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El facilitador judicial es el profesional que propicia que una persona con discapacidad pueda enfrentarse a un proceso judicial en condiciones igualitarias, ofreciéndole el apoyo necesario.
Posibilitar que las personas con discapacidad participen en los procesos judiciales en condiciones de igualdad, así como ayudar a que todas las partes de un proceso judicial estén más formadas sobre discapacidad, son los principales cometidos del facilitador judicial. Una figura introducida en 2021 para el apoyo a las personas adultas con discapacidad. Su labor está recogida por ley.
Ejercer de facilitador judicial requiere tener una formación universitaria concreta. Entre los estudios que dan acceso a este trabajo se encuentra el Grado en Derecho. Otras opciones, según establece la Comunidad de Madrid en su Decreto 52/2024, de 8 de mayo, podrían ser:
- Grado en Psicología
- Grado en Logopedia
- Grado en Criminología
- Grado en Educación Social
- Grado en Terapia Ocupacional
Este perfil varía según la comunidad autónoma en la que vaya a ejercer, aunque existen requisitos comunes a todo el territorio. Se trata de profesionales que, además de tener una titulación universitaria concreta, deben contar con una formación específica para desarrollar este rol.
¿Qué es un facilitador judicial?
El facilitador judicial es aquel profesional que tiene por cometido garantizar que las personas con algún tipo de discapacidad dispongan de la opción de tomar parte en los procesos judiciales en condiciones de igualdad.
La Ley 8/2021, de 2 de junio supuso la incorporación de medidas de apoyo a las personas con discapacidad e introdujo esta figura con el objetivo de asegurar que los ciudadanos con discapacidad reciban el apoyo que precisen en los procedimientos judiciales que deban enfrentar, asegurando que puedan ejercer sus derechos de forma efectiva.
La inclusión de personas con discapacidad en la sociedad representa un continuo desafío al que no es ajeno el ámbito judicial. El papel del facilitador judicial resulta indispensable para encarar con éxito el reto de la inclusión, contribuyendo a que las personas con discapacidad puedan enfrentarse a cualquier tipo de procedimiento judicial en igualdad de condiciones.
La ley respalda el trabajo del facilitador judicial, apuntalando el compromiso de la sociedad con la igualdad de oportunidades para todos. Además de apoyar a las personas con discapacidad, también forma parte de su cometido educar sobre inclusión a las partes involucradas en un proceso judicial.
¿Qué hace un facilitador judicial?
Los facilitadores judiciales llevan a cabo un trabajo esencial para garantizar que la justicia sea accesible para todos. Estas son algunas sus funciones principales:
- Servir de apoyo a las personas con discapacidad para que puedan conocer a la perfección los procedimientos legales en los que estén involucrados y entender las implicaciones de sus decisiones.
- Contribuir a que exista una comunicación efectiva entre las personas con discapacidad y los profesionales de la justicia, asegurándose de que comprenden adecuadamente sus necesidades y derechos.
- Garantizar que la información sea accesible para las personas con discapacidad, adaptándola según las necesidades de la persona a la que estén ayudando. Por ejemplo, utilizando el braille o el formato digital accesible.
- Educar a jueces, abogados, procuradores y otros profesionales de la justicia sobre la discapacidad, promoviendo un ambiente más inclusivo y comprensivo.
- Brindar su asistencia durante todo el proceso para que tanto en las audiencias, como en otros momentos relevantes del proceso judicial, las personas con discapacidad que lo soliciten cuenten con su apoyo.
El trabajo del facilitador judicial puede ser requerido tanto en procedimientos judiciales complejos como en situaciones simples que se pueden resolver por medio de juicio verbal. Estas tareas, además de mejorar la experiencia de las personas con discapacidad en la administración de justicia, contribuyen a su inclusión efectiva dentro de la sociedad.
¿Cómo se solicita la asistencia de un facilitador judicial?
La solicitud para contar con la asistencia de un facilitador judicial puede realizarse por medio de canales diversos, dependiendo de las leyes y procedimientos de cada comunidad autónoma. Estos son los pasos genéricos que suelen seguirse para requerir sus servicios:
- Se realiza una solicitud formal por parte de la persona con discapacidad o su representante legal ante el tribunal competente.
- Se lleva a cabo una evaluación para determinar si procede la asistencia de un facilitador judicial.
- Una vez aprobada la solicitud, se asigna el profesional para brindar apoyo durante el proceso.
Dependiendo de la comunidad autónoma, los requisitos para esta asistencia pueden variar, por lo que conviene consultar las normativas al respecto.
¿Cómo ser facilitador judicial?
La figura de facilitador judicial es relativamente reciente en España y, por ello, puede suponer una nueva oportunidad laboral para las personas que cuenten con alguna de las titulaciones requeridas mencionadas al inicio del artículo.
Además del título universitario, resulta imprescindible realizar una formación especializada para trabajar como facilitador judicial. Se trata de un requisito regulado también por normativas autonómicas, lo que hace que varíe dependiendo del territorio.
Por otro lado, entre las habilidades y competencias que no pueden faltar para dedicarse a este trabajo se encuentran:
- Conocimientos sobre los diferentes tipos de discapacidad y de qué forma pueden afectar a las personas en el ámbito judicial.
- Habilidades comunicativas que les permitan expresarse de forma clara y efectiva, sabiendo adaptarse a los requerimientos de la persona que solicite su ayuda.
- Empatía y comprensión a la hora de entender las necesidades individuales de quienes demandan sus servicios.
Los colegios oficiales de abogados de cada provincia suelen contar con la información necesaria sobre los requisitos específicos de cada comunidad autónoma para ejercer como facilitador judicial.
La figura del facilitador judicial es trascendental en la promoción de la igualdad y la inclusión en el sistema judicial, al garantizar que las personas con discapacidad puedan participar de este servicio sin enfrentar barreras significativas.
