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¿Qué es el derecho a la información? Así lo reconoce la Constitución Española

El derecho a la información, reconocido en todo el mundo, es uno de los pilares sobre el que se sustenta el buen funcionamiento de una sociedad democrática.

El derecho a la información es un derecho fundamental reconocido a nivel internacional que protege la libre difusión y acceso a información veraz que tienen los ciudadanos respecto a hechos de relevancia pública.

Aunque son libertades distintas, la libertad de expresión, de opinión y la de acceso a la información son pilares que sustentan el buen funcionamiento de una sociedad democrática. De ahí que el derecho a la información esté reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que el ordenamiento español consagre en un artículo de la Constitución de 1978 estas libertades, junto con los demás derechos fundamentales de los que gozan los ciudadanos españoles.

La Carta Magna española reconoce y protege en su artículo 20 el derecho a:

  • Expresar y difundir pensamientos, ideas y opiniones.
  • A la producción literaria, artística, científica y técnica.
  • A la libertad de cátedra.
  • Y a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.

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Que los ciudadanos tengan la libertad y el derecho de comunicar y a recibir información veraz busca garantizar la pluralidad, el pensamiento crítico, el libre debate y la implicación de la ciudadanía como miembro de una sociedad democrática. Este derecho a la información, como bien intangible, se protege hasta el punto de que su único límite es el respeto al resto de los derechos fundamentales que recoge ese mismo Título I de la Constitución, y no podrá limitarse mediante ningún tipo de censura previa. Como derecho fundamental, su desarrollo debe hacerse mediante ley orgánica y, en caso de quebranto, será susceptible de protección por la vía del amparo constitucional.

El ejercicio del derecho a la información y la ley de transparencia

Como vemos, el derecho a la información tiene una doble vertiente. Por un lado, protege la libertad de expresión e información que realizan los profesionales de la comunicación con la finalidad de informar a la ciudadanía. Este ejercicio del derecho a la información se realiza comunicando de forma veraz a través de canales y medios de información públicos y privados. El objeto de esa información será hechos noticiables y, como establece la propia Constitución, su veracidad deberá garantizarse a través de la verificación adecuada y suficiente.

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La segunda vertiente del derecho a la información es la que, como ciudadanos, ejercemos al acceder o solicitar el acceso a información, bien sea a través de medios de comunicación o a través de los canales que la Administración pública debe promover para responder a cuestiones sobre su gestión y administración. Este es un aspecto esencial para garantizar la transparencia de las instituciones públicas y que la ciudadanía pueda contar con la información necesaria para formar su opinión y participar en la toma de decisiones.

Este derecho de acceso a la información pública se regula a través de la Ley de Transparencia, aprobada en 2013. El Portal de Transparencia del Gobierno cuenta con los mecanismos para que cualquier ciudadano solicite información pública que obre en manos de cualquier Administración Pública y haya sido elaborado o adquirido en el ejercicio de sus funciones. La primera línea roja al acceso de los ciudadanos a archivos y registros administrativos lo pone la Constitución: que esa información afecte a la seguridad y defensa del Estado, a los procesos para la averiguación de delitos y a la intimidad de las personas. La Ley de Transparencia marca los límites de forma más detallada y establece, además, que si estos afectaran solo a una parte de la información solicitada, el ciudadano dispondrá de acceso parcial a lo solicitado.

El Grado en Derecho online de UNIR permite a sus estudiantes conocer en profundidad el alcance y protección de los derechos fundamentales en el ordenamiento español. Se trata de una materia enmarcada en el ámbito del Derecho Constitucional y una de las más relevantes para el ejercicio de la profesión.

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