El congreso partía de un paradoja del modelo italiano de relaciones entre los poderes públicos y las confesiones religiosas.
El congreso partía de un paradoja del modelo italiano de relaciones entre los poderes públicos y las confesiones religiosas: mientras que en los últimos años se ha incrementado de forma notable el pluralismo religioso de la sociedad italiana y el Estado ha firmado acuerdos de cooperación con varias minorías religiosas, el cuadro normativo general aplicable a las confesiones distintas de la Iglesia católica no ha sido objeto de adaptación. En esta materia continua vigente la Ley dei culti ammessi de 1929.
El objetivo del encuentro científico era poner de manifiesto la necesidad acuciante de promulgar una ley general sobre el derecho fundamental de libertad religiosa, que sustituya a la antigua legislación de cultos admitidos, y reflexionar sobre la orientación que debería tener esa nueva norma. En el congreso participaron juristas y sociólogos de distintos países europeos, dirigentes de confesiones religiosas y una amplia representación de las fuerzas políticas con presencia en el Senado de la República Italiana. El Director del grupo de investigación “Culturas, Religiones y Derechos Humanos” (CRDH), Miguel Rodríguez Blanco, fue autor de una de las quince ponencias que se presentaron en el congreso. CRDH está acreditado por el Vicerrectorado de Investigación y Tecnología (UNIR Research).
El congreso se estructuró en siete sesiones. En la primera de ellas, de carácter introductorio, se reflexionó sobre el papel y derechos de los grupos religiosos en la sociedad laica. En segundo lugar, se desarrolló una mesa redonda sobre las políticas de los Estados europeos en materia de libertad religiosa con la finalidad de identificar las especificidades propias de cada Estado y los elementos en común. La tercera sesión se centró en la posibilidad y orientación de un Derecho europeo de las religiones.
En cuarto lugar se abordó la aportación de la Iglesia católica al reconocimiento del derecho de libertad religiosa. La quinta sesión dio voz a las minorías religiosas con objeto de exponer los aspectos críticos en torno a las políticas seguidas en materia de libertad religiosa. La sexta sesión ofreció una presentación de un proyecto de ley de libertad religiosa. Por último, la séptima sesión dio voz a varios partidos políticos para que sus representantes expusieran su visión sobre la necesidad de actualizar la normativa sobre los culti ammessi de 1929.
La ponencia presentada por Miguel Rodríguez Blanco expuso las políticas seguidas en España en materia de libertad religiosa desde la promulgación de la Constitución de 1978 hasta el momento actual. Los puntos que se analizaron fueron los siguientes: el modelo constitucional de relaciones entre los poderes públicos y las confesiones religiosas; el régimen jurídico propio de la Iglesia católica; el sistema establecido por la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980; los acuerdos entre el Estado y las confesiones religiosas minoritarias; la descentralización del Estado y la proliferación de políticas en materia de libertad religiosa a nivel autonómico y local; y las problemáticas en torno al sistema de acuerdos.
Una de las principales conclusiones del encuentro fue la necesidad de fijar en una norma estatal el contenido de las condiciones mínimas de carácter básico que garanticen el efectivo y real reconocimiento del derecho fundamental de libertad religiosa en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos.
