David Montero Monero/ Andrea Robles González
La norma representa un cambio decisivo para el ejercicio de esta profesión, al garantizar su integración en distintos ámbitos sociales, judiciales y de seguridad a través de una formación acreditada y de calidad, mediante un título oficial de licenciatura o grado.
La reciente Proposición de Ley 122/000242, registrada el 28 de noviembre de 2025, marca un antes y un después en el ejercicio profesional de la criminología en España. Hasta ahora, aunque la criminología contaba con reconocimiento académico, la ausencia de un marco legal específico generaba inseguridad jurídica, limitaciones en el acceso a empleos públicos y privados y desigualdad frente a otras profesiones reguladas. Con esta iniciativa, se busca regular y profesionalizar la criminología, garantizando su integración en distintos ámbitos sociales, judiciales y de seguridad.
Requisitos académicos y colegiación del criminólogo
La ley establece que solo podrán ejercer como criminólogos quienes posean el título oficial de licenciatura o grado en Criminología, incluyendo títulos extranjeros homologados. Este requisito será vinculante tanto en el sector público como privado, asegurando que la práctica profesional se base en una formación acreditada y de calidad. Además, promueve la colegiación y asociacionismo activo, consolidando así la regulación de la criminología y la supervisión de la disciplina.
Ámbitos de actuación profesional en España
La propuesta define claramente dónde y cómo puede intervenir un criminólogo. A continuación, se destacan algunas de ellas:
- Seguridad y justicia: colaboración con fuerzas policiales, prisiones, justicia juvenil, peritajes judiciales y análisis de riesgos.
- Prevención y reinserción: diseño de programas de rehabilitación, reinserción social y laboral, así como atención a víctimas.
- Victimología: protección y prevención frente a la violencia, con especial atención a mujeres, menores, mayores y víctimas indirectas.
- Cibercriminología y criminología tecnológica: análisis de delitos digitales, ciberacoso y prevención de amenazas emergentes en entornos virtuales.
- Criminología verde y delitos ecológicos: prevención y estudio de daños ambientales y delitos corporativos contra el medio ambiente.
- Empresas y sector privado: auditoría, compliance, gestión de riesgos, canales de denuncia internos y externos, y seguridad corporativa.
- La docencia y la investigación en criminología.
Esta amplitud de competencias muestra que la criminología no se limita al ámbito policial o judicial, sino que se consolida como herramienta transversal de prevención, análisis y protección en la sociedad.
Derechos y deberes del profesional
La ley garantiza que las personas profesionales de la Criminología puedan ejercer su labor con autonomía técnica y científica, acceso a formación continua y participación en asociaciones y colegios profesionales. Al mismo tiempo, impone deberes como la confidencialidad, la independencia, la integridad y la cooperación interdisciplinar.
Infracciones y régimen sancionador
El texto legal también establece un marco disciplinario, clasificando las infracciones en leves, graves y muy graves, con sanciones que van desde amonestaciones hasta la expulsión del colegio profesional y la suspensión temporal del ejercicio profesional. Esto asegura que la práctica profesional se mantenga de forma ética y responsable.
Impacto en el empleo y la función pública
La proposición prevé la incorporación de personas tituladas en Criminología a la función pública, ajustando cuerpos y escalas de la Administración para incluir este perfil. Además, se fomentará la creación de empleo especializado en criminología en colaboración con comunidades autónomas y entidades privadas en ámbitos de seguridad, justicia, reinserción, prevención, mediación y atención a las víctimas.
La ley establece que solo podrán ejercer como criminólogos quienes posean el título oficial de licenciatura o grado en Criminología.
La criminología como ciencia independiente
Uno de los aspectos más relevantes es que la ley reconoce a la criminología como campo de estudio independiente, separándola de disciplinas como derecho, psicología o sociología. Esto no solo fortalece su visibilidad académica, sino que también facilita la contratación, promoción y desarrollo profesional en universidades y centros de investigación.
Para los criminólogos y las criminólogas, esta proposición de ley representa una oportunidad histórica: seguridad jurídica, reconocimiento profesional, acceso a empleos públicos y privados, y la consolidación de la disciplina como ciencia. La regulación promete transformar la criminología en una profesión estratégica y esencial para la prevención del delito, la protección de víctimas y la mejora de la convivencia social.
(*) David Montero es coordinador académico del Máster en Ciberdelincuencia. Doctor en Ciencias Sociales con especialización Criminología y Delincuencia Juvenil, ha investigado y trabajado con menores en los ámbitos online y offline, estudiando la afectación en la conducta de víctimas o agresores en los casos de violencia.
(*) Andrea Robles González es coordinadora técnica del Grado en Criminología. Graduada en Criminología por la Universidad de Salamanca. Máster en Cooperación Internacional al Desarrollo.
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