Lunes, 26 agosto 2019

'Tasa Google': nueva guía de perplejos

Una vez publicados el Plan de Acción BEPS (OCDE) y la Directiva Anti-abuso (UE), la tributación de la economía digital se ha convertido en una de las grandes incógnitas pendientes de ser resueltas en el ámbito de la fiscalidad internacional.

Hace unos meses, el ECOFIN parecía poner punto y final a la propuesta del Impuesto sobre Servicios Digitales en el club de los 28. Sin embargo, la reciente cumbre del G20 de Osaka, para perplejidad colectiva, parece haber reabierto esa compleja puerta.

Propuesta OCDE

Como es sabido, los efectos de la digitalización de la economía en el ámbito internacional son el origen y razón de ser del Plan de Acción BEPS. De hecho, la Acción 1 del Plan fue la encargada de desarrollar este asunto, aunque no recogió ninguna recomendación concreta. Y algo parecido ocurrió en el “Informe Intermedio – Desafíos fiscales derivados de la Digitalización” elaborado por la OCDE el pasado año.

Por tanto, habrá que esperar al Informe final de 2020 para saber si existen consensos hasta ahora no obtenidos.

Escenario Unión Europea

En el marco comunitario la digitalización de la economía ha atraído la atención del legislador, debido a su enorme relevancia económica y fiscal presente y futura.

Tanto la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Tallin (2017) como las labores del Consejo Europeo y del ECOFIN, han constatado que la normativa fiscal actual no está lo suficientemente adaptada a las derivadas que plantea la economía digital. La UE sí parecía tener claro el rumbo a seguir.

Hay que saber que se camina por una tierra incógnita. Esto exige prudencia y consciencia de que este camino puede tomar vías alternativas aún no contempladas. Con todo, la UE ha entendido que esa prudencia no puede ser paralizante.

Presencia digital significativa

A pesar de que sería deseable una solución internacional consensuada (a nivel OCDE, como mínimo), la UE propone como salida a largo plazo una modificación del concepto de establecimiento permanente en la que se enmarque una noción tan imprecisa como la “presencia digital significativa”. Esta solución se proyectó en la Propuesta de Directiva que regula normas relativas a la tributación de una presencia digital significativa.

Gravamen a las GAFA

Sin embargo, la Comisión escogió un camino más aceptable por sus socios e introdujo una medida intermedia en forma de nuevo impuesto que gravara exclusivamente ciertos servicios digitales (Impuesto sobre Servicios Digitales, ISDi, o Digital Services Tax – DST), como son los de publicidad, intermediación y transmisión de datos (art. 3.1), que acabó materializándose en la Propuesta de Directiva relativa al sistema común del impuesto de servicios digitales sobre ingresos generados en la prestación de ciertos servicios digitales.

Desde hace unos meses, se viene debatiendo en el seno de la Unión Europea el establecimiento de este gravamen a las joyas de la corona estadounidenses, las GAFA (Google, Apple, Facebook y Amazon), principalmente impulsado por Francia, Reino Unido y España. Alemania, protegiendo su sector automovilístico, lo miraba con cierto recelo. Luxemburgo e Irlanda, entre otros, encabezaron la oposición a la tasa.

Ante esta disparidad de opiniones, la inicial Propuesta de Directiva fue desvirtuándose, con el objetivo de congraciarse con los Estados descontentos. Esto último ha dado origen a una Propuesta de Directiva relativa al sistema común del impuesto sobre la publicidad digital que grava los ingresos procedentes de la prestación de servicios de publicidad digital, cuyo hecho imponible ha quedado reducido a nada, si se tienen en cuenta los requisitos para ser considerado sujeto pasivo, etc. Además, el pasado 12 de marzo, como si de la crónica de una muerte anunciada se tratara, el ECOFIN, ante la falta de unanimidad, puso punto y final al impuesto a nivel comunitario.

¿Medidas unilaterales?

Ante la ausencia de consenso europeo, la atención se centra en el procedimiento de cooperación reforzada que permite que un mínimo de nueve Estados establezca una integración avanzada en el ámbito de las estructuras de la Unión sin la participación de los demás Estados miembros.

Amén de esto, los operadores jurídico-económicos no han considerado que el establecimiento de medidas unilaterales sea una buena opción. Entre otros motivos, porque una decisión estatal en un contexto internacionalizado resulta del todo imprudente. Ello no ha impedido que determinados Estados hayan decidido poner en práctica el ISDi (coloquialmente conocido como Tasa Google). Francia, Portugal y Reino Unido han liderado este movimiento, al que también se sumaba España en sus no natos PGE 2019.

La Tasa regresa a la escena internacional

El debate de la tasa Google no parece haber desaparecido de los escenarios nacional e internacional. Con cierta sorpresa, el documento Programme of Work to Develop a Consensus Solution to the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy, derivado de la cumbre de finales de junio del G20 de Osaka, recuperaba el tema de la economía digital con un inesperado consenso basado en tres grandes líneas:

-La aceptación del calendario BEPS para fijar una tasa internacional a las grandes digitales,

-El concepto de presencia digital como eje de la fiscalidad, y

-Un preacuerdo de no competencia fiscal, coordinando la presión internacional.

Para algunos se trata de un espejismo ilusionante, aunque de difícil plasmación práctica. Pero el G20 ha convertido a la tasa Google en un ave fénix en la búsqueda de una respuesta global a los nuevos retos mundiales, como han suscrito los Ministros de Finanzas del G7 en su pasada reunión del mes de julio en Chantilly (Francia). Cierto optimismo, pero mayor prudencia a la espera de los resultados futuros.