Carolina Sierra Castillo
Corrupción, pobreza y democracia. En este segundo capítulo de la serie sobre "los diez mitos que silencian la corrupción", la directora ejecutiva del Máster en Análisis y Prevención de la Corrupción de UNIR lanza una mirada crítica desde un análisis multidisciplinar sobre esta lacra.
Uno de los mitos más extendidos – y también más perjudiciales- en el imaginario social es la idea de que la corrupción es un fenómeno exclusivo de los países pobres. Esta idea presupone que la corrupción es una consecuencia directa del subdesarrollo, cuando en realidad es un fenómeno que puede encontrarse en cualquier contexto institucional, incluso en aquellos con altos niveles de ingreso per cápita o desarrollo económico. La corrupción no distingue entre economías emergentes o avanzadas; aunque su forma y manifestaciones puedan variar, sus efectos sobre la democracia, la equidad y la confianza pública son igualmente corrosivos.
Analizar la pobreza y la desigualdad como consecuencia —y no como causa— de la corrupción permite replantear los enfoques tradicionales y visibilizar los factores estructurales que alimentan las prácticas corruptas en distintos contextos, tanto nacionales como internacionales. Esta perspectiva sitúa la corrupción como un problema de alcance global, que erosiona la calidad democrática y obstaculiza los procesos de desarrollo sostenible.
Medir la corrupción, supone un desafío metodológico. Las estadísticas disponibles son a menudo incompletas, fragmentadas o no comparables entre países. Existen diferencias normativas, vacíos en los registros judiciales y una brecha considerable entre las investigaciones y las condenas. Por esta razón, muchos países se apoyan en indicadores como el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) elaborado por Transparencia Internacional. Aunque no mide hechos comprobados de corrupción, sí refleja la percepción y se ha convertido en una herramienta útil para orientar políticas públicas y generar presión social.
No ocurre lo mismo con la medición de la pobreza que se valora mediante umbrales definidos de ingreso y privación material. El estándar actual del Banco Mundial es de 2,15 dólares diarios, que representa la línea de pobreza extrema en paridad de poder adquisitivo (PPA). El umbral de 6,85 dólares diarios (en PPA) se usa como una línea de pobreza más general para países de ingresos medios y altos. Si bien tampoco es una medición perfecta o uniforme, ofrece una base más estandarizada para el análisis comparativo.
Distintos estudios internacionales han identificado una relación significativa entre corrupción sistémica y mayores niveles de pobreza y desigualdad. La conclusión compartida es que reducir la corrupción tiene un efecto positivo en la mejora de las condiciones sociales, el fortalecimiento institucional y un desarrollo más equitativo [1]. Es en esta lógica que el ODS 16 de la Agenda 2030 incorpora explícitamente la necesidad de reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas, como condición para promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.
Desde esta perspectiva, la corrupción no puede entenderse solo como un problema normativo, es una violación de derechos fundamentales. Limita la provisión de servicios esenciales, reduce las oportunidades económicas, erosiona la confianza ciudadana y profundiza las condiciones estructurales de vulnerabilidad y exclusión. Aunque afecta a todos los países, sus efectos tienden a ser más devastadores en contextos de debilidad institucional, donde puede frenar por completo los procesos de desarrollo. Por ello, aunque la corrupción no es un fenómeno exclusivo de los países de ingresos bajos o medios, sus efectos en las economías emergentes suelen ser más severos, ya que ralentizan o incluso impiden procesos de desarrollo sostenible.
“Cuando no se protegen las instituciones, cuando se restringen las libertades civiles o se debilita la sociedad civil organizada, se abre camino para el crecimiento de prácticas corruptas”.
Ahora bien, la corrupción debe abordarse como una amenaza directa a las democracias. Existe un vínculo estrecho entre democracia, garantías fundamentales y desarrollo. La lucha contra la corrupción es, al mismo tiempo, una lucha por preservar los valores esenciales del Estado de derecho. Cuando no se protegen las instituciones, cuando se restringen las libertades civiles o se debilita la sociedad civil organizada, se abre camino para el crecimiento de prácticas corruptas.
Las democracias consolidadas – cuando funcionan adecuadamente- ofrecen beneficios evidentes en términos de equidad, inclusión y desarrollo [2]. Sin embargo, el proceso de consolidación democrática no es exento de riesgos: los periodos de transición institucional son especialmente vulnerables a la captura del poder y a la corrupción estructural. Por eso, el fortalecimiento de la democracia requiere no solo reglas formales, sino cultura cívica, instituciones sólidas y ciudadanía activa. En resumen, el crecimiento económico es sensible al funcionamiento de la democracia.
“Los periodos de transición institucional son especialmente vulnerables a la captura del poder y a la corrupción estructural”.
Una democracia saludable protege sus instituciones, fomenta una ciudadanía crítica y refuerza los mecanismos de integridad pública. La corrupción no es un problema exclusivo de los países de ingresos bajos; se alimenta de debilidades estructurales que pueden afectar también a las democracias más avanzadas.
El caso de Siemens en Alemania es ilustrativo: una de las empresas más emblemáticas del sector tecnológico europeo protagonizó uno de los mayores escándalos de soborno corporativo de alcance global. Entre los años 1999 y 2006, la compañía canalizó pagos millonarios a funcionarios públicos de distintos países para asegurar contratos y licitaciones, violando normas internacionales de integridad empresarial.
La corrupción es un problema de alcance global, que va más allá de la pobreza y la desigualdad, que erosiona la calidad democrática y obstaculiza los procesos de desarrollo sostenible.
Asimismo, los llamados paraísos fiscales en Europa han facilitado prácticas de evasión y elusión fiscal que, si bien muchas veces no configuran delitos penales, comprometen los principios de equidad tributaria y transparencia financiera. Casos como LuxLeaks revelaron acuerdos confidenciales entre gobiernos e importantes corporaciones para reducir drásticamente sus obligaciones fiscales. Estas prácticas erosionan las bases fiscales de otros Estados y socavan la confianza pública en la imparcialidad del sistema económico global.
Por otra parte, fenómenos de captura regulatoria han evidenciado cómo determinados sectores —especialmente el financiero, el energético o el farmacéutico— logran influir en las normativas que deberían supervisarlos. Esta forma de corrupción estructural, más difícil de detectar y sancionar, demuestra que incluso en democracias consolidadas puede haber una apropiación indebida del interés público por parte de intereses privados.
“Educar a la ciudadanía sobre el vínculo entre democracia, legalidad y desarrollo sostenible constituye una de las tareas centrales en la lucha contra la corrupción”.
Por todo ello, educar a la ciudadanía sobre el vínculo entre democracia, legalidad y desarrollo sostenible constituye una de las tareas centrales en la lucha contra la corrupción. Desmontar el mito de que la corrupción es propia de los países pobres es también una forma de asumir que ningún país está exento, y que el compromiso con la integridad pública debe ser global, transversal y permanente.
En el Máster Universitario en Análisis y Prevención de la Corrupción asumimos el compromiso de ofrecer una mirada crítica, rigurosa y multidisciplinar sobre el fenómeno de la corrupción. Desde una perspectiva transnacional e intersectorial, el programa aborda la corrupción tanto en el ámbito público como en el privado, considerando sus dimensiones jurídicas, políticas, económicas y sociales.
(*) Carolina Sierra Castillo es doctora en Derecho, magister en Cultura Jurídica: Seguridad, Justicia y Derecho, y directora ejecutiva del Máster en Análisis y Prevención de la Corrupción de UNIR.
Referencias:
- [1] Gupta, S., Davoodi, H. R., & Alonso-Terme, R. (1998). Does corruption affect income inequality and poverty? (IMF Working Paper No. WP/98/76). International Monetary Fund. https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/wp9876.pdf?utm_source=chatgpt.com
- [2] Luo, J. (2020). State of the World: Democracy’s Impact on Social and Economic Development (V-Dem Working Paper No. 36). V-Dem Institute, University of Gothenburg.
Capítulos anteriores de la serie:
- Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales
- Facultad de Derecho
