El profesor Juan Ramón Liébana presenta el Manual sobre el Derecho europeo relativo al acceso a la justicia en una jornada donde los expertos han opinado sobre la creciente influencia de la jurisprudencia de la UE
El impacto de la tutela judicial europea es cada vez mayor en los sistemas legislativos de los Estados miembro. Buena prueba de ello son las recientes sentencias sobre las cláusulas suelo de las hipotecas o la equiparación de la indemnización de los contratos temporales con los fijos. Y en ello coincidieron también los diferentes ponentes que participaron en el Seminario sobre el impacto de la tutela judicial europea en el Derecho español que el miércoles se celebró en la sede madrileña de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).
La jornada, que contó con la presencia de la subsecretaria de Justicia, Áurea Roldán, del rector de UNIR, José María Vázquez García-Peñuela y el Vicerrector de Profesores y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y Humanidades de la universidad, Pedro Serna, sirvió para que el profesor adjunto de Derecho Procesal de la universidad, Juan Ramón Liébana, presentara el Manual sobre Derecho europeo relativo al acceso judicial que ha traducido al español.
Acompañado por Matylda Pogorzelska, de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), Liébana incidió en el “valor creativo” de las sentencias europeas, la modificación que la jurisprudencia hace del Derecho escrito y de las interpretaciones sobre ciertas normas y la sensibilidad de los tribunales europeos sobre los derechos fundamentales. Son algunas de las cuestiones clave del ordenamiento europeo que se recogen en dicho manual; toda una ayuda “para que los operadores jurídicos nacionales piensen en términos de la normativa europea”.
Situación esta que, en opinión de la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, no siempre se cumple. “Resulta llamativo que nuestros legisladores y el Tribunal Supremo parecen mostrar cierta resistencia a admitir que el Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE tienen un evidente perfil de protección de los derechos de los consumidores”, alertó. Ortega realizó estas declaraciones durante la clausura de la jornada y añadió que “admiramos la rapidez con que el TJUE resuelve las cuestiones prejudiciales planteadas” frente a la “cierta lentitud de nuestro sistema judicial”.
También valoró la labor de dicho tribunal puesto que, en su opinión, “con sus resoluciones constantes impone una corriente de renovación de los ordenamientos de los Estados miembro” e hizo un llamamiento a la necesidad de esperar a que “Luxemburgo se pronuncie para reconducir ciertas prácticas y normativas internas”. Por eso, abogó por “seguir incidiendo para que los distintos aplicadores del Derecho en España sean conscientes de la importancia de atender al Derecho europeo”.
Antes que ella, Áurea Roldán reconoció el “largo alcance” del impacto de la tutela judicial europea “porque modifica leyes” e incidió en la importancia de la preparación de este tipo de materias porque la normativa europea “es cada vez más vertiginosa y los primeros garantes del acceso a la justicia europea son los jueces y tribunales españoles”.
La sesión se completó con las conferencias del magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo de Urbano Castrillo, del socio del despacho de abogados Pérez-Llorca Abogados, Juan Rodríguez Cárcamo,y de la profesora titular de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid, Marina Cedeño. La docente relató que, en las múltiples cuestiones prejudiciales de nuestros tribunales nacionales, “el Tribunal de Justicia de la UE ha apreciado ciertas deficiencias por insuficiente protección ciudadana”. Es el caso de las cláusulas suelo hipotecarias, donde los recientes dictámenes judiciales europeos implican “una quiebra del modelo de ejecución hipotecaria diseñado por el legislador español”.
También reveló que el legislador español, “lejos de realizar una reforma en profundidad, las ha hecho parciales cuando el TJUE ha apreciado incompatibilidad entre el Derecho español y el normativo de la Unión Europea”. Y si bien reconoció que las sentencias del TJUE “no siempre son todo lo claras que deberían”, se mostró partidaria de “realizar una reforma en profundidad, ver lo que la normativa europea exige y qué no para, en función de eso, hacerla; los parches son malas soluciones”, concluyó.
