Lunes, 22 octubre 2018

Todo lo que necesitas saber sobre la exención en la prestación por maternidad

La reciente sentencia del TS sobre la exención de las prestaciones públicas de maternidad percibidas por la Seguridad social viene a confirmar el roto de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Más allá de su alcance práctico, tanto el reconocimiento de su exención versus su calificación como rendimiento del trabajo, como las alegaciones de la Abogacía del Estado, merecen, desde un punto de vista teórico, varias consideraciones: 

1 – Es un ingreso más

La prestación por maternidad es un ingreso más de los posibles que configuran la base imponible del impuesto, y, de no contar con la exención, afectaría a la progresividad del impuesto. 

La fundamentación de la sentencia se ampara en la Exposición de Motivos de la Ley 62/2003: “En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en primer lugar, se establece la exención de las prestaciones públicas percibidas por nacimiento, parto múltiple, adopción, maternidad e hijo a cargo”.

No obstante, el articulado de la Ley del Impuesto no recoge literalmente lo que parece ser la voluntad del legislador. Solo se e limita a considerar exentas [ art. 7 h)] “las demás prestaciones por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad” y “también (en párrafo aparte) las prestaciones percibidas de las comunidades autónomas o entidades locales. 

Consideramos que la Exposición de Motivos de un texto legal puede y debe aclarar la interpretación de la norma, pero no convertirse en fuente de la norma que sustituya su articulado.   

Se fundamenta igualmente en el sentido gramatical de la palabra “también”. Dicha partícula, a juicio del TS, indica que el párrafo anterior ya contenía la exención para las prestaciones de la Seguridad Social  

Cierra la argumentación con la interpretación sistemática de la acción asistencial de la Seguridad Social, que considera la maternidad como una situación a proteger.  

Demasiados factores a tener en cuenta para interpretar una letra de un apartado de un artículo de una Ley tan relevante.  En pura técnica legislativa, algo falla.  

2 – Argumentos interpretativos

Los mismos argumentos que se utilizan para considerar la exención podrían haber sido utilizados para denegarla, basándose en:

a) la literalidad de la norma,

b) en el sentido gramatical de la partícula “también” (ya que si se incluye significaría que no estaba previsto),

c) en que la situación económica del trabajador no experimenta variación, al obtener una prestación sustitutiva de la nómina que obtendría de su contrato de trabajo suspendido. 

3 – Diferencia de trato

En relación con la interpretación que realiza la sentencia sobre la acción protectora, no se alcanza a ver la diferencia de trato, por ejemplo, entre las prestaciones de desempleo -sujetas al IRPF- y las prestaciones por maternidad. En el primer caso, el colectivo es más vulnerable al no contar con contrato de trabajo, frente al segundo, que tiene el contrato de trabajo simplemente suspendido. 

Razones de equidad y de aplicación del principio de capacidad de pago podrían sugerir que si se quiere proteger la maternidad se instrumenten correcciones en el cálculo de la cuota íntegra – aplicación del tipo medio, por ejemplo – o simplemente impuestos negativos tal como se efectúa con las percepciones por nacimiento de hijo y hasta los tres años. Esto permitiría mantener el principio de progresividad en la aplicación del tipo impositivo sobre cada base imponible.  

4 – Interés económico general social 

Comentario especial merece además, la argumentación de la Abogacía del Estado. Más allá de la mera exposición jurídica -tributaria que le es propia, emplea razonamientos en base al interés económico general social o las circunstancias socio económicas del momento. Procura una interpretación ex-novo de la norma, como si las normas pudieran interpretarse de forma diferente de acuerdo con los intereses que en cada momento se pretenda protege desde el ámbito político y legislativo.

Apreciará el lector que nuestra crítica no es sobre el resultado práctico de la sentencia, sino de la pobre técnica legislativa que se advierte en ocasiones en las normas tributarias. A veces se redactan por motivos de urgencia política o social, de forma no inequívoca y con la consiguiente ambigüedad, que multiplica los recursos. Además, enfrenta a contribuyentes con Gestión Tributaria, a la Dirección General de Tributos con el TEAC, a éste con los Tribunales de Justicia y a éstos entre sí, lo que evidentemente  procura una alta dosis de inseguridad jurídica.