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Por poder judicial se entiende la facultad que se otorga a los jueces y magistrados para administrar justicia en sus juzgados y tribunales, a través de la aplicación e interpretación de la legislación vigente.
El poder judicial es uno de los tres pilares de la separación de poderes sobre la que se cimenta el estado de Derecho español, al que se suman el legislativo —aprobación, modificación y derogación de leyes— y el ejecutivo —dirección de la política nacional y gestión de la Administración—. En concreto, el poder judicial es el responsable de aplicar e interpretar las leyes, así como de administrar justicia.
En España, el sistema de gobierno elegido por sus ciudadanos al aprobar la Constitución, su norma fundamental en base al principio de jerarquía normativa, es el de monarquía parlamentaria. Ahora bien, no es la única forma de organizar un Estado, existen otras muchas que se abordan y se estudian en profundidad en el Grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública online de UNIR.
¿En qué consiste el poder judicial?
Para responder adecuadamente a la cuestión qué es el poder judicial, el primer paso es acudir a la Constitución Española (CE). Al leer el Título VI Del Poder Judicial se extrae que es la capacidad de aplicar e interpretar las leyes que ostentan los jueces y magistrados, a través de cuya actividad administran justicia en su ámbito jurisdiccional.
Con respecto a su regulación, si bien es cierto que la Constitución marca sus líneas principales, es la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ) la responsable, en cumplimiento del artículo 122 de la CE, de establecer “la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia”.
Asimismo, la Constitución también remite a la LOPJ para la regulación del nombramiento y regulación del órgano de gobierno del poder judicial, denominado Consejo General del Poder Judicial.
¿Quién ejerce el poder judicial?
El artículo 117.1 de la Constitución expone que “la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”. Del citado texto es posible extraer que el poder judicial recae en los jueces y magistrados, que son los encargados de aplicar la ley y, en consecuencia, administrar justicia.
Pero, si se sigue ahondando en la Constitución se observa la importancia que en ella se da al poder judicial, lo cual queda patente al remarcar la obligación de “cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto” (artículo 118 de la Constitución).
¿Cuáles son las funciones del poder judicial?
Las funciones del poder judicial se delimitan en las propias que son atribuibles a los jueces y magistrados que conforman el mismo. En este sentido, las principales son:
- Aplicar la legislación vigente.
- Interpretar las leyes, especialmente importante en los casos en los que pueda implicar la creación o asentamiento jurisprudencial.
- Administrar justicia desde el más absoluto respeto hacia las leyes y normas que regulan el caso concreto.
- Ser titulares de sus juzgados o tribunales y, en consecuencia, sus máximos responsables.
- Revisar las sentencias emitidas por un órgano jurisdiccional de rango inferior al suyo, siempre que sean su órgano superior.
Una vez explicadas las líneas generales acerca de qué hace el poder judicial es fundamental puntualizar que estas funciones solo las pueden ejercer los jueces y magistrados dentro de su ámbito jurisdiccional, ya que fuera del mismo no son competentes para ello.
El Poder Judicial y los Derechos Fundamentales
El Poder Judicial cumple un papel esencial en la garantía y protección de los derechos fundamentales. Estos derechos, reconocidos en las constituciones y tratados internacionales, constituyen el núcleo de la dignidad humana y del Estado de derecho.
El principal rol del Poder Judicial en este contexto es actuar como garante frente a posibles vulneraciones de los derechos por parte del Estado, de particulares o de instituciones. A través de sus decisiones, los jueces interpretan y aplican normas jurídicas asegurando que ninguna ley, acto administrativo o conducta contraria a los derechos fundamentales prevalezca.
Entre sus funciones clave se encuentran:
- El control de constitucionalidad, mediante el cual se verifica que las leyes y normas respeten los principios y derechos consagrados en la Constitución.
- La tutela judicial efectiva, que garantiza a todas las personas el acceso a la justicia para la defensa de sus derechos.
- La interpretación progresiva y pro persona de los derechos, es decir, priorizando siempre la opción más favorable para la persona cuando existen varias posibles interpretaciones.
¿Cómo acceder a la carrera judicial?
Para ser juez, e ingresar así en la carrera judicial, la LOPJ determina la obligatoriedad de superar una “oposición libre entre licenciados en Derecho”, la cual se deberá completar con “la aprobación de un curso en el centro de estudios judiciales y con las prácticas en un órgano jurisdiccional”.
Estas oposiciones, que normalmente se convocan cada dos años, requiere del dominio de un extenso temario conformado por:
- 27 temas de Derecho Constitucional y de la Unión Europea.
- 94 temas de Derecho Civil.
- 64 temas de Derecho Penal.
- 59 temas de Derecho Procesal Civil.
- 40 temas de Derecho Procesal Penal.
- 17 temas de Derecho Mercantil.
- 28 temas de Derecho Administrativo y Laboral.
Con respecto a los tres exámenes que deberán superar los opositores, en la última convocatoria se mantuvo el mismo sistema desarrollado en anteriores ocasiones. El mismo consta de un examen escrito tipo test de 100 preguntas teóricas y dos pruebas orales.
Aunque los tres son eliminatorios, por lo que se exige un aprobado para pasar a la siguiente fase, con el objetivo de facilitar a los candidatos el proceso se permite que aquellos que aprueben el segundo ejercicio, pero no el tercero, queden exentos de volver a realizar la fase escrita. De esta forma, se les guardará la nota obtenida en el test para la siguiente convocatoria a la que se presenten.
En conclusión, el poder judicial es la capacidad que tienen jueces y magistrados para administrar justicia a través de la aplicación e interpretación de la legislación vigente en su ámbito jurisdiccional.
