Jesús Delgado Valery
Más de 27 millones de peruanos están llamados a las urnas el próximo domingo 12 de abril para elegir nuevo presidente, dos vicepresidentes, y también a senadores y diputados. Se trata de un momento crítico que marcará el destino de la República.
El próximo domingo 12 de abril de 2026, el Perú se enfrenta a uno de los procesos electorales más complejos y desafiantes de su historia reciente. En un contexto global marcado por la incertidumbre y el retroceso de las libertades civiles, estas elecciones no solo representan una renovación de autoridades, sino una prueba para la institucionalidad de un país que ha navegado una década de turbulencia política.
En esta jornada, más de 27 millones de personas están habilitadas para elegir a la fórmula presidencial (presidente y dos vicepresidentes), 60 senadores, 130 diputados y 5 representantes ante el Parlamento Andino. En caso de que ningún candidato presidencial alcance el 50% de los votos (lo más probable de acuerdo a las encuestas), se celebrará una segunda vuelta el 7 de junio.
Los organismos encargados de la función electoral son el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), máximo órgano de justicia electoral, encargado de fiscalizar la legalidad del sufragio, impartir justicia en materia electoral y proclamar los resultados oficiales; la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), responsable de la organización de los comicios, el diseño de la cédula de votación, el despliegue logístico y el procesamiento de las actas de votación; y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), institución encargada de la elaboración del padrón electoral, asegurando la identidad de los votantes.
Aunque en muchos aspectos la dinámica del sistema político peruano es particular (ha sido calificado como una “democracia sin partidos”), el deterioro democrático que evidencia se enmarca en lo que el informe de Varieties of Democracy (V-Dem) 2026 califica como la “tercera ola de autocratización“.
Inseguridad e inflación
En la región, el apoyo a la democracia ha ido cayendo paulatinamente en los últimos años, aunque también se han registrado leves mejoras. Sin embargo, el estudio arroja que, en el caso de Perú, más de un 50% de la población se muestra dispuesta a sacrificar el sistema democrático si ello garantiza la resolución de problemas urgentes como la inseguridad o la inflación.
Por su parte, el Índice de Democracia Liberal (LDI) refleja un deterioro significativo, situando al país en un episodio de autocratización caracterizado por la inestabilidad institucional, marcando una tendencia descendente impulsada por el debilitamiento de la libertad de expresión, de asociación y la rendición de cuentas. Aunque esta crisis no es aislada, en Perú se manifiesta con una desafección ciudadana extrema.
Perú es citado frecuentemente como el caso de estudio por excelencia de una “democracia sin partidos”. La crisis del sistema de partidos ha alcanzado niveles inéditos de fragmentación: para la presente elección se presentaron 35 candidatos presidenciales, lo que ha obligado a organizar debates televisados durante seis días consecutivos para dar cabida a toda la oferta política.
Las elecciones más complejas de la historia, según la ONPE
La ONPE ha advertido que serán las elecciones más complejas de la historia, al tener que incorporar a 40 partidos políticos en la cédula de votación. Esta dispersión del voto asegura que quien resulte electo enfrentará un mandato débil y, probablemente, un Congreso hostil (como se ha hecho costumbre).
Esta debilidad estructural se entrelaza con una inestabilidad política sistémica. En los últimos nueve años los peruanos han tenido ocho presidentes, un carrusel de mandatos interrumpidos por vacancias, destituciones y renuncias. Esta “balcanización” del poder ha impedido la consolidación de políticas públicas a largo plazo y ha profundizado la brecha entre la clase política y las demandas sociales, creando un terreno fértil para el surgimiento de liderazgos disruptivos u outsiders.
Características del sistema electoral peruano como el voto preferencial, que permite al ciudadano escoger directamente a sus candidatos favoritos dentro de la lista de un partido, podría estar reforzando el debilitamiento de las organizaciones políticas.
La reforma hacia la bicameralidad
Una de las novedades más importantes de este proceso es el retorno al sistema bicameral, aprobado mediante la Ley 31988 en 2024. A partir de julio de 2026, el Congreso dejará de ser unicameral para dividirse en dos cámaras:
- Cámara de Diputados (130 miembros): Elegida por distritos electorales, funcionará como el espacio de representación política inmediata y será la instancia donde se originen los debates legislativos.
- Senado (60 miembros): Compuesto por 30 senadores elegidos por distrito electoral nacional y 30 por distritos regionales. El Senado actuará como una cámara revisora, con el fin de dotar de mayor reflexión y rigor técnico a la producción de leyes, además de designar a altas autoridades del Estado.
El objetivo de esta reforma es corregir deficiencias estructurales del parlamento unicameral. No obstante, el éxito de las reformas tiene que ver más con que los tomadores de decisiones hayan hecho un diagnóstico acertado del problema que con la buena voluntad. El estudio de casos ha dejado claro que las reformas por sí solas no tienen la capacidad de corregir dinámicas perjudiciales si no van acompañadas de compromisos por parte de las fuerzas políticas. De cualquier manera, el próximo periodo legislativo nos permitirá hacer un balance al respecto.
El pulso de la opinión pública: encuestas y tendencias
Las últimas encuestas permitidas antes del silencio electoral revelan una gran volatilidad. Keiko Fujimori (Fuerza Popular) lidera la intención de voto con cifras que oscilan entre el 15% y 18% de votos válidos. La disputa por el segundo lugar es intensa entre el humorista y outsider Carlos Álvarez (País para Todos), quien ha capitalizado el descontento social con un discurso directo, y Rafael López Aliaga (Renovación Popular), representante de un sector conservador.
De acuerdo a algunos estudios de opinión, se ha evidenciado una caída del voto blanco y viciado de un 30% a un 17% después de la celebración de los debates presidenciales organizados por el JNE. Candidatos de centro-izquierda como Roberto Sánchez y Jorge Nieto han mostrado repuntes significativos tras sus participaciones en estas jornadas.
El combate a la desinformación y el impacto de la IA
Como viene ocurriendo en todo el mundo, el ciclo electoral peruano está profundamente atravesado por el impacto de la inteligencia artificial. Por un lado, la tecnología ofrece oportunidades de modernización, como el asistente EleccIA del JNE, que permite agilizar la revisión de expedientes jurisdiccionales de forma dramática. Sin embargo, la IA generativa ha multiplicado la velocidad y el realismo de la desinformación, facilitando la creación de deepfakes y contenido sintético diseñado para manipular la percepción pública y erosionar la confianza en los resultados.
Frente a esta amenaza, los organismos electorales han subrayado la necesidad de una gobernanza algorítmica que asegure la supervisión humana en todos los procesos. La ONPE ha hecho un esfuerzo en este sentido, con el Observatorio Interamericano para el Combate a la Desinformación Electoral, haciendo alianzas con plataformas digitales, difundiendo educación mediática para la ciudadanía y promoviendo la transparencia en la apertura de datos para neutralizar narrativas de fraude.
Las elecciones del 12 de abril representan un momento decisivo para el rumbo del desarrollo peruano. Ante un escenario de alta polarización, desafección ciudadana y fragilidad institucional, la legitimidad de los comicios no dependerá únicamente de la solidez técnica, sino de la capacidad del sistema para reconstruir la confianza ciudadana.
Teniendo en cuenta lo ajustado de las encuestas y lo ocurrido en elecciones anteriores, es muy probable un escenario de empate técnico entre dos o más candidatos, lo que puede fomentar narrativas de fraude por parte de aquellos que no logren pasar a la segunda votación.
La experiencia en Perú, pero también en el mundo, indica que este escenario es muy probable. Candidatos vencidos desconociendo los resultados y descalificando a las autoridades electorales. Por ello es importante recordar que la integridad electoral es una responsabilidad compartida entre todos los actores parte de la gobernanza electoral. Los partidos políticos deben actuar éticamente; los medios deben verificar la información; y se debe promover que la ciudadanía ejerza un voto informado y crítico frente a la manipulación digital.
(*) Jesús Delgado Valery es director de Programas de Transparencia Electoral, miembro del Observatorio Electoral de UNIR y profesor del Área de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de UNIR. Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Central de Venezuela (UCV) y magíster en Estudios Electorales por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) de Argentina. Ha participado en más de 50 misiones de observación y acompañamiento de veeduría electoral en América y Europa. Autor y colaborador de varias publicaciones sobre integridad y observación electoral y democracia.
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