Alfredo A. Rodríguez Gómez
La resolución 2797 del órgano principal de Naciones Unidas marca un giro diplomático histórico que fortalece la posición marroquí y debilita las aspiraciones independentistas del Frente Polisario en la antigua colonia española.
El 31 de octubre de 2025, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas [1] ha adoptado la Resolución 2797 (2025) sobre la situación en el Sáhara Occidental. Este texto marca un punto de inflexión en la larga disputa entre Marruecos y el Frente Polisario al introducir un giro diplomático sustancial en la posición de la ONU. Si hasta ahora la autodeterminación del pueblo saharaui era el eje de las negociaciones, la nueva resolución consolida el plan de autonomía marroquí como la base más realista y viable para alcanzar una solución política duradera.
Desde su inicio en 1991, la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) había tenido el mandato de organizar una consulta de autodeterminación que permitiera al pueblo saharaui decidir entre independencia o integración con Marruecos. Sin embargo, las sucesivas rondas de negociación y las disputas sobre el censo electoral bloquearon cualquier avance. El Consejo de Seguridad, consciente de la parálisis, ha optado ahora por un cambio de enfoque que busca una “solución política mutuamente aceptable” sin insistir en el referéndum como vía única.
El contenido de la Resolución 2797
El texto renueva el mandato de la MINURSO hasta el 31 de octubre de 2026, pero introduce matices decisivos en su orientación política. En primer lugar, reconoce expresamente que el plan de autonomía propuesto por Marruecos constituye una base seria, creíble y realista para resolver el conflicto, formulación inédita en términos de claridad y énfasis. De este modo, la ONU legitima por primera vez un modelo que, según Rabat, preserva la soberanía marroquí al tiempo que concede amplias competencias de autogobierno al territorio.
La resolución insta a las partes —Marruecos y el Frente Polisario— a retomar negociaciones sin condiciones previas, en presencia de los países vecinos, Argelia y Mauritania, que desempeñan un papel esencial en la estabilidad regional. No obstante, la referencia tradicional al “derecho de autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental” aparece atenuada, lo que evidencia un desplazamiento conceptual. El texto ya no sitúa el referéndum como el desenlace natural del proceso, sino como una de las posibles opciones dentro de un marco negociado más amplio.
Un triunfo diplomático para Marruecos
El cambio de tono del Consejo de Seguridad representa una victoria diplomática para Marruecos, fruto de una estrategia sostenida de influencia y alianzas. En los últimos años, Rabat ha consolidado el respaldo de Estados Unidos, Francia y varios países árabes y africanos a su propuesta de autonomía. La decisión de Washington de apoyar abiertamente la soberanía marroquí sobre el Sáhara desde 2020 y la apertura de consulados en ciudades como Dajla y El Aaiún reforzaron la narrativa de que la comunidad internacional reconoce la primacía de la estabilidad sobre la incertidumbre del referéndum.
La Resolución 2797 recoge y amplifica esa tendencia. En los hechos, el Consejo de Seguridad legitima la propuesta marroquí como la única salida viable, lo que reduce el margen de maniobra del Frente Polisario y de Argelia, su principal aliado. Argel, que históricamente ha defendido la autodeterminación como principio irrenunciable del derecho internacional, ha expresado su rechazo a un texto que, a su juicio, vacía de contenido la misión original de la ONU.
Consecuencias regionales y estratégicas
La resolución tiene implicaciones profundas para el equilibrio geopolítico del Magreb. Marruecos emerge reforzado como actor central y socio preferente de Occidente en una región marcada por tensiones energéticas, crisis migratorias y desafíos de seguridad transfronteriza. Argelia, por su parte, percibe esta evolución como un revés estratégico que debilita su influencia regional y consolida el eje Rabat–Washington–París.
En términos internos, el reconocimiento internacional del plan de autonomía ofrece a Marruecos una legitimación política que puede traducirse en inversiones y desarrollo económico en el territorio. La narrativa oficial marroquí se centrará previsiblemente en presentar el Sáhara como un espacio de modernización y estabilidad, frente a la alternativa del conflicto prolongado. Sin embargo, este respaldo no está exento de riesgos: el Frente Polisario ha advertido que interpretará la resolución como una renuncia al compromiso con la autodeterminación, lo que podría reavivar tensiones militares en la franja de Guerguerat y otras zonas de contacto.
Por lo que respecta a Naciones Unidas, la MINURSO entra en una fase de redefinición. Su misión ya no se limitará a garantizar el alto el fuego y preparar un referéndum improbable, sino que deberá contribuir a crear las condiciones para una negociación política permanente. Esto implica un mandato más flexible y un seguimiento más estrecho de los derechos humanos en la región, punto que algunos miembros del Consejo —como Estados Unidos y Reino Unido— han comenzado a destacar en sus intervenciones.
El cambio en la narrativa internacional
Más allá del plano jurídico y diplomático, la Resolución 2797 supone un cambio discursivo de fondo. Durante décadas, la ONU había mantenido una posición de equilibrio entre las pretensiones soberanas de Marruecos y el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Ese equilibrio se rompe parcialmente con esta resolución, que introduce una noción de “autonomía bajo soberanía” como fórmula aceptable dentro del marco del derecho internacional contemporáneo. En la práctica, esto significa que la autodeterminación ya no se entiende exclusivamente como independencia, sino como la posibilidad de autogobierno dentro de un Estado existente.
Este desplazamiento semántico refleja la tendencia global hacia soluciones pragmáticas en conflictos territoriales prolongados. La comunidad internacional privilegia cada vez más la estabilidad y la cooperación frente a procesos inciertos que puedan generar nuevos Estados o conflictos. Desde esa perspectiva, el Sáhara Occidental se convierte en un laboratorio de cómo la ONU adapta su lenguaje a un mundo en el que la viabilidad política pesa tanto como el principio jurídico.
Perspectivas y desafíos
Pese al aparente consenso, la resolución deja abiertas numerosas incógnitas. El Frente Polisario continúa recibiendo respaldo de algunos países africanos y latinoamericanos, además de mantener su presencia institucional en la Unión Africana. El riesgo de fragmentación del consenso dentro del Consejo de Seguridad persiste, especialmente si se reanudan hostilidades o se registran violaciones del alto el fuego. Tampoco está claro cómo se articulará el proceso de negociación sin un mediador fuerte que logre compromisos sustantivos.
En suma, la Resolución 2797 (2025) representa una inflexión histórica: la ONU se alinea con el plan marroquí de autonomía como base para la paz, desplazando el eje del debate desde la autodeterminación hacia la estabilidad política. Con ello, el conflicto del Sáhara Occidental entra en una nueva etapa en la que la diplomacia y el realismo estratégico parecen imponerse a la retórica de las viejas resoluciones. Pero la verdadera prueba será ver si este giro logra traducirse en una paz efectiva y duradera para una región que lleva medio siglo esperando una solución definitiva.
(*) Alfredo Rodríguez es profesor en UNIR del doble Grado en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas y del Máster Universitario en Estudios de Seguridad Internacional.
[1] Consejo de Seguridad de la ONU: El Consejo de Seguridad de la ONU es el órgano principal de la organización encargado de mantener la paz y la seguridad internacionales. Está compuesto por 15 miembros, de los cuales 5 son permanentes con poder de veto (China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos) y 10 son no permanentes elegidos por la Asamblea General. Sus funciones incluyen investigar conflictos, recomendar soluciones pacíficas y, si es necesario, imponer sanciones o autorizar el uso de la fuerza.
- Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales
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