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Escuchar, acompañar y ofrecer oportunidades son claves para proteger a los menores que migran solos. Tres especialistas analizaron en Foro UNIR las carencias de la acogida y las respuestas educativas necesarias para prevenir la exclusión, la delincuencia y la victimización.
Los 7 puntos claves del Foro UNIR
- La infancia como prioridad: La condición de menor debe orientar la intervención por encima de la nacionalidad o la situación administrativa. Son niños y adolescentes que necesitan protección, referentes adultos y respuestas ajustadas a sus circunstancias personales.
- Una protección estable y con recursos: Las llegadas no pueden abordarse permanentemente como emergencias. La planificación, la coordinación territorial y unos equipos suficientes son esenciales para evitar la saturación de los centros y garantizar un acompañamiento individualizado.
- Datos rigurosos frente al estigma: Las estadísticas sobre menores extranjeros no describen automáticamente a quienes migran solos. Diferenciar perfiles y contextualizar las cifras permite combatir prejuicios que condicionan la mirada social y las oportunidades de integración.
- Prevención de la delincuencia y la victimización: Los menores desprotegidos pueden sufrir agresiones, explotación o captación para cometer delitos. La intervención comunitaria y los vínculos con adultos de referencia ayudan a detectar esos riesgos y a prevenir sus consecuencias.
- Justicia educativa y mediación intercultural: La respuesta a las infracciones debe favorecer la educación, la responsabilidad y la reparación del daño. Para facilitar los procesos restaurativos es necesario atender las barreras idiomáticas, culturales y de apoyo sociofamiliar.
- Continuidad de los apoyos al cumplir 18 años: La mayoría de edad legal no garantiza autonomía personal ni económica. El acompañamiento, la formación y las oportunidades laborales son necesarios para evitar que la salida del sistema de protección desemboque en exclusión.
- Escucha y participación de los adolescentes: Conocer sus necesidades, expectativas y experiencias permite intervenir con mayor precisión. Incorporar su voz a las decisiones sobre su futuro ayuda a construir proyectos realistas y relaciones de confianza con los profesionales.
Proteger a los menores migrantes exige mirar sus circunstancias, escuchar sus necesidades y ofrecerles oportunidades antes de asociar su origen con la delincuencia. Esa fue la principal conclusión del Foro UNIR ‘El reto de los menores migrantes: ¿cómo proteger sin criminalizar?’, que abordó las deficiencias del sistema de acogida, el peso del estigma y la necesidad de sustituir las respuestas de emergencia por intervenciones estables, educativas y basadas en evidencias.
Participaron Elena Casado Patricio, doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales, criminóloga y experta en inmigración de la Universidad de Málaga; María Contreras Román, subdirectora del Área de Ciencias de la Seguridad de UNIR; y Ana Cuervo García, directora académica del Máster Universitario en Delincuencia Juvenil e Intervención con Menores de UNIR. La periodista Ana Gugel condujo el encuentro, que combinó una exposición inicial, una mesa de debate y las reflexiones de cierre.
Menores migrantes en peligro y fallos en la protección
Elena Casado abrió la ponencia con una pregunta que atravesó toda la conversación: ¿son menores peligrosos o menores en peligro? Su planteamiento situó la condición de niños y adolescentes por delante de la nacionalidad. “Que no perdamos el foco en que son menores de edad, que son niños o niñas y adolescentes que deben ser protegidos”, reclamó al cuestionar los discursos que invisibilizan su desamparo.
La investigadora explicó que España lleva décadas recibiendo a menores que migran solos, pero continúa abordando su llegada como una circunstancia excepcional. A su juicio, esa lógica dificulta construir una protección duradera y agrava las desigualdades territoriales. Ceuta, Melilla y Canarias afrontan necesidades específicas que requieren planificación, coordinación y recursos suficientes para acompañar trayectorias personales muy diferentes.
Elena Casado Patricio, doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales, criminóloga y experta en inmigración de la Universidad de Málaga.
Entre los problemas detectados, señaló las deficiencias del registro de menores, con casos sin inscribir y duplicidades identificadas durante sus investigaciones. También alertó sobre los márgenes de incertidumbre en la determinación de la edad y las dificultades administrativas. Según explicó, estas situaciones pueden dejar fuera del sistema de protección a adolescentes que necesitan acogida y favorecer su permanencia en la calle.
Para mostrar alternativas, presentó Premece, un programa de intervención e investigación con menores que viven en las calles de Ceuta. El equipo combinaba referentes adultos, parentalidad positiva, pensamiento prosocial y colaboración comunitaria. Casado relató que, tras su implantación, descendió la delincuencia registrada entre los participantes, un resultado que relacionó con el acompañamiento y con una revisión de los prejuicios que condicionaban las atribuciones de responsabilidad.
El trabajo también permitió documentar insultos racistas, agresiones y situaciones de explotación. La ponente describió intentos de adultos para obtener relaciones sexuales con menores o pagarles para cometer robos. Su exposición mostró que las conductas antisociales y la victimización pueden coexistir, y que prevenir requiere comprender quién se aprovecha de la vulnerabilidad de estos adolescentes.
La exposición incluyó otra investigación con jóvenes de 18 a 30 años en prisiones andaluzas. Al comparar perfiles nacionales y extranjeros, Casado situó el foco en la calidad de la protección recibida durante la infancia y en las experiencias previas de desamparo.
Del estigma a una acogida que favorezca la integración
La mesa redonda, con Casado, Contreras y Cuervo, profundizó en la distancia entre la percepción social y la realidad. Contreras advirtió de que las estadísticas sobre menores extranjeros condenados no permiten identificar automáticamente a quienes llegaron sin acompañamiento. Agrupar trayectorias distintas bajo una misma categoría impide comprender las necesidades de cada joven y favorece asociaciones simplificadoras entre inmigración y delincuencia.
Ana Cuervo explicó que el etiquetamiento puede modificar tanto la mirada social como la propia identidad del adolescente. Cuando se le considera peligroso, su pasado empieza a interpretarse desde esa sospecha y puede terminar interiorizando el papel atribuido. La psicóloga cuestionó especialmente el uso estigmatizante de las siglas MENA y reclamó mayor empatía ante unas experiencias de desprotección que nadie desearía para sus hijos.
Casado añadió que los profesionales necesitan condiciones materiales para construir vínculos. La saturación de los centros, explicó desde su experiencia investigadora, dificulta escuchar, establecer límites y acompañar individualmente. Recordó además que los problemas del sistema afectan también a menores españoles tutelados: sus investigaciones con jóvenes encarcelados habían identificado experiencias de calle, consumo y victimización en ambos grupos, sin justificar generalizaciones sobre toda la infancia migrante.
Contreras propuso revisar la separación habitual entre menores nacionales y extranjeros en los recursos de acogida. “Sería bueno que los menores estuvieran juntos, independientemente de cuál fuera su origen o su procedencia”, señaló. También defendió diferenciar el presupuesto destinado a proteger a la infancia del empleado en gestionar fronteras, dos finalidades que suelen confundirse en la discusión pública sobre el gasto.
María Contreras Román, subdirectora del Área de Ciencias de la Seguridad de UNIR.
La subdirectora del del Área de Ciencias de la Seguridad de UNIR también destacó el valor preventivo de los apoyos sociales, habitacionales y sociolaborales. Desde esa perspectiva, invertir en inclusión permite reducir daños posteriores y atender las necesidades antes de que desemboquen en conflictos que exijan respuestas policiales o judiciales más costosas.
Justicia juvenil educativa y mediación intercultural
El debate abordó después la respuesta ante las infracciones. Cuervo defendió el sentido educativo de las medidas y advirtió de que el internamiento supone una experiencia especialmente dura durante la adolescencia. “Lo que tenemos que hacer es educar, pero también dar oportunidades. Y estos menores no suelen tener oportunidades”, afirmó. La prevención, sostuvo, requiere actuar sobre las condiciones que limitan sus alternativas.
Ana Cuervo García, directora académica del Máster Universitario en Delincuencia Juvenil e Intervención con Menores de UNIR.
María Contreras analizó las dificultades para acceder a procesos restaurativos cuando faltan estabilidad y apoyo sociofamiliar. Esa exigencia puede perjudicar precisamente a quienes migran solos. A ello se añaden las barreras culturales e idiomáticas: “La mediación requiere un diálogo fluido sobre las emociones, sobre la empatía, sobre las normas sociales”. Por eso defendió la intervención de mediadores interculturales capaces de facilitar la comunicación y la comprensión mutua.
La transición a la vida adulta fue otra preocupación compartida. Casado comparó la salida del sistema al cumplir 18 años con encontrarse una maleta en la puerta de casa sin apoyos para continuar. Cuervo insistió en que alcanzar la mayoría de edad legal no proporciona automáticamente autonomía. Formación, acompañamiento y oportunidades laborales resultan esenciales para evitar que esa ruptura incremente la exclusión.
Al hablar de detección temprana, Cuervo citó el consumo de drogas, los grupos de iguales vinculados a conductas delictivas y determinadas dificultades personales. Aclaró, sin embargo, que evaluar el riesgo exige ponderar los factores y su influencia concreta, sin limitarse a sumarlos. Casado completó esa perspectiva con una pregunta: “¿Cómo vamos a saber qué factores de riesgo tienen si no los escuchamos, si no sabemos cuáles son sus carencias?”.
Escuchar y dar oportunidades para prevenir la exclusión
Las reflexiones finales recuperaron la dimensión humana del debate. Casado pidió incorporar a los adolescentes a las decisiones sobre sus estudios, su trabajo y su futuro; Contreras reclamó formación especializada y práctica basada en evidencias. Cuervo, por su parte, cerró con una apelación directa: “Pensemos que son menores, pensemos que son vulnerables, pensemos que están desprotegidos y pensemos que sus realidades son más duras que las nuestras y a lo mejor nosotros haríamos lo mismo”.
Foro UNIR concluyó con una prioridad compartida: proteger de forma efectiva exige recursos estables, profesionales preparados y respuestas ajustadas a cada trayectoria. Escuchar a los menores, combatir las etiquetas y sostener su transición a la vida adulta son condiciones para prevenir tanto la delincuencia como la victimización. La inclusión requiere continuidad en los apoyos y oportunidades reales de construir un proyecto propio.
Los mensajes destacados de las ponentes
Elena Casado Patricio:
- “Que no perdamos el foco en que son menores de edad, que son niños y adolescentes que deben ser protegidos”.
- “¿Cómo vamos a saber qué factores de riesgo tienen si no los escuchamos, si no sabemos cuáles son sus carencias?”.
María Contreras Román:
- “Sería bueno que los menores estuvieran juntos, independientemente de cuál fuera su origen o su procedencia”.
- “La mediación requiere un diálogo fluido sobre las emociones, sobre la empatía, sobre las normas sociales”.
Ana Cuervo García:
- “Lo que tenemos que hacer es educar, pero también dar oportunidades. Y estos menores no suelen tener oportunidades”.
- “Pensemos que son menores, pensemos que son vulnerables, pensemos que están desprotegidos y pensemos que sus realidades son más duras que las nuestras y a lo mejor nosotros haríamos lo mismo”.
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