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El abogado administrativo es el profesional de la abogacía experto en asesorar a sus clientes ante los conflictos que puedan tener con la Administración.
La relación entre la Administración y los entes públicos o particulares —ya sean ciudadanos, empresas u otro tipo de institución— puede entrar en colisión o disputa, un escenario en el que será necesario contar con el acompañamiento de un abogado administrativo.
El abogado especialista en derecho administrativo es un profesional que necesita acreditar el Grado en Derecho, así como el posgrado habilitante; que ofrece también UNIR: el Máster en Abogacía y Procura online.
¿Qué es un abogado administrativo?
El abogado administrativo es aquel que desarrolla sus funciones dentro del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, además de asesorar en cada una de sus fases.
El mismo, según señala el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, enfoca su actividad al “control de la legalidad de la actuación de las administraciones públicas y las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se dirijan contra las mismas”.
Como el derecho administrativo se centra en las controversias que puedan surgir con el ente público, el nivel de especialización que rodea a este tipo de abogado es elevado.
¿Qué hace un abogado administrativo?
Entre las principales atribuciones de los abogados de derecho administrativo, a la hora de velar por la salvaguarda de los intereses de sus clientes, destacan:
- Asesoría en la celebración o resolución de contratos públicos y en los procesos de adjudicación.
- Representación en procedimientos judiciales con la Administración, así como en procesos de control o fiscalización que pueda realizar el propio ente público.
- Defensa de sus derechos, en el supuesto de que se produzca una vulneración de los mismos.
- Actos de mediación con la Administración.
- Interposición de recursos contra las resoluciones dictadas.
- Acompañamiento durante la realización de los trámites burocráticos.
Las funciones de los abogados administrativos están plenamente vinculadas con las cuestiones que entran dentro de la jurisdicción del orden contencioso-administrativo, las cuales quedan recogidas en el artículo 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
En ella se determina que los jueces y magistrados serán competentes para pronunciarse, entre otros asuntos:
- Sobre aspectos que afecten a “la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la determinación de las indemnizaciones que fueran procedentes”.
- “Los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación” de aquellos que se rijan por “la legislación de contratación de las Administraciones públicas”.
- “Los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho público”, siempre que las mismas tuvieran su origen “en el ejercicio de funciones públicas”.
- “Los actos administrativos de control o fiscalización dictados por la Administración concedente, respecto de los dictados por los concesionarios de los servicios públicos”, cuando estén relacionadas con “el ejercicio de potestades administrativas conferidas a los mismos”. También será de aplicación para “los actos de los propios concesionarios cuando puedan ser recurridos directamente ante este orden jurisdiccional de conformidad con la legislación sectorial correspondiente”.
- Los casos de responsabilidad patrimonial a los que pueda estar sujeta la Administración pública.
¿Qué formación se exige a un abogado administrativo?
Una vez cursada la carrera de Derecho, así como el máster habilitante para dedicarse a la abogacía, será el momento en el que deberá comenzar a especializarse en derecho administrativo, a través del dominio exhaustivo de la base legal que vertebra el ordenamiento jurisdiccional en el que realizará su trabajo.
En concreto, será importante que alcance un amplio conocimiento en:
- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El objetivo principal de este texto legal, según expone en su artículo 1.1 es “regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria”.
- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que, en su artículo 1, determina que gracias a él se “establece y regula las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora, así como la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades”.
- La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en la que se recogen las normas de funcionamiento que regirán en los procedimientos judiciales administrativos.
En conclusión, el abogado administrativo es aquel profesional de la abogacía que dedica su actividad laboral a asesorar a sus clientes en los conflictos que puedan tener con la Administración.
