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En todos los sistemas legislativos participan perfiles de profesionales técnicos que asesoran y analizan el encaje de las políticas públicas en el conjunto de la sociedad.
Cuando se elabora una ley, el proceso parlamentario está muy claro: hay leyes orgánicas, ordinarias, reales decretos-leyes, decretos legislativos… y cada uno de ellos tiene su propio procedimiento y su recorrido en el sistema legislativo español. Pero, ¿qué ha ocurrido antes de que ese texto llegue incluso a la mesa del Consejo de Ministros? Los analistas de políticas públicas son uno de los profesionales que intervienen en ese proceso.
Podemos considerar políticas públicas de forma extensa a toda la normativa —cualquiera que sea su rango en el sistema legal— que ordena la administración pública y su relación con los ciudadanos. Desde una carta de Hacienda, hasta una multa de tráfico, pasando por cuestiones más importantes en el día a día de la vida pública: impuestos, ordenación del territorio, educación, sanidad, etc.
Detrás de cualquiera de estas decisiones de ordenación de la vida pública existen múltiples factores, tanto ideológicos como económicos, sistemáticos (dependiendo del sistema democrático o no en el que se enmarque la norma), coyunturales, sociales, políticos e incluso geoestratégicos.
Por eso, los legisladores están rodeados de profesionales como los analistas de políticas públicas, cuya función principal es asesorar en la toma de decisiones y la implementación de dichas políticas.
El analista de políticas públicas es un profesional del derecho, la economía o las ciencias políticas, con altos conocimientos técnicos y habilidades para orientar a los legisladores hacia las mejores soluciones desde el punto de vista técnico. Esto implica un conocimiento amplio del sistema legislativo del país o una parte de él.
Por ejemplo, a la hora de aprobar una reforma laboral, los técnicos del Ministerio de Trabajo analizan las nuevas normas que se van a llevar a cabo y estudian su viabilidad dentro del sistema de trabajo español al completo, teniendo en cuenta su encaje legislativo, su interacción con otras normas de mayor o menor rango, sus efectos en el mercado de trabajo, etc. Después, estos técnicos emiten un informe y exponen sus conclusiones que, en ocasiones, pueden tumbar por completo un impulso legislativo.
Funciones de un analista de políticas públicas
A lo largo del tiempo y la historia, las políticas públicas han ido cambiando y, con ello, el rol del analista. No solo por la diferencia de los regímenes en los que los analistas han trabajado siempre codo con codo con los legisladores, sino porque en el transcurso de los años se han utilizado múltiples enfoques para el análisis y metodologías de estudio, además de diferentes formas de entender el encaje de las políticas públicas en todo el sistema.
Hay que aclarar que, en el caso de España, el analista de políticas públicas suele participar desde el poder ejecutivo y no tanto desde el legislativo (esto es más función de un lobby), ya que colabora en la facultad que tienen los gobiernos de elaborar normas y políticas y no una vez que ha iniciado su trámite.
Por eso, más que conocer la tramitación parlamentaria debe saber cuáles son los procesos y procedimientos existentes en el ejecutivo (cómo entra un problema en agenda política, grupos de trabajo, comisión de subsecretarios y secretarios y, finalmente, consejo de ministros).
Además, un analista de políticas públicas es, en muchos casos, quien realiza la posterior evaluación (normalmente se les contrata para ello, no en las fases previas del ciclo), función que se vuelve a desarrollar en el ejecutivo y no en el legislativo.
A día de hoy, los analistas tienen en mente valores como la eficiencia, la minimización de los sistemas complejos actuales, los análisis de costes y beneficios, así como la flexibilidad normativa que permita adaptarse a los nuevos tiempos.
Cuando se encarga un análisis de este tipo, se llevan a estudio todos estos valores y, después, comienza el proceso de varios pasos:
- En él, el analista comparte sus conclusiones y realiza una función de persuasión hacia el legislador, para que entienda dichas conclusiones.
- Posteriormente, existe un proceso de deliberación y negociación, en el que se intenta encajar el enfoque político con el técnico para conseguir la vía más eficiente de la política pública que se esté llevando a análisis.
- El último paso es el de colaboración, en el que legislador y técnico analista materializan la mejor versión posible de la norma.
En España, estos puestos suelen ser perfiles de confianza dentro del sistema de democracia de partidos actual, aunque todos los ministerios, consejerías, etc. disponen de su propio cuerpo técnico legal especializado en su campo, muchos de los cuales han optado a dicha plaza de forma pública.
