La Ley de Eficiencia Procesal es una nueva normativa que cambia el funcionamiento del sistema jurídico español para hacerlo más eficiente. Sus medidas van encaminadas a agilizar los procedimientos judiciales, para lo que se contemplan medios alternativos de resolución de conflictos.
Esto hace que el Curso en Mediación de UNIR sea una formación clave para los profesionales de la Justicia, pues los mecanismos de negociación previa serán clave en la mayoría de los procesos.
¿Qué es la Ley de Eficiencia Procesal?
La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, conocida como Ley de Eficiencia Procesal, introduce cambios relevantes en el funcionamiento de la justicia en nuestro país.
¿Pero qué es la Ley de Eficiencia Procesal? Se trata de una norma que incluye una serie de medidas cuyo objetivo es agilizar el funcionamiento de los órganos judiciales, reducir plazos de resolución y facilitar el acceso a otros medios de resolución de conflictos.
Las nuevas medidas de eficiencia procesal convierten a esta ley en una de las reformas más ambiciosas del sistema judicial español en las dos últimas décadas, pues se introduce un nuevo modelo en la gestión de la justicia, en el que se apuesta por:
- La digitalización
- La reducción de la litigiosidad
- La promoción de soluciones extrajudiciales a los conflictos
La nueva normativa abre la puerta a una transformación profunda en el proceso civil, mercantil y en la organización judicial en España, con el fin de impulsar la eficiencia del servicio público de justicia a través de medidas que afectan a la práctica legal.
Objetivos de la Ley de Eficiencia Procesal
La nueva ley procesal es una normativa que busca agilizar la operativa de la justicia y facilitar el acceso en igualdad de condiciones a cualquier ciudadano, independientemente de su lugar de residencia. También se impulsan medios alternativos de resolución de conflictos con el fin de reducir el volumen de trabajo de los órganos jurisdiccionales y agilizar los procedimientos.
Para alcanzar esa eficiencia procesal, se establecen nuevos requisitos de procedibilidad y se reorganiza el sistema judicial, con el objetivo de modernizar y mejorar el sistema judicial en España.
Su principal propósito es reducir la litigiosidad y promover métodos alternativos de resolución de conflictos para optimizar el tiempo y los recursos, no solo para el sistema judicial sino también para las partes involucradas.
Entrada en vigor
Este código procesal penal actualizado nace como consecuencia del llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que incluye entre sus objetivos el impulso de la eficiencia del servicio público de la Justicia.
La normativa fue aprobada en diciembre de 2024 y publicada en el BOE en enero de 2025, pero la entrada en vigor Ley de Eficiencia Procesal no se produjo hasta el mes de abril del mismo año.
Principales cambios y reformas introducidas
La puesta en marcha de la Ley de Eficiencia Procesal supone una gran transformación del sistema judicial español, ya que los cambios y reformas que se introducen son muy significativos. Entre las novedades de la Ley de Eficiencia Procesal podemos destacar:
- Las obligatoriedades MASC (Medios Adecuados de Solución de Controversias), que hasta ahora eran una opción voluntaria. Ahora es obligatorio acudir a mecanismos de negociación previa con objeto de encontrar una solución extrajudicial. Esto es un requisito exigido en la mayoría de procedimientos civiles y mercantiles antes de interponer una demanda.
- La digitalización de trámites y comunicaciones judiciales, así como la simplificación de los procedimientos.
- La creación de los Tribunales de Instancia y la Oficina de Justicia.
- Nuevos incentivos y penalizaciones en materia de costas procesales.
- Refuerzo de la protección a consumidores y usuarios en litigios de consumo.
- Fomento del uso de certificados digitales para garantizar la identidad y la validez legal de los documentos.
Esto podemos traducirlo también en números, ya que la transformación del sistema judicial tendrá un fuerte impacto, con cambios como:
- 431 Tribunales de Instancia sustituirán a más de 3.800 órganos unipersonales.
- Se pasa de cinco Juzgados Centrales a un Tribunal Central de Instancia.
- Se amplían las Oficinas Judiciales de 80 a 431.
- Las secretarías de los Juzgados de Paz se transforman en 7.700 Oficinas de Justicia en los municipios.
Además, se modifican hasta 33 normas relevantes de nuestro ordenamiento jurídico, como la Ley de Mediación, la LECRim, la Ley de la Jurisdicción Social, la LOPJ o la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativo. Por tanto, para nuestro sistema judicial, supone toda una actualización la Ley de Eficiencia Procesal.
Beneficios para los ciudadanos y operadores jurídicos
¿Cómo nos afecta la nueva ley procesal? ¿Cuál es su impacto? Son numerosos los beneficios de la Ley de Eficiencia Procesal, entre los que podemos señalar:
- La reducción de la carga judicial en los tribunales españoles, lo que evitará la saturación de los juzgados y los retrasos en la resolución de disputas. Se espera que, gracias a los MASC, un alto porcentaje de conflictos se resuelva sin necesidad de llegar a juicio.
- Una mayor rapidez en la resolución de conflictos porque los MASC permitirán llegar a acuerdos en plazos más cortos que los procedimientos tradicionales.
- La mediación y la conciliación supondrán un ahorro económico para los ciudadanos, que evitarán los elevados costes de los honorarios de abogados, las tasas judiciales y otros gastos administrativos.
- Una mayor flexibilidad en la resolución de disputas, ya que las partes pueden negociar los términos y condiciones que mejor se adapten a sus necesidades y circunstancias particulares.
En definitiva, la Ley de Eficiencia Procesal dotará de mayor agilidad a todos los procesos y facilitará el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, entre otras ventajas.
BIBLIOGRAFÍA:
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