proponer reformas constitucionales.
Por tanto, los poderes del Estado no pueden actuar de manera aislada. En España, el Rey, como jefe del Estado, cuenta con funciones que interactúan con los tres poderes. Por ejemplo, sancionar y promulgar leyes, nombrar al Presidente del Gobierno tras la investidura del Congreso y ser el mando supremo de las Fuerzas Armadas.
Desafíos actuales en la separación de poderes
Actualmente, son varios los retos que debe enfrentar la separación de poderes en los sistemas democráticos. Algunos de los más relevantes pasan por:
- Concentración de poder ejecutivo. Existe una tendencia a fortalecer el poder presidencial en situaciones de crisis, con una utilización excesiva de decretos y medidas de emergencia.
- Politización de la justicia. Los nombramientos judiciales influenciados por intereses políticos y las presiones sobre la independencia judicial, están a la orden del día.
- Complejidad legislativa. Existe una tendencia generalizada al aumento de la tecnicidad en las leyes, lo que dificulta el control parlamentario y hace necesaria una alta especialización.
- Desafíos tecnológicos. Es preciso afrontar la regulación de nuevas tecnologías y su impacto en la privacidad. También la ciberseguridad y su relación con los poderes del Estado constituye un desafío.
- Globalización y poderes supranacionales. Cada vez existe una mayor influencia de organismos internacionales en la soberanía nacional y, por tanto, se genera una necesidad de adaptar la separación de poderes a un contexto global.
La separación de poderes es uno de los pilares en los que se asientan las democracias modernas, pero requiere una constante vigilancia y adaptación a los nuevos desafíos que se presentan. Así podemos encontrar que
- La falta de separación de poderes en un Estado debilita los principios democráticos, favorece la concentración de poder y crea un ambiente propenso al autoritarismo.
- Sin controles institucionales efectivos, aumenta la probabilidad de corrupción. Si quienes cometen abusos de poder también controlan los mecanismos de sanción, la impunidad se vuelve la norma.
- En contextos donde no hay separación de poderes, los ciudadanos tienen menos posibilidades de recurrir a una justicia independiente. Esto pone en riesgo derechos como la libertad de expresión, el derecho a la protesta, la igualdad ante la ley y el acceso a la justicia.
