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Más corazón, innovación y diálogo para el Trabajo Social del siglo XXI

Expertos en intervención social hablan sobre las luces y sombras de tan necesaria profesión, así como de la solidaridad y del futuro del Estado del Bienestar, en una mesa redonda celebrada en UNIR

La suya es una profesión clave para ayudar a la población en general y a los más desfavorecidos en particular. Pero la evolución del Estado del Bienestar ha supuesto también cambios importantes para los trabajadores sociales, que si bien enfrentan una gran carga de trabajo y -en ocasiones- situaciones precarias, deben recuperar los valores y emociones propios de su profesión, impulsar la innovación y abrir cauces de diálogo. Son los principales retos de cara al siglo XXI que se extrajeron en la mesa redonda celebrada en UNIR con motivo de la celebración del Día Mundial del Trabajo Social, el pasado 23 de marzo.

La Universidad Internacional de La Rioja acogió un encuentro que, bajo el título de ‘Solidaridad y trabajo social’, reunió a profesionales y políticos de la Intervención Social con el objetivo de definir la situación actual y esbozar las necesidades a corto y medio plazo de la profesión. El primero en romper el hielo fue Manuel Herrera. El director académico de Relaciones Internacionales de UNIR y catedrático de Sociología advirtió de que “caminamos hacia un Estado del Bienestar mixto, que es la búsqueda de nuevos elementos de calidad y fórmulas de intervención”. Y en él, el rol del trabajador social resulta “clave; yo lo defino como un gestor de relaciones y agente de cambio inmerso en unas circunstancias en las que debe cambiar para empoderar a los ciudadanos”.

Pero fue Sebastián Mora, secretario general de Cáritas, quien realizó una certera y sincera radiografía de la situación. Para ello, se retrotrajo a los años 90 del siglo pasado y a la batalla conceptual “grande y no pacífica” que se produjo, en el ámbito de la filosofía del Derecho, entre los defensores de la ética de la justicia distributiva de carácter formal y los partidarios de la solidaridad, tachada de “neoasistencialismo que iba a romper un Estado del Bienestar nuevo en España, débil y conformado con complejidad”. “La solidaridad se contraponía a la justicia social y fue una batalla en términos políticos, intelectuales y de posicionamiento”, declaró.

¿Qué queda hoy en día de aquello? Tres aspectos clave. “Hemos perdido el nutriente de los valores y el trabajo social es una disciplina profesional que si expulsa los valores y la emotividad, está condenada”, advierte Mora. En segundo lugar, “la crisis de lo comunitario, el individualismo social y profesional nos hace caer en un trabajo social individualista y hay que generar nexos y vinculaciones”. Y por último, pero no menos importante, el universalismo lateral o construir justicia desde la injusticia, “desde las víctimas y los que están al margen; el trabajo social debe encontrarse con la periferia de la vida y la justicia sin compasión, solidaridad, emotividad y corazón no es justicia”. Las políticas migratorias, los refugiados o la pobreza y el desarrollo son buenos ejemplos de este necesario binomio.

El tesorero del Consejo General de Trabajo Social, Manuel Gutiérrez Pascual, recordó que la aspiración en los años ochenta era “construir el cuarto pilar del Estado del Bienestar y nuestro referente era el sistema educativo, el sanitario y las pensiones” y aportó que, en la cuestión de la solidaridad, el miedo de algunos trabajadores es que “no nos guíe el ‘buenismo’ porque podría quitar categoría”. Ha admitido que puede haberse dado una pérdida de valores y de la universalidad lateral y ha reclamado la importancia de una ley marco de servicios sociales a nivel estatal. “Con las autonomías ha habido disparidad de políticas y se ha acrecentado una disparidad brutal entre las comunidades en prestaciones y atención al ciudadano”, alertó y defendió que la crisis es un momento “catártico para decidir un nuevo modelo en el que hay que innovar y contar con los usuarios”.

También Pablo Gómez-Tavira, director general de servicios sociales de la Comunidad de Madrid, coincidió en que se necesita un modelo “más inclusivo, de mayor cohesión social, hay que pensar qué modelo tenemos para dar cobertura a las necesidades de las personas y ser eficaces”. Reconoció que se recupera empleo pero que la “terrible” presión fiscal, la subida de impuestos y el repunte de la inflación no mejoran la calidad de vida de las familias y alertó sobre que la crisis “nos ha hecho insolidarios y egoístas y hemos sobredimensionado la pobreza que tenemos en España; aquí hay malnutrición, no hambre”. Defendió el trabajo común entre el sector público y el privado y quiso dejar claro que la lucha contra la pobreza no es solo tarea de los servicios sociales, sino también de empleo, sanidad y educación para “hacer políticas inclusivas que activen a las personas hacia el empleo y ser creativos e innovadores”. También apuntó a las nuevas tecnologías para ayudar a los trabajadores “que se pasan el día tramitando papeleo” y por eso, desde la Comunidad de Madrid “pensamos en crear un expediente social único”.

Alberto Reyero, diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid y portavoz de la comisión de Políticas Sociales y Familia, se mostró partidario de que el sistema de garantía de ingreso de renta mínima esté activado a la búsqueda activa de empleo porque “si una persona me pidiera consejo diría que no cogiera un trabajo porque a veces son cosas de uno o dos meses y eso interrumpe la percepción de renta mínima, eso hay que trabajarlo”.  Por su parte, la concejala del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Erika Rodríguez Pinzón, alabó la “vocación y compromiso” de los trabajadores sociales que son los que sacan adelante los proyectos pese a las “dificultades y errores que tengan”. Y, si bien reconoció lo insolidario que la crisis ha hecho “el discurso político”, reconoció que el tejido social no es egoísta, “al contrario”, y destacó la prioridad de construir “cauces para el diálogo, con las personas en atención en servicios sociales y los beneficiarios”.

Los valores que destacara Sebastián Mora los sacó también a colación Mercedes Valcárcel. Si bien la directora de la Fundación Tomillo consideró que deben tenerlos todas las profesiones, también resaltó el hecho de que la intervención debe afectar “a las comunidades de las personas con las que trabajamos” y apuntó a la gestión como factor clave “para definir buenos modelos que eviten cronificar situaciones”. Mientras que la responsable de Servicios Sociales de UGT, Eva López Simón, puso el acento en la situación de los trabajadores sociales “con salarios míseros y no es solución el número de puestos creados si son tan precarios”. La sindicalista indicó que el objetivo último debería ser “que la renta mínima de inserción no haga falta” y añadió que el Trabajo Social no es solo la pobreza, sino que también “es la soledad y la inmigración, entre otras cosas”.

En su misma línea Rubén Herranz, adjunto a la secretaría confederal de protección social y políticas públicas de CC.OO, puso el dedo en la llaga al denunciar la “precarización” del sector y reclamó que “la buena atención al ciudadano pasa por unas buenas condiciones laborales. Equipos profesionales a los que la concejala del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid, Beatriz Elorriaga, alabó “porque saben lo que hacen” y reclamó que no haya plantillas “insuficientes porque no dan abasto y, el ver que no llegan genera estrés y falta de autoestima en los profesionales”. Además, consideró que la colaboración pública-privada “debe existir” y recordó que la crisis “más profunda de los últimos cuarenta años ha repercutido en ámbitos sociales y ha habido que hacer frente a nuevas necesidades”.

Así lo reconoció también Rosario Cayuela. La directora del departamento de políticas sociales de la Presidencia de Gobierno puso el foco en los jóvenes y la gente con baja cualificación y advirtió de que “nos enfrentamos a un mundo con desafíos y necesidades distintas y debemos adaptarnos”. Puso como ejemplo el envejecimiento de la población y, en ese sentido, Aurelio López Barajas, consejero delegado de Super Cuidadores (UNIR), señaló la oportunidad de empleo que implica. Pero, para ello, se necesita invertir en formación para “profesionalizar esos empleos y garantizar los servicios de calidad que deben tener las personas mayores y los dependientes”.

La principal nota de solidaridad corrió a cargo de Clara Pardo Gil, presidenta de Manos Unidas. Durante su intervención presentó la labor de esta ONG de desarrollo de la Iglesia que nació en 1959 y que actualmente cuenta con más de 5.000 voluntarios para desarrollar sus tres grandes pilares: austeridad, servicio a los demás y transparencia. Con sus ingresos, de los cuales el 85% proviene de la sociedad civil, trabajan una doble vertiente. En España, para sensibilizar a la población sobre el hambre y sus causas y en África, Asia y Latinoamérica para, a través de sus socios locales, desarrollar proyectos sanitarios o educativos que solucionen las respectivas necesidades. “Todos debemos ser responsables de todos y no permanecer indiferentes a la situación del mundo; la solidaridad es una virtud moral”, concluyó.

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