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Una de las vías de impugnación de los actos administrativos es el recurso de alzada. Al igual que otros recursos, el objetivo es modificar la resolución dictada por un órgano jurídico.
El recurso de alzada es el medio para solicitar que un órgano administrativo, jerárquicamente superior al que ha dictado una resolución, revise y enmiende, conforme a derecho, una resolución.
Como explica la Ley del Procedimiento Administrativo Común 39/2015, el recurso de alzada puede interponerse contra los actos de trámite y las resoluciones que no ponen fin a la vía administrativa «si éstos deciden directa o indirectamente en fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a los derechos e intereses legítimos» del interesado.
El recurso administrativo de alzada se interpone por escrito ante el órgano superior jerárquico al que dictó el acto que se recurre o, como expresa la norma, ante el órgano que sea competente para resolverlo. Esto puede hacer que el recurso de alzada se interponga ante el órgano que dictó la resolución, en cuyo caso deberá remitir al órgano competente para resolverlo en un plazo de diez días con toda la documentación pertinente.
Requisitos para interponer un recurso de alzada administrativo
A la hora de interponer un recurso de alzada será necesario cumplir dos requisitos:
- Que la resolución que se pretende impugnar con este mecanismo no ponga fin a la vía administrativa.
- Cumplir con los plazos legales establecidos
La Ley de Procedimiento Administrativo recoge una serie de resoluciones que ponen fin a la vía administrativa, como por ejemplo:
- Las resoluciones de órganos administrativos que no tienen superior jerárquico, salvo que legalmente se establezca lo contrario.
- Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.
- La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, independientemente de si deriva de una relación pública o privada.
- Las resoluciones de los recursos de alzada.
Si la resolución dictada pone fin a la vía administrativa no cabrá recurrir en alzada y se deberá interponer un recurso judicial contencioso-administrativo.
En cuanto a los plazos, la ley establece que el recurso de alzada debe interponerse en el plazo de un mes si el acto administrativo fuera expreso. Si transcurre ese plazo y no hay recurso, el acto será firme a todos los efectos.
Cuando el acto no sea expreso, el solicitante y los interesados podrán interponer recurso de alzada en cualquier momento desde el día siguiente al que el silencio administrativo produzca efectos. El órgano administrativo que debe resolver el recurso tiene un plazo de tres meses para pronunciarse; transcurrido ese tiempo sin una resolución, el interesado entenderá como desestimado el recurso.
Contra la resolución del recurso de alzada no cabe ningún otro recurso salvo el extraordinario de revisión, solo en los casos en los que la resolución impugnada presenta lo siguientes supuestos:
- Se ha incurrido en un error de hecho con relación a los incorporados en el expediente.
- Porque la resolución administrativa se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible.
- Cuando aparecen con posterioridad documentos de valor esencial que evidencian el error de resolución.
- Casos ceñidos a la falsedad de documentos o testimonios aportados al procedimiento.
En los casos de recurso extraordinario de revisión el interesado dispone de un plazo de entre tres meses y cuatro años para interponerlo en vía administrativa. Por su parte, el órgano encargado cuenta con un plazo de tres meses para dictar y notificar la resolución. Si no lo hace, el silencio administrativo tendrá carácter desestimatorio y se abrirá la vía judicial.
La ley establece los elementos que debe recoger un recurso de alzada. El Ministerio del Interior pone a disposición de los ciudadanos plantillas modelo de los distintos recursos administrativos para facilitar los trámites, incluido el recurso de alzada.
En general, el documento de interposición del recurso deberá expresar:
- El nombre, apellidos e identificación del recurrente.
- El acto que se recurre y los fundamentos que justifican el recurso.
- La fecha, lugar, identificación del medio, domicilio a efecto de notificaciones y firma.
- Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige.
El procedimiento administrativo es la piedra angular de la relación de las personas físicas y jurídicas con el sector público, que comprende las entidades administrativas estatales, autonómicas y locales, además de aquellos organismos dependientes de ellas. El procedimiento administrativo afecta a un amplio abanico de actividades, desde la solicitud de prestaciones públicas hasta la tramitación de los impuestos o la inscripción de actividades en distintos registros.
Como abogado, conocer en profundidad qué es un recurso de alzada y, en general, el proceso administrativo, permitirá cumplir con diligencia la labor encomendada por el cliente. Una vez finalizado el Grado en Derecho, donde se estudia la estructura administrativa y todos los pasos del procedimiento, el futuro abogado puede profundizar en otros aspectos de esta vía jurídica en el Máster en Abogacía que debe superar para poder colegiarse y ejercer.
Ejemplos de recurso de alzada
Como se ha explicado, el recurso de alzada se interpone cuando se haya producido algún tipo de perjuicio o vulneración de derechos e intereses de las personas interesadas. Por ejemplo, alguno de los actos administrativos más comunes que se suelen recurrir son:
- Tráfico. Se dirige a la Jefatura Provincial de Tráfico. Por ejemplo, sanciones de tráfico, problemas relacionados con los exámenes prácticos o teóricos de conducir o cualquier otro asunto relacionado con este ámbito.
Un recurso de alzada común es el que presenta un conductor que ha sido sancionado por conducir bajo los efectos del alcohol, pero que se muestra en desacuerdo con el hecho imputado y tiene pruebas para demostrar que en realidad conducía sobrio. Por lo que pide, a través del recurso de alzada, la nulidad de la sanción.
- Extranjería. Se presenta para recurrir actos dictados por la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil. Por ejemplo, por una denegación de la solicitud de prórroga de estancia.
- Urbanismo. Por acciones referentes a licencias urbanísticas u otras gestiones de esta área. El recurso se presenta frente al organismo competente que corresponda en cada caso.
- Educación. Este recurso se utiliza como medio de impugnación en las oposiciones. Se lleva a cabo para reclamar a la Administración alguna irregularidad en el proceso, como pueden ser preguntas ambiguas, incorrectas o poco claras, el criterio de los tribunales o incluso el orden de convocatoria.
En general, lo que se persigue es que un determinado órgano administrativo revise un acto dictado por otro órgano dependiente jerárquicamente de él y que enmiende, conforme a derecho, el acto del órgano inferior.
