Lunes, 13 julio 2020

El principio de jerarquía normativa: ¿en qué consiste?

El ordenamiento jurídico de un país se compone de leyes y de otros tipos de normas de distinto rango que están ordenadas según el principio de jerarquía normativa. En este post explicamos en qué consiste esta jerarquía y los tipos de normas que integran cada escalón.

No todas las normas que componen el ordenamiento jurídico son de la misma clase, ni tienen la misma relevancia o se aplican sobre el mismo ámbito. Para determinar cuándo se aplica cada una, incluso en caso de conflicto porque haya varias posibilidades ante un mismo caso, es necesario organizarlas de forma jerárquica.

Principio de jerarquía en la Constitución

Esta estructura de mayor a menor importancia es lo que define el rango de una norma. El principio de jerarquía implica que una norma de rango inferior no puede contradecir ni vulnerar lo que establezca una de rango superior, como establece el Código Civil. Esto supone, por ejemplo, que ninguna ley, decreto u otro tipo de norma que se promulgue en España, sea del contenido o ámbito geográfico que sea, puede contradecir o vulnerar los preceptos de la Constitución Española, que es la principal norma del ordenamiento jurídico.

 

La Constitución recoge el principio de jerarquía normativa y dispone que el orden de las fuentes en nuestro ordenamiento se establezca según la posición que ocupa en la estructura del Estado el órgano que la dicta. El poder legislativo o capacidad para elaborar normas reside en las Cortes Generales, pero es una potestad que se puede delegar en el Gobierno, ya sea el central, autonómico o local.

Eso sí, las normas que se dicten por órganos distintos a la Cortes no tendrán el mismo rango. Así, tendrá mayor rango una ley orgánica que un real decreto ley, por ejemplo, porque para promulgar la primera es necesario el apoyo por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, mientras que un real decreto lo promulga un Gobierno, no las Cortes Generales.

Claves de la jerarquía normativa

Que las normas tengan distintos rangos hace necesario ordenarlas para determinar cuál tiene preferencia y aplicar a cada caso la correcta. La jerarquía normativa implica, por tanto, que:

– La Constitución es superior a cualquier otra norma jurídica.

– Una norma de rango inferior no puede contradecir a una de rango superior.

– Una norma posterior deroga a una norma anterior de igual rango.

– Una ley especial prevalece frente a una ley general.

En base a estos principios, la jerarquía de las normas en España se configura como una pirámide en la que la cúspide es la Constitución y la base la forman las disposiciones reglamentarias.

 

De forma más detallada, la jerarquía normativa en España se configura de la siguiente manera:

– Constitución Española

– Reglamentos y directivas de la Unión Europea que sean directamente aplicables (no necesite trasposición al ordenamiento español)

– Tratados internacionales ratificados por el Estado español

– Leyes, emanadas de las Cortes Generales: leyes orgánicas y leyes ordinarias

– Normas con rango de ley, emanadas del poder Ejecutivo (Gobierno): real decreto ley y real decreto legislativo.

– Reglamentos dictados por el Gobierno: reales decretos, órdenes de comisiones delegadas, órdenes ministeriales, circulares, instrucciones…

A esta pirámide puede añadirse otro peldaño: las leyes y reglamentos dictados por las comunidades autónomas. Sin embargo, la jerarquía entre las leyes autonómicas y las estatales dependerá también de principios como su especialidad (que prevalece sobre una ley general), la materia que regule o el propio rango de la norma.

 

Por ejemplo, el Estatuto de Autonomía de una comunidad autónoma tiene rango de ley orgánica y, aunque lo elabora la Cámara legislativa de una comunidad y no las Cortes Generales, solo tiene por encima la Constitución. Aun así, su contenido está determinado por las competencias que cada comunidad tiene y no puede legislar más allá de esa frontera, por lo que no puede contradecir una ley estatal en una materia que no sea de su ámbito de aplicación.

El último peldaño de la pirámide jerárquica son las disposiciones que dictan las entidades locales (Ayuntamientos y Diputaciones). Se denominan ordenanzas, reglamentos y bandos y tienen carácter reglamentario, por lo que no pueden contravenir ninguna norma superior.