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¿En qué consiste el fraude de ley?

Un fraude es una acción contraria a la verdad. En esta línea va el concepto fraude de ley, recogido en el Código Civil, que abordamos hoy desde UNIR.

¿Estás estudiando Derecho para ejercer como abogado? Conocer en profundidad conceptos y definiciones jurídicas es de gran utilidad para ejercer la abogacía con solvencia. Para ayudarte en esta tarea, abordamos qué es el fraude de ley y explicamos algunos ejemplos para comprender mejor esta figura.

El fraude de ley consiste en realizar una conducta aparentemente lícita, respaldada por la vigencia de una norma, pero que produce un resultado contrario o prohibido por alguna norma que sea fundamental en la regulación de una materia.

De forma literal, el artículo 6.4 del Código Civil dice: “Los actos realizados al amparo del texto de una norma jurídica que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiera tratado de eludir”.

Fraude de ley.

De la redacción de este artículo, que se introdujo en el Código Civil en la reforma realizada en 1974, se extraen, por tanto, unos requisitos para considerar que se está incurriendo en fraude de ley:

  • Debe realizarse un acto jurídico, no es suficiente la intención, al amparo de una norma vigente.
  • La norma jurídica que se utiliza como cobertura tiene un fin concreto, distinto del de la norma que se pretende eludir.
  • La acción que realiza tiene como resultado una situación prohibida o contraria a alguna norma del ordenamiento.

Por tanto, un negocio o acción que se realiza en fraude de ley supone que se ha utilizado una norma como ‘cobertura’ o ‘enmascaramiento’ de una situación con el objetivo de evitar un resultado concreto, el de la norma que se debe aplicar a ese caso.

Efectos del fraude de ley

Como indica el propio Código Civil, que un acto jurídico se haya realizado en fraude de ley no va a impedir “la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir”. El principal efecto al determinar que un acto se ha realizado en fraude de ley es que se revertirá la supuesta cobertura de la norma que se ha utilizado como ‘disfraz’, pudiendo establecer que un acto es nulo, y se somete a los preceptos que se pretendieron eludir.

Es decir, intentar eludir una norma no impide que despliegue sus efectos, por lo que en caso de que haya que cumplir con unos plazos para realizar pagos y no se haga —como podrían ser las cotizaciones de la Seguridad Social o los impuestos en el caso de la donación— podrán exigirse las cantidades no devengadas y los intereses correspondientes por la demora, además de las sanciones que correspondan.

Fraude de ley.

Ejemplos de fraude de ley

Un ejemplo común para explicar esta figura es el de los contratos de compraventa que esconden, en realidad, una donación. Una situación frecuente es la donación de propiedades o bienes inmuebles entre familiares.

Para realizar esa donación es necesario seguir unos pasos legales: el contrato de donación se debe otorgar ante notario y la operación devengará los impuestos que correspondan según el lugar donde radique el bien. Esto implica unos gastos económicos que quizá los familiares desean reducir y para ello eligen formalizar un contrato de compraventa, sujeto a otras reglas, por un importe muy inferior al que sería el precio de mercado de ese inmueble.

El contrato de compraventa se habría hecho en fraude de ley porque en realidad ese acto jurídico debe realizarse mediante una donación y asumir los costes de los gravámenes que corresponden. Al ‘disfrazar’ el acto jurídico de compraventa el donante de ese inmueble está incumpliendo la normativa fiscal correspondiente.

Otro ejemplo habitual de fraude de ley se produce en el ámbito laboral cuando las empresas optan por ampliar sus plantillas a través de la contratación de profesionales autónomos pero, en realidad, son trabajadores con contrato de trabajo por cuenta ajena dado el nivel de exclusividad y compromiso que mantienen con esa empresa. Esta figura se conoce como ‘falso autónomo’, pero la situación que se produce es de fraude de ley en la contratación porque lo que está haciendo el empresario es ahorrar los costes que imponen las normas laborales y de seguridad social para la contratación de empleados.

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